En el caso de Baja California, aclaró, no hay una falta de funcionamiento o violaciones generales de los tres poderes del Estado. (ARCHIVO)
El Senado de la República realiza un análisis jurídico sobre la reforma constitucional del estado de Baja California que amplía de dos a cinco años el periodo de mandato del próximo gobierno, que encabezará Jaime Bonilla Valdez, para determinar cómo se atenderá el caso, afirmó Martí Batres.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado precisó que se encargó el estudio a varias áreas jurídicas para conocer cómo "responder a los debates internos o externos que se puedan suscitar".
Explicó que hasta el momento, con apoyo de la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva y de la Consultoría Jurídica del Senado, no han encontrado algún elemento firme que permita decir que el Senado o el propio Congreso pueden intervenir de tal o cual manera.
Por ejemplo, argumentó, para poder interponer las acciones de inconstitucionalidad de los actores políticos e incluso de ciudadanos de esa entidad, primero se tiene que publicar el decreto en los órganos oficiales del estado de Baja California.
Otro recurso es una controversia constitucional, pero no hay elementos para interponerla. "La controversia se plantea cuando hay una invasión de facultades. Es decir, cuando a un órgano le toca tomar una decisión y otro órgano se mete, asume, toma decisiones en su lugar".
Con la reforma constitucional de Baja California, "no están invadiendo nuestras atribuciones, por lo tanto, no vemos materia para controversia", aseguró el legislador.
Sobre la acción de inconstitucionalidad que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comentó que el Senado no está considerado entre los actores que pueden presentar una en el terreno local.
Quienes pueden hacerlo son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un porcentaje de los legisladores locales; las mesas directivas de los partidos políticos y la Consejería Jurídica del gobierno federal; en el terreno de la procuración de justicia, puede intervenir la Fiscalía General de la República.
"Es decir, el Congreso no puede presentar acciones de inconstitucionalidad en materia local, por lo tanto, también no se ve claro que tengamos esa ruta", expuso el legislador por Morena.
Con relación a la desaparición de poderes, Batres Guadarrama indicó que es un juicio que se interpone ante la Cámara de Diputados, y ocurre o debe ocurrir cuando no estén funcionando los tres poderes de un estado o se encuentren violaciones graves a la Constitución de esos poderes.
En el caso de Baja California, aclaró, no hay una falta de funcionamiento o violaciones generales de los tres poderes del Estado, se está cuestionando solamente a uno de ellos, que es el Congreso local.
"En las consultas que hemos hecho, tampoco queda claro que se pueda establecer la desaparición de poderes".
Por ello, reiteró que el Senado "sigue analizando, pero hasta el momento son los análisis que nos han presentado. Ahora bien, hay otros recursos que se han mencionado: el juicio político. Tiene que haber una denuncia de juicio político, ésta se interpone ante la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados actúa como jurado de acusación y el Senado actúa como jurado de sentencia".
Martí Batres
indicó que el Senado:
*Encargó el estudio a varias áreas jurídicas para conocer cómo "responder a los debates internos o externos que se puedan suscitar".
*No han encontrado algún elemento firme que permita decir que el Senado o el propio Congreso pueden intervenir de tal o cual manera.
*Otro recurso es una controversia constitucional.
