Ha cumplido ya un año de vigencia el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023, el correspondiente al actual gobierno de Coahuila. El acontecimiento hasta ahora ha pasado total y absolutamente inadvertido. Incluso en el Congreso local, donde no pocos colegas legisladores tienen la que parece una irrefrenable tendencia a usar la tribuna para recordar y aun festejar efemérides de todo tipo, algunas incluso insólitas y otras francamente exóticas.
No deja de sorprender que el grupo parlamentario priista y sus aliados, que tanto tienen, según dicen, que reconocer, festejar o felicitar al gobernador en turno y a algunos de sus funcionarios, incluido entre éstos el alcalde de Saltillo a quien frecuentemente echan incienso desde la tribuna del Congreso, desaprovechen tan inmejorable oportunidad política para reivindicar logros, si como dicen las cosas van de maravilla en Coahuila. Y lo harían además, se supone por tratarse del Plan Estatal de Desarrollo, con datos duros e información verídica y verificable.
Pero lo harían obviamente bajo el supuesto de que también tendrían que oír cuanto diga, opine y critique la oposición. Y ahí está el problema.
Pero sucede en Coahuila algo que es de llamar la atención. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito federal y en algunos otros estados del país, en los que el Poder Legislativo juega un papel verdaderamente importante en el proceso de planeación del desarrollo, en Coahuila la participación del Congreso local en esta materia es marginal.
La planeación en el ámbito federal dio inicio con la reforma a la Constitución General en el ya remoto diciembre de 1982. Fue a propuesta del entonces presidente Miguel de la Madrid, quizá influido porque el tema de su tesis de licenciatura en Derecho fue sobre el "capítulo económico" en la Constitución, capítulo en el que juega un papel preponderante lo relativo a la planeación. Por increíble que parezca, tanto la correspondiente reforma constitucional como la expedición de su respectiva ley denominada simplemente Ley de Planeación, ocurrió antes de que el sexenio de De la Madrid cumpliera sus primeros dos meses. Ley federal, por cierto, que permanece vigente hasta la fecha, aunque obviamente con no pocas reformas que a lo largo de más de 35 años se le han hecho.
No pasó lo mismo en Coahuila, pues tuvieron que pasar casi dos años para que lo relativo a la planeación económica y social quedara incorporado a la Constitución local del estado, y más todavía para que se aprobara una ley que la regulara, lo cual ocurrió hasta el 8 de septiembre de 1987, es decir, casi cinco años después de la reforma federal, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Planeación estatal, en tiempos del gobernador José de las Fuentes Rodríguez. Luego vino la ley de planeación de Moreira I, el 17 de marzo de 2009, y la de Moreira II el 9 de marzo de 2012.
¿Qué caracteriza a las tres leyes que Coahuila ha tenido en materia de planeación? Para decirlo de manera directa y en pocas palabras: la escasa, por no decir nula, participación del Congreso del Estado en el proceso de planeación, en muy notorio contraste con la Ley de Planeación federal, que desde siempre, y con mayor razón a partir de las últimas reformas constitucionales y legales, asignan a las Cámaras del Congreso de la Unión un papel muy importante, de verdad relevante y definitivo, en la medida en que los planes nacionales deben ser ya aprobados por el Poder Legislativo. En Coahuila, en esta materia, el Congreso es literalmente ninguneado.
Para opinar con justicia, cabe decir que en la Ley de Planeación impulsada por el gobernador De las Fuentes, el Congreso local sí tenía asignado, así fuera mínimo, algún papel en el proceso de planeación. No así en la ley propuesta por Moreira I, es decir, Humberto Moreira, al extremo de que su ley ni siquiera menciona al Congreso y naturalmente reserva todo lo relativo a la planeación estatal al Ejecutivo, es decir, a sí mismo, margina por completo al Legislativo.
Y lo más grave es que fue la propia legislatura local, en cada una de esas dos ocasiones, en los tiempos de ambos Moreira, la que aprobó la ley que en cada ocasión degradó y excluyó al Congreso. En Coahuila se ha llegado a los peores extremos por tener un legislativo postrado y humillado.
Lo anterior no puede ser y menos aún continuar. Se tiene que poner fin a este periodo de ignominia y sometimiento. Es urgente actualizar la legislación en materia de planeación, para ponerla al nivel de la federal y del que ya tienen otros estados. Pero sobre todo, cambiar de actitud. Es tiempo ya de que el Congreso rescate su categoría y dignidad de auténtico Poder.
