El respeto a los contratos es uno de los cimientos fundamentales del estado de derecho y de una economía de mercado. Un contrato es una promesa. Una persona, una empresa o un gobierno que rompen sus contratos tendrán muchas dificultades para lograr otros acuerdos o inversiones.
Por eso preocupa tanto la actitud de la Comisión Federal de Electricidad y del gobierno de México de desconocer los contratos firmados con empresas que han construido gasoductos en el país con la confianza de que en México se respetan los contratos. Independientemente de las pérdidas que dejarán los gasoductos, el país sufrirá un daño moral enorme por violar acuerdos suscritos de buena fe.
El embajador canadiense Pierre Alarie expresó su preocupación en su ya famoso tweet en el que señaló que, a pesar de las declaraciones del presidente López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad "no desea respetar los contratos de gasoductos". El Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan fue concluido el 11 de junio por Infraestructura Marina del Golfo, propiedad de IEnova (filial de la estadounidense Sempra) y de TC Energy (antes TransCanada); pero la CFE, en lugar de emitir una constancia de aceptación de la operación comercial, dio inicio a un arbitraje para pedir la nulidad de varias cláusulas del contrato. De la misma manera, el 26 de junio la CFE promovió también un arbitraje contra Grupo Carso pidiendo la nulidad de varias cláusulas del contrato para la construcción y operación del gasoducto Samalayuca-Sásabe. Grupo Carso, empero, no tiene un embajador que lo defienda.
El presidente López Obrador ha señalado en varias ocasiones que los contratos firmados por la CFE con estas y otras empresas son "leoninos", pero las reglas las estableció la propia Comisión como requisito para la licitación. Las disposiciones, por otra parte, son bastante similares a las que se utilizan en otros lugares para este tipo de proyectos.
El problema del presidente es ideológico. Está convencido de que el gobierno debe hacerse cargo directamente de una amplia gama de actividades productivas. Por eso se niega a licitar nuevos contratos de petróleo o de electricidad y por eso entrega al Ejército la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y a la Marina las labores para impedir que el sargazo llegue a las costas de Quintana Roo. Su visión es estatista. Le molesta que los nuevos gasoductos sean operados por empresas privadas.
Nadie cuestiona a un presidente con un claro mandato de las urnas el afán de imponer su visión estatista en las nuevas obras, pero es muy peligroso revocar contratos no solo firmados sino completados o a punto de concluirse. El Gasoducto Marino requirió una inversión de 2,500 millones de dólares. El presidente no puede decir hoy que quiere cambiar las reglas del juego una vez que se han terminado los trabajos.
López Obrador ha declarado que "Se va a buscar que mediante la conciliación que se resuelva el problema [sic]". Buscar un arbitraje para anular el contrato, sin embargo, no es un acto de conciliación. Es verdad que, como afirmaba Maquiavelo, "A un príncipe nunca le faltan razones legítimas para violar una promesa", solo que violar contratos o promesas tiene costos elevados. Significa que quienes quieran invertir en México no tendrán ya la confianza de que un contrato firmado por una empresa gubernamental será respetado. Y si no hay confianza no habrá inversión, ni el país podrá crecer para generar empleos y prosperidad.
MEXICANA GLOBAL
Algunos quieren la autosuficiencia y le temen a la globalización. Mayra González prefiere enfrentar los retos del mercado abierto. Llevaba tres años como la primera mujer en presidir Nissan Mexicana, ahora se va a Japón como directora de ventas de Nissan Motor Company a nivel mundial.
Twitter: @SergioSarmiento
