Las resistencias al tema migratorio en el ámbito de Naciones Unidas se deben, en buena medida, a la naturaleza conflictiva y politizada de los movimientos migratorios.
Ante problemas complejos y multidimensionales, particularmente aquellos que trascienden las fronteras nacionales, los gobiernos tienden a voltear hacia el multilateralismo en la búsqueda de soluciones. Con todos sus claroscuros, la ONU -principal foro mundial del multilateralismo- ha alcanzado metas ambiciosas y propuestas de política pública en muchos temas. Sus resoluciones, acuerdos y marcos cooperativos cubren desde el desarme nuclear hasta el cambio climático. No obstante, el tema de la migración internacional, históricamente, ha enfrentado una serie de obstáculos cuando se aborda en los foros multilaterales. Lo acabamos de constatar una vez más hace algunos días, en la Asamblea General. Aún hubo algunos países que se opusieron a que el tema fuera revisado periódicamente para analizar los alcances y las limitaciones del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) aprobado el año pasado. Si bien es cierto que fueron ampliamente superados, tanto en votos como en argumentos, también lo es que la impresión que dejan algunos de ellos es que no cederán. Al menos no mientras subsistan el sentimiento xenófobo y los rendimientos electorales que la manipulación del tema ha mostrado.
El tema que muchos quieren eludir. Aparte de quienes solicitan refugio, asunto que cuenta con una sólida infraestructura anclada en la Convención de l951 y en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes no caen en este supuesto no reciben la atención que merecen. A nivel mundial hay aproximadamente 258 millones de personas migrantes. Sin embargo, la Convención de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de 1990 entró en vigor hasta 2003 y tiene escasas 54 ratificaciones. México la firmó en 1991. Ninguna de ellas corresponde a países de mayor destino. Finalmente la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) no formaba parte del sistema ONU sino hasta 2016. Era una agencia de gestión que actuaba con base en proyectos. Sus recursos siguen siendo limitados y algunas de sus actividades son controvertidas.
Las resistencias al tema migratorio en el ámbito de Naciones Unidas se deben, en buena medida, a la naturaleza conflictiva y politizada de los movimientos migratorios en todas partes del mundo. No fue sino hasta 2015, como resultado de las tragedias en el Mar Mediterráneo y las que acompañaron al éxodo de flujos de migrantes y refugiados del Medio Oriente y el Norte de África, que se generaron las condiciones que obligaron a revisar el tema de la migración en la ONU. Es de lamentar que fuera necesaria una crisis de tales dimensiones para que se abriera la puerta al diálogo en la materia. Pero así fue.
El primer resultado se concretó al año siguiente, en 2016, con la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes. Este texto detonó dos procesos de negociación que culminaron en sendos "pactos mundiales": el primero sobre refugiados y el segundo para una migración segura, ordenada y regular. Este último fue adoptado por una Conferencia Intergubernamental en Marrakech, en diciembre de 2018, y representa el primer acuerdo negociado bajo los auspicios de la ONU, cuyo propósito es atender el tema migratorio en todas sus dimensiones.
¿Por qué un Pacto? La Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares tardaron muchos años en negociarse y, es evidente, que no resulta de interés para la mayoría de países más desarrollados. La realidad geopolítica contemporánea se caracteriza por la cautela y la reticencia a aprobar instrumentos jurídicamente vinculantes. Esto obliga a buscar otras soluciones, cuando se está frente a problemas apremiantes que requieren la generación de alternativas. Tal es el caso de la migración irregular. Además está claro que conformarse con declaraciones políticas que se negocian en los foros multilaterales tiene una utilidad limitada. Se trata de que tengan consecuencias en la vida real. Finalmente la diversidad de marcos jurídicos nacionales y el ascenso de gobiernos que le apuestan a los nacionalismos excluyentes y a las supremacías raciales hace impensable, por lo pronto, la pretensión de acordar un tratado o convención internacional en la materia.
Ante tal escenario, algunos gobiernos optaron por una tercera vía más pragmática: un documento claro que pudiera tener un impacto en el terreno y que, aun cuando no fuera jurídicamente vinculante, pudiera ser un marco de referencia para los intereses legítimos de los Estados, de los propios migrantes y de las comunidades, tanto de origen, como de tránsito y de destino.
Un objetivo de esta naturaleza trasciende a los gobiernos, pues requiere de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, los sindicatos, de organismos internacionales y de las diásporas, entre otras partes interesadas. Así surgió el PMM, un marco cooperativo con 23 objetivos que no impone nada a nadie, pero que sienta las bases para que la migración deje de ser un problema insoluble y se convierta en un fenómeno que pueda gestionarse. Es decir, el Pacto es más que una declaración de la ONU, pero menos que una convención o tratado, pues no establece derechos u obligaciones. La idea de gestión es, en sí misma, conciliadora y, sobre todo, más realista.
¿Qué aporta el multilateralismo al problema migratorio en México? Los datos duros muestran que México es país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Más claro y más complejo, imposible. Hay 12 millones de mexicanos viviendo fuera de nuestras fronteras, la enorme mayoría en Estados Unidos. Por lo menos 400 mil personas transitan por el país cada año, según aproximaciones de la OIM. Hay ya más de un millón de extranjeros viviendo permanentemente en México y su tasa de crecimiento se ha incrementado en los últimos años. Simultáneamente, hay más mexicanos regresando (ya sea de manera voluntaria o forzada) de los Estados Unidos a México que aquellos que emigran hacia allá. Sin embargo, en muchos sectores, en el colectivo imaginario, en la opinión pública, se sigue percibiendo al país, ante todo, como emisor de migrantes, aunque ya no lo es. Suele ocurrir: las realidades cambian antes que las percepciones colectivas.
Conviene señalar que los espacios multilaterales proveen un espacio de acercamiento y de entendimiento con base en datos y evidencias, no en perjuicios y dogmas. Gracias a ello se ha podido reconocer, por ejemplo, que las añejas clasificaciones de origen, tránsito y destino son, en buena medida, divisiones artificiales. En mayor o menor grado, la mayoría de los países enfrentan el ciclo migratorio de manera integral, es decir, tienen que lidiar simultáneamente con flujos de inmigrantes y emigrantes. Tal reconocimiento no es asunto menor. La perspectiva multilateral del problema nos permite concebirlo de una manera distinta que, para empezar, nos obliga a ser congruentes en el trato que exigimos para nuestros emigrantes en el exterior y nuestro comportamiento con los inmigrantes en nuestro territorio. Una asignatura pendiente de México desde hace décadas.
Es difícil imaginar un mejor lugar para el análisis riguroso y la búsqueda de alternativas para una gestión efectiva de la migración irregular que el que ofrece el multilateralismo, el que potencialmente propician los diversos espacios de las Naciones Unidas. Por otro lado, preocupa constatar una y otra vez que, tanto en los discursos políticos como en muchos espacios de "opinión", se refieren al tema como una amenaza a la seguridad nacional e incluso hasta como una violación a la soberanía. Esto último se ha vuelto viral en las redes sociales. Cuidado. Es el germen de la polarización y del discurso del odio.
