Bien por la apertura del alcalde Jorge Zermeño Infante, ante la solicitud hecha por el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, en el sentido de acompañar a las autoridades municipales en la auditoría que se practica a la denominada Ventanilla Única, en la que se tramita la apertura de negocios mercantiles en nuestra ciudad.
Lo anterior porque la ciudadanía exige que los gobiernos operen con plena transparencia, de manera especial en lo que concierne al destino de los recursos públicos, y a ese reclamo responde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel nacional y sus correspondientes capítulos locales en cada Estado de la República.
En el caso de Coahuila, el Sistema Estatal Anticorrupción fue creado por una ley publicada en el Periódico Oficial el catorce de julio de 2017. La Ley fue hecha al vapor los últimos meses de la administración de Rubén Moreira, una vez que los resultados de las últimas elecciones locales revelaron que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, por lo que el Moreirato legisló a su conveniencia, con el objeto de mantener el manto de impunidad durante el actual sexenio.
Como consecuencia, lejos de facilitar la participación ciudadana en las funciones de contraloría y supervisión de los recursos públicos del Estado, la Ley en comento se ha convertido en un instrumento para someter a la sociedad civil a una especie de control orgánico, a través de un aparato burocrático que mediatiza a los liderazgos, y asfixia todo intento de participación en las tareas de transparencia y rendición de cuentas.
El resultado es que el llamado Sistema Anticorrupción en el caso de Coahuila quedó integrado por ex funcionarios ligados a los gobiernos de los hermanos Moreira, designados por el Congreso de mayoría priísta antes de que concluyera la administración de Moreira Rubén. Fue tal el descaro con el que fue manipulada la integración del Consejo de Participación Ciudadana, que las organizaciones no gubernamentales de la Laguna de Coahuila, agrupadas en la llamada Alianza Anticorrupción, decidieron no proponer candidatos para la integración del referido Consejo, lo que priva de toda legitimación al Sistema.
A pesar de tales antecedentes la política de puertas abiertas de la administración de Zermeño es la correcta, porque muestra el contraste entre el estilo de su gobierno, tanto con sus dos antecesores priístas en el ejercicio del cargo, Eduardo Olmos y Miguel Riquelme, como con el nivel estatal del gobierno que encabeza el último mencionado, cuyas operaciones financieras permanecen en la más completa obscuridad.
La postura diferenciada de los Consejeros es incongruente, porque exige a la administración de Zermeño, pero no toca ni con el pétalo de una rosa a los gobiernos del Moreirato. Es de sospechar que detrás de esa doble e hipócrita actitud, su misión es la de servir de cuarta y palo para el golpeteo político.
Para disipar la sospecha, toca que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, por elemental congruencia, investiguen la mega deuda de Coahuila para esclarecer el destino de los recursos obtenidos con su contratación en tiempos de Moreira Humberto.
Otra asignatura pendiente, son las ochenta observaciones no solventadas a las que se refiere la Auditoría Superior del Estado al revisar la cuenta pública de 2017, último año de gobierno de Rubén Moreira, que revela registros contables incorrectos, diferencias no aclaradas, inconsistencia en la información relativa a inventarios físicos, etcétera, cuyas irregularidades montan treinta y siete mil millones de pesos.
Los Consejeros Ciudadanos y el Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila en su conjunto, tienen la palabra.
