En Coahuila el respeto de los Derechos Humanos, y la posibilidad de que el Estado como tal garantice su goce pleno, es asignatura pendiente. Así lo demuestran las recientes declaraciones del gobernador Miguel Riquelme en un acto conmemorativo de la Masacre de Allende, cuyo memorial tuvo lugar la semana pasada en la plaza pública de Allende, Coahuila, cabecera del municipio del mismo nombre
La Masacre de Allende ocurrió entre los días del 18 al 20 de marzo de 2011, con resultado de cuarenta y dos muertos reconocidos por las cifras oficiales y muchos más, según los colectivos nacionales e internacionales que piden justicia. Lo peor es que los hechos objeto de comentario no se dieron como un acontecimiento aislado, sino que fueron el resultado de una escalada de violencia en contra del pueblo de Coahuila que, gracias a investigaciones realizadas en Estados Unidos, se ha venido a saber que tuvo su origen en una alianza del crimen organizado con el Gobierno del estado, durante el sexenio de Humberto Moreira.
Los hechos referidos constituyen antecedentes del desagravio mencionado con anterioridad, en el que para el efecto de ofrecer una disculpa pública a las víctimas de la masacre y sus familiares, participaron los tres niveles de gobierno, con la presencia del aludido Gobernador de Coahuila, e interviniendo a nombre del Gobierno federal, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas.
Llama la atención el discurso del gobernador Miguel Riquelme, porque en una parte de su disertación enfatiza que las familias de las víctimas que sufrieron los daños son las "únicas legitimadas" para exigir al Estado la responsabilidad derivada de la violación de los derechos humanos inherente a la masacre, lo que constituye una apreciación equivocada, habida cuenta que una matanza de esa naturaleza, al constituir un crimen de lesa humanidad, afecta a los coahuilenses y mexicanos en general, e incluso a todos los integrantes de la raza humana.
El discurso cuestionado tiene un sentido reduccionista de apropiación de la causa de que se trata, como si el Gobierno que preside el mandatario coahuilense se quisiera adueñar del control del correspondiente reclamo de justicia, que ha trascendido fuera de las fronteras nacionales, precisamente por la naturaleza y gravedad de los hechos objeto de conmemoración que como tales, no son patrimonio particular de nadie como pretende Riquelme
La visión miope del Gobierno de Riquelme, y su insistencia en considerar el tema como asunto particular, cuando es un tópico de interés general y de enorme trascendencia, se pone de manifiesto cuando dice que "las autoridades les fallaron a las víctimas porque... el estado no les brindó la seguridad para proteger su vida e integridad...". Acierta en cambio el gobernador, cuando reconoce en su discurso, que todavía existen a cargo del Estado, deberes incumplidos de justicia, verdad, reparación y no repetición, cuyos deberes corresponden al Gobierno al que representa y preside.
La actitud del gobernador de Coahuila preocupa, porque justo la semana pasada se renovó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos como organismo autónomo del nivel local de gobierno, lo que desde luego implica una renovación del compromiso del Estado con la obligación que le es propia, en el sentido de garantizar el goce de los derechos fundamentales de la persona. Lo anterior no solo respecto de las víctimas y de sus familiares directos o indirectos, sino con la comunidad coahuilense en su conjunto en el caso de Allende y en cualquiera otro caso semejante.
En Coahuila todos los ciudadanos sin excepción, estamos legitimados para exigir al Gobierno de Riquelme la investigación de los hechos que culminaron en la Masacre de Allende, porque todos hemos resultado agraviados en nuestro derecho a disfrutar de las garantías de legalidad y de seguridad jurídica que en favor de todos los mexicanos, reconoce la Constitución General de la República. La vigencia de tales garantías constitucionales, impone al Gobierno en sus tres niveles, la obligación de garantizar la paz social y el imperio del estado de derecho.
