El discurso del gobernador Miguel Riquelme Solís, pronunciado en ocasión de la toma de posesión de la Mesa Directiva del Colegio de Notarios de Torreón el lunes pasado, pone de manifiesto una vez más el estilo paranoico y represivo de los gobiernos del Moreirato.
De acuerdo con información publicada en El Siglo de Torreón, en el evento que tuvo lugar en el Museo Arocena, Riquelme se dirigió a la concurrencia integrada por los Notarios Públicos que ejercen en nuestra ciudad y región, con un mensaje en el que estuvo ausente referencia alguna a la dignidad e importancia del oficio notarial, que en esencia busca aportar los ingredientes indispensables de confiabilidad, certeza y seguridad, a los contratos y otros actos jurídicos que se celebran ante la presencia del Notario.
Los elementos referidos con antelación son de gran importancia, porque la seguridad y la confianza en la celebración de los negocios es la clave de la inversión y del crecimiento económico, en cualquier sociedad que aspire a vivir en un Estado de derecho. A esa luz, el Notario ejerce la función que le es propia bajo los principios de imparcialidad y apego al marco jurídico, dando fe, es decir, certificando como ciertos los actos en los que intervienen, y en ocasiones operando como retenedores de los impuestos que cause la celebración de los actos en los que participan.
La función notarial es delegada por el Estado en profesionales del derecho que se distingan por su capacidad y por su probidad, con base en el cumplimiento de una serie de requisitos para elegir a los mejores perfiles, y del acierto de los Gobiernos a este respecto depende la calidad en el desempeño del notariado. En todo caso, el gremio en su conjunto es digno de respeto aunque lamentablemente, en los últimos años se han promulgado leyes y aplicado políticas públicas que además de las labores tradicionales que corresponden a los notarios, se pretende asignarles otras funciones que son propias de los organismos de seguridad del Estado.
A ello corresponde el mensaje de Riquelme cuando frente a los notarios anuncia como gran cosa la próxima creación de la denominada Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Fiscalía General del Estado, a la que en el discurso vincula al gremio notarial esperando que los notarios "generen alertas de compras inusuales de inmuebles… en forma automática, expedita e inmediata…", para evitar el lavado de dinero.
Es natural y correcto que se establezca la obligación de los Notarios en el sentido de que rindan los informes que siempre han rendido respecto a los actos que realizan, a través de la Dirección General de Notarías y de la Secretaría de Gobierno, pero no es correcto que se les asigne el papel de informantes de la policía, ni se les intimide con el petate del muerto. Lo anterior con mayor razón, porque los documentos que elaboran los Notarios están destinados por naturaleza a ser inscritos en las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo que en automático, la información que contienen suele estar a disposición de las autoridades del Estado, incluidas las entidades encargadas de perseguir los delitos.
El que además del cumplimiento de la obligación que tienen los Notarios Públicos, de poner a disposición de la autoridad judicial o administrativa los documentos que pasen ante su fe, se les asignen otras tareas que son propias de la policía o de los órganos encargados de la investigación y persecución de los delitos, viola una línea límite que el Estado debe respetar. Ni los Notarios de Coahuila, ni el ciudadano común que acude ante ellos a celebrar negocios jurídicos, merecen ser tratados como delincuentes considerados culpables, hasta que demuestren su inocencia.
