En realidad, la migración irregular es resultado de una debilidad institucional. La condición migratoria irregular constituye una forma de vulnerabilidad, no de amenaza. Para empezar, la persona que quiere emigrar y decide hacerlo de manera irregular, se expone a ser víctima de traficantes y tratantes, los cuales sí son delincuentes y se entremezclan con migrantes y refugiados. Estos últimos, además, rara vez tienen acceso a la protección de sus derechos humanos que los Estados están obligados a otorgar a todas las personas, sin excepción.
Pero reconocer las vulnerabilidades inherentes a la irregularidad migratoria no es sinónimo de promover un mal llamado derecho a migrar o, peor aún, la desaparición de fronteras. La clave del problema radica, desde la perspectiva multilateral, en atender efectivamente las causas que originan los movimientos migratorios irregulares, mediante programas, acciones y herramientas sustentadas en apego al derecho internacional, a las soberanías nacionales y a las mejores prácticas desarrolladas en diferentes contextos.
En el caso de nuestro país, la ONU, a través de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), junto con la Cancillería, ha impulsado el Plan para el Desarrollo Integral (PDI) de tres países centroamericanos (El Salvador, Honduras y Guatemala) y el sur de México. El proyecto ha dejado debidamente documentado que el flujo migratorio proveniente de Centroamérica obedece, ante todo, a la falta de oportunidades económicas, la desigualdad social, la violencia en sus diversas modalidades y al legítimo deseo de lograr una reunificación familiar. En los mencionados países, se incorporan (en teoría) a la población económicamente activa, más de 360 mil jóvenes cada año. Sin embargo, sus economías únicamente generan 120 mil empleos nuevos, es decir, una tercera parte. Esta falta de oportunidades representa la principal motivación de los jóvenes para migrar. Un atractivo adicional es la diferencia en el salario mínimo, que resulta ser 10 veces superior en los Estados Unidos.
Sin duda, la gran aportación de la ONU en los últimos años es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Una de sus metas es, precisamente, que la migración sea "segura, ordenada y regular a través de políticas migratorias bien gestionadas". El reto es mayor. Muchos países, México incluido, saben bien que los migrantes pueden ser agentes del desarrollo sostenible. No hay que olvidar que alrededor de 3% de nuestro PIB es conformado por remesas. A nivel global las remesas representan únicamente 15% de las ganancias de los migrantes. Es decir, 85% de las ganancias de una persona migrante permanecen en el país de destino. Puede haber un importante incentivo fiscal con consecuencias socialmente benéficas, si se incorporan las personas migrantes a la economía formal.
De las palabras a la acción. Un riesgo inherente a los procesos parlamentarios, sean locales, regionales o globales, es que los acuerdos alcanzados se queden en el papel. En el caso de los acuerdos multilaterales, pasar a la acción requiere no solamente voluntad política a nivel nacional, sino el acompañamiento y apoyo de agencias especializadas y de fondos para su ejecución.
En este sentido el PDI representa el primer esfuerzo subregional en el mundo para aplicar las mejores prácticas internacionales de migración, según los lineamientos del PPM. Además de contemplar todo el ciclo migratorio, en su esencia, trata de reducir los factores adversos y las condiciones estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen.
No hay fórmulas para eliminar la movilidad humana transfronteriza, pero sí se cuenta cada vez con más evidencia que sugiere que el fenómeno se debe atender con un enfoque integral. El primer paso es lograr que la cooperación internacional sea la norma y no la excepción. Vincular el desarrollo del sureste de México con el bienestar y el crecimiento sostenible del norte de Centroamérica representa un cambio de paradigma que conceptualiza a la interdependencia como potencial solución de las deficiencias estructurales compartidas.
El segundo paso para lograr resultados exitosos es el acompañamiento de los organismos internacionales y las alianzas estratégicas. Con la participación de la nueva Red de las Naciones Unidas para la Migración se puede coordinar a las diversas agendas, fondos y programas de la ONU que se han comprometido a cooperar y brindar asistencia técnica. Se ha creado también un Fondo Fiduciario que administra la OIM, con pocos recursos aún, pero han surgido ya algunos países donantes. Algunos de esos recursos pueden canalizarse al PDI. Desde luego, todos estos esquemas de financiamiento deben someterse a rigurosos criterios de transparencia, rendición de cuentas y políticas basadas en evidencias. El reto del multilateralismo radica, pues, en desarrollar formas innovadoras para hacer que el trabajo en el terreno sea relevante para las personas.
Trascender los discursos y los posicionamientos diplomáticos implica el compromiso de llevar los planteamientos conceptuales a la acción. Cierto, las aportaciones de la ONU para México y Centroamérica en este complejo tema deberán traducirse en resultados concretos que demuestren el valor agregado de las soluciones multilaterales apegadas al derecho internacional, a nuestros principios de política exterior y los legítimos intereses nacionales. Todos ellos son también argumentos persuasivos para primero convencer y luego comprometer a los Estados Unidos para que colabore con el PDI. A todos nos conviene. Demostrar que los instrumentos multilaterales como el PMM se pueden adaptar y aplicar en el terreno representa también un gran impulso a favor de nuevas iniciativas y un rechazo a las amenazas y a las medidas coercitivas unilaterales.
En suma, el multilateralismo opta por los canales del diálogo, la cooperación y el entendimiento, no por la amenaza, la sumisión y menos aún la confrontación. Representa la vía idónea para atender los desafíos complejos de nuestros tiempos, como lo es la migración irregular. La migración debe ser opción de vida y no una necesidad que obligue a abandonar el país de origen. Como es natural, en estos temas los países tienen desacuerdos, políticas contrastantes y disímbolas. ¿Cómo acercarlas si no es por la vía del diálogo y la discusión colegiada? ¿Acaso será con invasiones, con aranceles?
El multilateralismo da la bienvenida a la diversidad de voces en esta y otras materias de relevancia global. Es el espacio más civilizado para defender la soberanía nacional, cooperando con otros Estados soberanos. Ni sometimiento ni sumisión. Es cuestión de enfoques: percibir a los millones de migrantes irregulares y a los miles de refugiados como una amenaza para la paz y la seguridad internas, o como una oportunidad para que se incorporen a los planes nacionales de un desarrollo sostenible.
Hay que reconocer que hoy México enfrenta obstáculos que difícilmente podrá superar por sí mismo. La migración es uno de ellos. En materia migratoria, ningún país puede gestionar efectivamente el fenómeno sin la cooperación de otros. La ONU ofrece un singular mapa de ruta para el desarrollo sostenible negociado por 193 países: la Agenda 2030. Al incluir en el contexto del análisis migratorio global los instrumentos arriba mencionados desarrollados por la ONU, se tienen referentes jurídicos, conceptuales y pragmáticos con un enfoque humanista y respetuoso de los derechos humanos para atender un fenómeno creciente y muy complejo: la migración en los tiempos actuales, y en los que vendrán.
