El 15 de septiembre del 2014 Grupo México creó un fideicomiso junto al gobierno federal para responder a los afectados y remediar la zona contaminada, el cual extinguieron el 2 de febrero del 2017. (ESPECIAL)
Este 6 de agosto expira un convenio entre la Cofepris y Grupo México para dar seguimiento y atención a 381 personas reconocidas como afectadas por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales venenosos a los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la mina Buenavista del Cobre.
Julio Salvador Sánchez Tepoz firmó el documento como Comisionado Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por las empresas denominadas Buenavista del Cobre S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A. de C.V., Alejo Francisco Manzo Díaz y Juan José Cervantes Silva, como representantes legales.
En el antecedente del acuerdo se establece que con fecha del 15 de septiembre del 2014, "las empresas" conjuntamente con Nacional Financiera S.N.C. e I.B.D y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, celebraron un contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración, número 80724, cuya finalidad general es de servir por instrucciones del Comité Técnico como fuente y medio de pago para llevar a cabo distintas acciones que se establecen en los términos de dicho fideicomiso…".
El compromiso fue realizar las acciones relativas y necesarias a fin de mantener en operación una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS) en el municipio de Ures, Sonora, contando para ello con un inmueble específicamente acondicionado para tal efecto, obligándose a ejecutar bajo su cargo las actividades para su costeo y mantenimiento.
No obstante el plazo perentorio para este acuerdo es el 6 de agosto del 2019, pudiendo darlo por concluido por escrito antes en caso de haberse agotado y cumplido el objeto del presente instrumento, o bien, prorrogarse por acuerdo escrito por las partes, considerando las necesidades de salud.
De acuerdo al convenio en caso de prórroga se debió establecer una reunión del Consejo Técnico, con cinco días hábiles de anticipación. En entrevista, Joel López Villa Gómez, director del UVEAS en el municipio de Ures, dijo: "Ese término de los 15 años ya no lo tenemos establecido, como inicialmente así fue pactado, o avizorado, el termino está próximo a vencer".
"Yo no quiero descartar aquellas personas que crean o que sientan algún malestar a su salud provocado por la ingesta de agua, pero no olvidemos que los pozos que fueron cerrados en su momento por la Cofepris o la Coesprisson, no dudo que exista gente que se considere que sienta que tiene una afectación, yo lo que hago es atenderles".
"Todos esos pozos se suspendieron, se estuvieron monitoreando y se aperturaron cuando se autorizó para ingesta humana y se supone que en ese momento estaban los niveles normales. Las 381 personas sujetas a vigilancia epidemiológica fueron detectadas en el periodo de contingencia de agosto al 6 de octubre del 2014. Hasta esa fecha se reconoció a personas afectadas por la contaminación. De éstas, 102 son de Ures; Aconchi, 71; Baviácora, 66; Arizpe, 58; Banámichi, 39; Huépac, 12; San Felipe de Jesús, 9.
De este número de personas reconocidas como afectadas por la contaminación, a las cuales se les ha atendido en el UVEAS, nueve han fallecido por diferentes causas, no atribuibles a la contaminación en el río Sonora, dijo. El derrame en el río Sonora el 6 de agosto del 2014, una ruptura en una las válvulas de una pileta de lixiviados hizo derramar a los cauces de los ríos Sonora y Bacanuchi, 40 millones de litros de sustancias tóxicas como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso, plomo y otras, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas y de salud.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito que abastece de agua a gran parte de los habitantes de Hermosillo, la capital de Sonora. Más de 23 mil personas de los municipios de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Baviácora, Aconchi y Ures, fueron reconocidas como afectadas tanto por Grupo México como del gobierno, quienes operaron un fideicomiso con el que se resarcirían daños, pero no sucedió.
El 15 de septiembre del 2014 Grupo México creó un fideicomiso junto al gobierno federal para responder a los afectados y remediar la zona contaminada, el cual extinguieron el 2 de febrero del 2017. En las acciones que se realizarían en ese fideicomiso estaba la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS), que operaría hasta el 2029, pero la obra fue abandonada.
