En la apariencia, la semana quince del año fue una más. Pero no, lo ocurrido en ella será clave en el curso del acontecer nacional.
La trascendencia de lo sucedido rebasa con mucho el término del sexenio. Más allá de la voluntad de pretender hacer historia, lo acontecido reconfigura los términos del trabajo, la educación y la seguridad, capítulos fundamentales en cualquier país.
Esas decisiones modernizan las reglas del juego en el ámbito laboral, con efecto enorme en los sectores sindical y patronal; postergan la reforma educativa, sugiriendo elevar a rango de política una negra tradición; y sientan las bases de un modelo policial-militar que, de fallar, prolongará un estado de guerra no reconocido y marcado por sangre y dolor.
En esas resoluciones incidieron factores, compromisos y presiones externos e internos. De la madurez, mesura y sensatez, en suma, de la capacidad de asumir o resistir el cambio supuesto, dependerá el curso que pueda seguir la historia y, en ello, influirá el conjunto de los agentes involucrados en esos campos.
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Si los negociadores del nuevo tratado comercial con América del Norte calibraron el paso a la modernidad implícito en el compromiso laboral adquirido, ahora da lo mismo. Como haya sido, aceptaron modificar las condiciones y, con ello, dar una sacudida a los sectores sindical y patronal.
Al concluir la negociación no se reparó mayor cosa en el asunto. Moisés Kalach, negociador del sector privado (ver Entredichos, 7/09/18), destacó "un capítulo laboral un poco más agresivo". A su vez, el entonces secretario Ildefonso Guajardo (Entredichos, 5/10/18) señaló: "La gran diferencia de este acuerdo trilateral con el inicial es que, ahora, el capítulo ambiental y laboral son parte del acuerdo, antes eran paralelos. Había principios, pero no tenían dientes. Ahora van a tener dientes".
Entre ese compromiso y la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que reclaman libertad y democracia sindical, se dio un salto enorme en la vida al interior de los sindicatos y en la relación de estos con las empresas. Un salto que, según se dé, fijará el grado del sacudimiento.
A ver si dirigentes sindicales y empresarios cuentan con la madurez para reconocer que la cultura del corporativismo y los contratos suscritos a espaldas de los trabajadores no cabe en los acuerdos comerciales multilaterales.
Ahí se explica la presión de Nancy Pelosi, la lideresa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, urgiendo la reforma laboral si se quiere la ratificación del nuevo acuerdo comercial. Presión que terminó por apresurar la aprobación de la reforma en San Lázaro. La interrogante es qué tan bien hecha está la legislación, qué tan preparados están los sectores involucrados y qué tanta turbulencia habrá en el camino a la modernidad.
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Quizá es un simple ardid, pero ofrecer el pasado por futuro en materia educativa revela la tentación de cumplir un compromiso a costa de una política clave en el desarrollo del país y, a la vez, un cierto desdén por la legalidad.
Cancelar la nueva reforma educativa, abrogar la anterior y regresar al estadio prevaleciente antes de 2013 exige un procedimiento legislativo tanto o más complicado que los corridos. Además, implica renunciar al propósito de acabar con la corrupción. Avanzar al pasado supondría solaparla y, entonces, el mandatario está obligado a tomar una opción.
La postergación de la reforma educativa, el titubeo ante una porción del magisterio, así como la incapacidad para enriquecer la iniciativa oficial a partir de la propuesta de la oposición y contener al magisterio rebelde exponen una derrota. Un revés que, ojalá, sea temporal. Por lo pronto, mandar al cajón de los pendientes la reforma educativa habla de ello.
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La implementación de la Guardia Nacional está casi a punto. La reforma constitucional está lista, el mando establecido y las iniciativas de las leyes reglamentarias en proceso... así, se perfila una política de seguridad pública cuyo efecto trascenderá el sexenio y cuya instrumentación será apoyada, pero también observada, por Naciones Unidas.
La hibridez del nuevo órgano de seguridad genera dudas. Mejor hubiera sido reglamentar el artículo 29 constitucional (restricción y suspensión de derechos y garantías), dándole así un marco legal a la actuación del Ejército y la Marina, pero esa opción fue desechada. El grueso de los senadores y algunas agrupaciones aplaudieron al final las modificaciones hechas a la construcción de la Guardia Nacional, mismas que hoy echan de menos.
La administración tomó una decisión que va mucho más allá de su mandato y apostó por una estrategia distinta a la seguida durante los últimos doce años que dejó por saldo más de un cuarto de millón de muertos, más de cuarenta mil desaparecidos, veintiséis mil cuerpos sin identificar, casi un millar de fosas en el país y nueve mujeres asesinadas por día.
Si la política adoptada tiene por único objeto salvar el sexenio y heredar la situación conocida, se agregará un capítulo a la historia de hacer siempre lo mismo con un uniforme distinto.
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De dentro y de fuera, distintos factores presionan las decisiones. Esta semana se tomaron tres de enorme trascendencia. El país, para variar y recordando a Octavio Paz, se debate entre la modernidad y la tradición. La historia a veces llega sin avisar.
APUNTES
Si la manía de usar conceptos a la ligera sólo responde al espectáculo y el entretenimiento político, no hay problema. De no ser así, más valdría revisar qué significa instar a la prensa a revelar sus fuentes, a dónde conduce el diálogo circular y cuándo se tiene derecho o no a la réplica.
