Casos como el de Roberto Borge y Emilio Lozoya podrían no prosperar con la nueva medida. (ARCHIVO)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que la facultad de que el ministerio público federal acceda a información financiera y bancaria sin autorización de un juez, es inconstitucional. Con esto, casos como el del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya quedarán en riesgo de no prosperar.
El Pleno de la Corte determinó que esta facultad, contenida en la Ley de Instituciones de Crédito, y que permitía a la Fiscalía General de la República (FGR) sustentar sus acusaciones en información bancaria, viola el derecho a la vida privada.
Con esto la propuesta del ministro Eduardo Medina Mora fue desechada y ahora el mismo ponente deberá realizar un nuevo fallo conforme al criterio de la mayoría de seis integrantes del Pleno que votaron por declarar la fracción I del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Así, el Pleno de la Corte homologó el criterio con el emitido hace un año por la Primera Sala en el que se resolvió por mayoría de cuatro votos declarar inconstitucional dicho artículo.
Sin embargo, los ministros no alcanzaron a definir aún los efectos del criterio, tales como si es posible aplicarlo de manera retroactiva o no. Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, indicó que no es posible establecer que los derechos humanos tienen vigencia a partir de una fecha determinada.
"Estaríamos prejuzgando que a todas las personas a las que se han violado sus derechos, efectivamente son delincuentes", señaló.
Medios de circulación nacional informaron que desde que la Primera Sala emitió el criterio de inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, la FGR tuvo problemas para acudir ante los jueces a solicitar permiso para acceder a información bancaria o financiera porque la Corte no definió, en ese entonces, qué tipo de juez podía ser competente.
Por ello el pasado 15 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal determinó que los ministerios públicos deberán acudir al juez de control del Centro de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con sede en la Ciudad de México, para buscar su autorización en la realización de este tipo de diligencias.
