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EDITORIAL

A 100 días: mina o vida

Yo río libre

JULIO CÉSAR RAMÍREZ
sábado 09 de marzo 2019, actualizada 9:13 am


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A 100 días de gobierno, que se cumplen este domingo, pueblos de los estados de Chihuahua, Baja California Sur, Veracruz, Puebla, Morelos y de múltiples regiones del país, piden al presidente Andrés Manuel López Obrador un cambio a fondo en política minera.

Es sabido que el gobierno federal mexicano ha otorgado a particulares, empresas nacionales y empresas extranjeras, 25 mil 221 títulos de concesión vigentes por más de cincuenta años para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero, mismos que abarcan el 10.79% del territorio nacional.

Las actividades mineras, particularmente las que se realizan a través de la técnica de extracción por tajo a cielo abierto, generan profundas e irreversibles afectaciones ambientales, con repercusiones graves en poblaciones que habitan los territorios próximos a los sitios de explotación debido a pérdida de servicios ambientales, afectaciones a la salud y desarticulación de los lazos económicos, sociales y culturales que vinculan a las poblaciones con sus territorios.

Existen más de 120 conflictos socioambientales graves en territorio mexicano a raíz del desarrollo de proyectos mineros.

El marco normativo que rige las actividades mineras opera al margen o incluso en abierta contradicción con los marcos normativos agrario, ambiental, de derechos humanos, laboral y derechos de pueblos originarios.

Las actividades de exploración, explotación y beneficio minero no generan más que el 0.47% de los empleos de la población económicamente activa, el 0.97% del producto interno bruto y el 0.57% de los ingresos de la federación.

El 3 de marzo en Cabo San Lucas, el presidente López Obrador declaró que cancelaría el proyecto minero Los Cardones -antes Paredones Amarillos o Concordia-, impulsado por la transnacional canadiense Vista Gold y después transferido a Invecture -Grupo Salinas-, justificando su decisión en la protección del medio ambiente y el abasto de agua de las poblaciones circundantes.

Mas no existe claridad con respecto a cómo el presidente hará efectiva su promesa de cancelación del proyecto minero Los Cardones y, por tanto, los pueblos afectados señalan: "hasta no conocer en concreto su propuesta no hay motivo alguno para bajar la guardia en la movilización en contra del proyecto".

Por su parte, el 27 de febrero el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, declaró que se cancelaría el proyecto minero de La Paila -también conocido como Caballo Blanco-, impulsado por la empresa Candelaria Mining Corp., a través de su filial mexicana Caballo Blanco S.A de CV. Manifiestan los pobladores: "Queremos ver esta declaración formalizada en un documento presentado oficialmente ante la legislatura estatal y los poderes federales".

Así, los pueblos que defienden territorio en estados y regiones mencionados, piden al presidente la cancelación de los proyectos mineros La Paila y El Cobre, promovidos por la Candelaria Mining Corp., y Almaden Minerals, respectivamente, en Actopan y Alto Lucero, Veracruz.

Reclaman la cancelación efectiva de los proyectos mineros Los Cardones y San Antonio, de Invecture y Argonaut Gold, respectivamente, en La Paz, Loreto y Los Cabos, Baja California Sur.

Piden la cancelación efectiva del proyecto minero Ixtaca, de Almaden Minerals, en Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Solicitan la cancelación de las concesiones otorgadas a Alamos Gold en el estado de Morelos.

Entre las peticiones se encuentra una moratoria en la entrega de concesiones mineras a particulares a nivel nacional.

Proponen una reforma profunda al marco normativo que rige las actividades mineras -particularmente la Ley Minera-, con el propósito de evitar que los procesos de cancelación de concesiones y proyectos mineros dependan del arbitrio del titular de la presidencia. "Exigimos que estos procesos se sustenten en normas claras de aplicación universal, basadas en el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos sobre sus territorios, el derecho al consentimiento, al acceso al agua, a la salud, al medio ambiente sano; en resumen, a la vida. Que se sustenten en el fortalecimiento de la regulación ambiental, los derechos agrarios y laborales y la promoción del bienestar de las poblaciones como imperativo que rige el desarrollo económico del país".

Por último, reclaman seguridad y justicia para los defensores del territorio y la vida, como Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos, recientemente asesinado.

@kardenche
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