Preocupante. El presupuesto 2019 para Protección Ambiental cayó casi un tercio de lo asignado en 2018, ya que la reducción fue de 32%. Más aun, la protección ambiental ha tenido una caída de 53.1% desde el año 2013, siendo la función específica con mayor caída entre las que se destinan al gasto social.
Así, decenas de organizaciones y redes mexicanas conocidas como Espacio DESC -Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales-, firmaron el informe de 29 páginas que fue entregado el 5 de abril a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ciudad de México.
En él se afirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador carece de una agenda ambiental y se mantienen los problemas de gobiernos anteriores con relación a la falta de independencia en los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, porque la información viene del promovente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no tiene la capacidad de verificarla, además de que se hace después de la concesión, contrario a los estándares interamericanos que señalan que debe ser previa.
De esta manera, la falta de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social del Tren Maya, por ejemplo, es grave desde el momento en que se anuncia que las licitaciones están próximas, incumpliendo la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU contenidas en las Observaciones finales a México.
El párrafo 13 inciso b de tal recomendación, sugiere al Estado mexicano llevar a cabo estudios indepedientes sobre el impacto social y ambiental que pueden tener los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en los pueblos indígenas afectados, publique sus resultados y vele por que los acuerdos suscritos para llevar a cabo tales proyectos prevean medidas de mitigación de su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales, así como indemnizaciones suficientes para los pueblos indígenas afectados.
Constatan las organizaciones que el sector energético en México sigue privilegiando el uso de combustibles fósiles, a pesar de las implicaciones ambientales y conflictos socioambientales que lo anterior pudiera llegar a representar.
La política energética no incorpora de manera transversal aspectos fundamentales como los derechos humanos, el cambio climático, las energías renovables, la incorporación del costo generado por las externalidades ambientales, el patrimonio biocultural y el cuidado adecuado del medio ambiente en los procesos productivos de las actividades energéticas, confirma el informe.
Asímismo, advierte que tampoco se contemplan mecanismos para contabilizar, prevenir o minimizar los posibles impactos ambientales y sociales resultado de la generación y uso de la energía.
Cabe señalar que las personas defensoras de la tierra, territorio y ambiente sufren de continuas agresiones. Se han contabilizado 440 agresiones entre los años 2010 y 2018. Sólo en el último año fueron asesinadas 21 personas en México por defender tierra, medio ambiente y recursos naturales.
Ante la falta de agenda ambiental de la actual administración, las organizaciones del Espacio DESC recomiendan que el Estado mexicano pueda apostarle a garantizar el patrimonio biocultural e impulsar una transición energética justa.
Además, que dicha transición conlleve el respeto y garantía de los derechos humanos, a través de proyectos de energía renovable que no acaparen territorios de comunidades indígenas y locales, que puedan favorecer la cogeneración de energía y que garanticen la distribución a toda persona.
Pero, ¿qué hay en el fondo? ¿Por qué la administración AMLO, base de la denominada Cuarta Transformación o 4T, no tiene agenda ambiental? Las organizaciones perciben la continuidad del modelo de desarrollo extractivista y de la política de despojo a través de la imposición de megaproyectos.
Mencionan que a pesar de reconocer en su informe por los primeros 100 días de gobierno que la población votó mayoritariamente por un cambio de régimen y de política económica, la administración de López Obrador no está poniendo a debate el nuevo proyecto desarrollista, y muestra incapacidad de pensar el desarrollo de otra forma.
Como otro ejemplo, el lunes 29 de abril comenzarán las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía sin autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental.
@kardenche
