Durante largo tiempo en México, la política como práctica y actividad social, ha estado monopolizada por los partidos; son éstos los que en ejercicio de las facultades que la Constitución y la Ley les otorgan, de manera común y normal, a nivel de cúpulas o bien, con simulaciones pseudo democráticas, toman las decisiones sobre quien o quienes serían sus candidatos para determinado cargo de elección popular.
Con este sistema hasta hace poco tiempo estaban prácticamente cerradas las posibilidades para quien quisiera incursionar en política, sin estar afiliado o ser militante de algún partido. Se hablaba entonces de la "partidocracia", porque eran las agrupaciones conocidas como partidos políticos quienes tenían en sus manos el control de los hilos de la praxis política.
Ante el grave deterioro del sistema de partidos, éstos dejaron de tener la credibilidad y la confianza de los electores, quienes buscaron otras alternativas que propiciaran la participación ciudadana en el ámbito de la política-electoral, surgiendo así en el sistema político mexicano, las candidaturas independientes.
En el proceso de consolidación de la democracia en México se advierten dos hechos trascendentales: por un lado el surgimiento del pluralismo político y la competencia electoral; y por otro, el déficit democrático que se manifiesta en la falta de aceptación de los ciudadanos por todo lo que implica política.
Insistencia, tenacidad y porfía de miles de mexicanos comenzaron a señalar, al principio de manera tímida pero después abierta y valientemente, lo inconveniente del sistema de partidos, por injusto y discriminatorio, dando la lucha en la calle, en las organizaciones sociales, en los cuerpos legislativos, en los organismos electorales, pues resultaba violatorio de los derechos que la Constitución Política concede a los ciudadanos mexicanos: participar en política, votar y ser votado.
La crítica de la ciudadanía hacia el sistema de partidos surge porque era evidente el alejamiento entre lo que los partidos representan y lo que deben representar; además del elevado gasto que tiene que hacer el estado para lo que significa su existencia y mantenimiento, a través de las prerrogativas que la propia Ley les concede; incluso se tenía la percepción de que no daban cumplimiento cabal a lo que manda la fracción 1 del artículo 41 constitucional que los obliga y faculta a promover la participación del pueblo en la vida democrática, a fin de contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.
Es la oportunidad de narrar aquí la conversación que sostenían dos empresarios, uno exitoso, y otro en la ruina; se quejaba éste de no haberle ido bien en sus negocios. Atrapado por las deudas y sin recursos para poder pagar el sueldo a sus trabajadores, le pedía consejo a su amigo que decía ser un triunfador. Y sin pensarlo mucho, le dice al fracasado: "No seas tonto, si quieres salir de apuros, funda un partido político, y hazte su presidente"
Hay solidez en la argumentación que se esgrime a favor de que los ciudadanos puedan ser candidatos a algún puesto de elección popular, sin necesidad de que algún partido lo postule.
Ser sentimentales es una de nuestras principales características, como pueblo,; hoy estamos ante dos graves situaciones: una severa problemática del país en varios renglones esenciales como seguridad pública, procuración e impartición de justicia, escaso crecimiento económico, violación de derechos humanos, entre otros; y simultáneamente, un problema igual de serio en la incompetencia de los liderazgos políticos y la descomposición interna de los partidos, los cuales dominan la vida pública nacional.
Además de la terrible corrupción, de la alarmante inseguridad pública, del evidente estancamiento económico y los obstáculos para un efectivo desarrollo democrático, hay algo más grave: la descomposición de la clase política en todos los niveles, originando la degradación de la vida pública y del ejercicio gubernamental, dando como consecuencia la descomposición de las instituciones.
Lo cierto es que hoy la gente ha alcanzado un elevado grado de politización que le permite visualizar perfectamente la distinción entre personas y partidos; entre los colores, logotipos y "slogans" publicitarios de las organizaciones políticas y los rostros de los candidatos. Hoy los electores votarán más por las características particulares de los individuos que sean postulados que por los colores del partido que los postule; candidato sí; partido no.
De esta premisa se deriva la necesidad y congruencia de los partidos para seleccionar los cuadros con mejor perfil; los militantes que reúnan en su persona cualidades y atributos que puedan garantizar un nivel competitivo y aspirar efectivamente a un triunfo electoral. Recuérdese que la gente votará por los rostros no por los logotipos.
Manuel González Oropeza, constitucionalista y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su trabajo, elaborado sobre el tema que se aborda en este Enfoque, apunta: "Uno de los principales elementos en cualquier sistema electoral es la definición de candidatos. El ciudadano cuando acude a las urnas, por regla general, vota por candidatos. Sin embargo, en el diseño de los sistemas electorales, varía la respuesta que puede darse a las preguntas: ¿quién propone a los candidatos?, y ¿cómo un ciudadano se convierte en candidato?
Hoy en día, los candidatos son actores relevantes en los procesos electorales, y tanto el ordenamiento electoral, como los estatutos de los partidos reconocen tal relevancia al establecer un régimen especial a los mismos".
Por ahora interesa destacar, de las candidaturas, la posibilidad de ser independientes de la postulación de los partidos políticos. "Si bien resulta tradicional que se reconozca el monopolio de los partidos políticos para la presentación de candidatos en las elecciones nacionales, también se acepta que la legislación ha incorporado, desde hace tiempo, un criterio distinto que reconoce el derecho de organizaciones y de personas a presentar candidaturas".
El desprestigio de los partidos políticos, de sus burocracias en México, está presente. Sin embargo, hoy por hoy, son los propios partidos políticos los que tienen el monopolio de las candidaturas, de la definición de posiciones y, en fin, de la representatividad política.
Este fenómeno lo vemos de manera palpable en el proceso electoral en marcha que se desarrolla en Durango: En Gómez Palacio, por el PRI se registró una sola aspirante como precandidata a la presidencia municipal, que por ser la única seguramente será la candidata; en tanto que para el mismo cargo, en Morena, se registraron ¡16 aspirantes!, pensando que si se les hace la candidatura, el fenómeno AMLO los llevará al triunfo. En el resto de los partidos hasta el momento de escribir este Enfoque, no definían su método de selección.
Aún con las críticas en contra por su falta de representatividad de los intereses ciudadanos, acercándose a un modelo de tipo oligárquico (y de esta crítica reflexiva no escapa ninguno de los existentes), los partidos políticos mexicanos gozan de todas las posibilidades legales y económicas para su organización y funcionamiento, como entidades de interés público, regulados por la Constitución y una Ley secundaria, en la que se precisan temas como su creación y registro, sus derechos y obligaciones y las causales de su eventual extinción y pérdida de su registro.
El monopolio político que otrora ejercían los partidos de manera discrecional, ha ido desapareciendo paulatinamente, y resulta interesante que los ciudadanos puedan postularse sin necesidad de estar afiliado a un partido; y más atractivo se presenta un hecho real: la gente votará por el candidato, no por el partido. ¡A escoger los mejores! ¡Aguas!
