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EDITORIAL

Verdades y rumores

EL AGENTE 007
miércoles 24 de abril 2019, actualizada 10:55 am

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Todavía no acaba de consolidarse eso de la Cuarta Transformación y al parecer a quien le va a durar poco el gusto de ser el superdelegado del Gobierno federal en nuestra provincia es al expanista Reyes Flores, pues ya son muchas las voces en las oficinas federales que coinciden en que el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene los días contados. A don Reyes le dieron la oportunidad de ser el mandamás en Coahuila, sin embargo, la mayor parte de su tiempo la ocupa en atender las pequeñas grillas entre los que se agarran hasta del techo con tal de no perder el cheque federal, más que los problemas que se presentan en las delegaciones federales donde los conflictos crecen como la espuma; y para muestra solo basta dar un vistazo a Conagua, Migración, Sedesol, Medio Ambiente y hasta la Profeco. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, aseguran que ante tal situación y viendo el campo de oportunidad, el que está calentando el brazo es el también lagunero Javier Guerrero, de quien se dice pronto estará en Coahuila relevando a Reyes.

Don Javier tendrá entonces el momento de demostrar sus conocimientos políticos y se espera pueda levantar este paquete, que en los primeros meses de la administración del “cambio” no se ha reflejado con mejorías en las delegaciones federales de la entidad, que han ido en decadencia por el poco tacto del actual superdelegado, más preocupado por la rebatinga local que por los proyectos que a diario presume el presidente desde Palacio Nacional.

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No cabe duda de que cuando se trata de comprometer los servicios públicos, en cualquier municipio se cuecen habas. Nuestros subagentes, disfrazados de machotes de contrato, nos informan que en el edificio más caro de la Plaza Mayor “la mesa está servida” para que la bancada del blanquiazul dé luz verde al contrato por el servicio de limpieza de lotes baldíos en la ciudad, por la módica cantidad de 42 millones de pesillos anuales, mismos que saldrán de su bolsillo, estimado lector; sin embargo, esto pudiera resultar peccata minuta, pues nuestros subagentes infiltrados comentan que lo interesante en este asuntillo son los personajes que se encuentran detrás de la empresa “Círculo Recolector”, que ya está lista para operar, pues desde un principio fue elegida por los “interesados” en la realización de este tan anunciado proyecto, el cual, a pesar de ser rechazado en tres ocasiones por la Comisión de Servicios Públicos, fue presentado y presentado con harta insistencia hasta que finalmente será aprobado, para otorgarle las facultades a dicha empresa, dejando de manifiesto una vez más que los tan cacareados concursos de licitación no son más que de membrete, puesto que siempre impera el dedazo con quien se da el mejor “arreglo”. Y en este caso no es para menos, pues los subagentes señalan que quien está detrás de la empresa recolectora de escombros, a través de su brazo financiero Armando Valdés y otro personaje de nombre Guillermo del vecino estado de Durango, es nada más y nada menos que Lalo Zermeño, hijo del alcalde Jorge Zermeño, por lo que queda la gran duda de si será tanta la presión que ejerza Lalo sobre don Jorge como para cumplirle el capricho a su vástago, dejando a un lado los intereses de los torreonenses.

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Pues ahora resulta que al mejor estilo del cineasta Luis Estrada y su “Ley de Herodes”, a los ciudadanos de Torreón se les aplica el “te chin… o te jo…” por parte de los muchachos de don Primo García Cervantes, titular de Seguridad Pública Municipal, que tienen la consigna de detener “todo lo que se mueva”, lo que se ve reflejado en el aumento de 2 mil detenidos en el primer bimestre de 2019 contra los mil del mismo periodo del año pasado, que ingresan a la Cárcel Municipal, y para salir el que menos paga se tiene que bajar de mil 500 pesos como mínimo; ahí le encargamos las cuentas. Pero como si esto no fuera suficiente, ahora se “subió al barco” de las acusaciones contra los ciudadanos el mero mero de la Fiscalía General de Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien recién declaró sobre el caso de los cuatro menores detenidos por varios elementos de la Policía el pasado lunes 8 de abril, junto con otra docena de ciudadanos, familiares y amigos, todos de la colonia Bocanegra, quienes presentaron denuncia contra los aprehensores y ofrecieron videos como pruebas. Márquez Guevara asegura que sí se tiene que responder por los daños causados a las unidades de la Policía municipal, ya que dos de ellas chocaron entre sí y acabaron en pérdida total; pero lo que ninguna autoridad explica es el motivo de origen de la intervención de la flamante corporación local, que es el supuesto asalto a una gasolinera en Águila Nacional, pasadas las 4:00 de la madrugada. Nadie ha confirmado que exista denuncia; no han revelado el cuantioso monto, considerando que a esa hora no hay tanto flujo de efectivo, y entonces así justifican la actuación de los agentes que ni tardos ni perezosos detectaron a sus probables responsables cruzando el Diagonal Reforma en la colonia Bocanegra, cuando se terminaba una fiesta que dejó como saldo 15 detenciones solo por el delito de daños. Sin esas respuestas, no le extrañe, querido lector, que el día menos pensado durante la noche lo intercepte una patrulla de la Policía para investigar la probable comisión de un delito, y si se pone alegador, pase a contribuir a la alcancía del Ayuntamiento desde las frías celdas de la Colón.

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Donde parece que se empezaron a calentar las grillas, por decir lo menos, es en la Sala Regional del Poder Judicial del Estado, donde, comentan, algunos compañeros le están sugiriendo la jubilación anticipada al magistrado Jesús Sotomayor Garza, quien sin observancia alguna ha trabajado en el poder judicial desde tiempos inmemoriales, nuestros subagentes, disfrazados de actuarios, nos comentan que lo que buscan es que don Jesús deje su silla a las nuevas generaciones, y por más que le han sugerido a través de delicadas indirectas y sugestivas insinuaciones, el magistrado se niega a perder el control del tribunal en la región. La petición curiosamente se empata con la intención de jubilación que recién dio a conocer la titular del Poder Judicial en Coahuila, la magistrada Miriam Cárdenas, quien protagoniza por estos días un agarrón de padre y señor mío con la jueza Carlota Velázquez, en el que ambas se acusan de corrupción, tráfico de influencias y una serie de virtudes que dejaron con la boca abierta a quienes leyeron las acusaciones de la jueza coahuilense en el juicio de amparo que reposa en el Juzgado segundo de Distrito de la capirucha del adobe. El caso es que en los pasillos del poder judicial se escucha el nombre del magistrado influencer Miguel Mery como posible reemplazo, ante la ola de grillas que pide relevos generacionales.

Doña Miriam tampoco ha fijado postura respecto a la serie de acusaciones públicas que han lanzado algunos abogados litigantes, donde prevalece la ignorancia de las leyes, con el fin de crear falsas expectativas a las familias de las personas que enfrentan delitos como el homicidio o feminicidio. Tal es el caso de los recientes ataques ventilados en la incómoda prensa, donde se acusa a jueces de supuestos actos de corrupción, dejando de manifiesto un total desconocimiento del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral. Para muestra, el caso que expone un abogado defensor donde un menor de 16 años de edad está implicado en el feminicidio ocurrido en octubre del año pasado, donde el cuerpo de una joven de 19 años fue encontrado sin vida y con un golpe contuso en la cabeza en terrenos en brecha del fraccionamiento Senderos al norte de Torreón. La Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las normas internacionales de los Derechos de los Niños y las Niñas son claros al señalar que los involucrados en la procuración e impartición de justicia deben informar al menor sobre las medidas que lo beneficien en un proceso como la Terminación Anticipada y el Procedimiento Abreviado, por su simple condición de ser menor de edad. Donde la ley además marca que la pena máxima es de 5 años en un caso como el ya mencionado, pero la defensa argumenta recursos ajenos a la ley a fin de crear una expectativa alta en sus clientes y cobrar como ellos merecen.

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