Actualmente el tema de la gestión o manejo del agua para usos urbano-domésticos preocupa seriamente, cada vez más expresa síntomas que indican la falta de capacidades institucionales para proveer agua a la población humana y al cuidado de los ecosistemas; son notorios algunos problemas como el deficitario estado financiero de los organismos operadores, los bajos niveles de eficiencia técnica en la distribución en las ciudades y en el cobro del servicio, las dificultades para asegurar el suministro de agua potable, no entubada, en cantidad y calidad suficiente, por mencionar algunos.
Pero el problema no sólo se presenta en el manejo del agua urbana, sino que éste es un reflejo de la crisis que enfrenta el modelo de gestión del agua en México, aunque no se quiera reconocer desde el ámbito gubernamental. Quizás el indicador más sobresaliente de lo anterior es el estado de sobreexplotación y contaminación en que se encuentra una gran parte de los acuíferos del país, principal fuente de suministro de agua para la población en las ciudades, particularmente en las zonas metropolitanas.
Poblaciones como la que habitamos en la Comarca Lagunera tenemos una cobertura de 98% de agua entubada, pero una proporción importante de ese volumen está contaminado, de ahí que por más esfuerzos que realicen el SIMAS, SIDEAPA o SAPAL, los organismos operadores municipales responsables de brindar el suministro a las viviendas, no podrán resolver este problema porque se origina en la sobreexplotación que se realiza de los acuíferos donde extraen esa agua. Se dan por satisfechos con suministrar agua suficiente e instalar filtros para capturar los contaminantes, que para nuestro caso es el arsénico.
Nuestras ciudades laguneras, particularmente Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros, que conforman la zona metropolitana regional, presentan un proceso similar de crecimiento desordenado que otras zonas de este tipo en el país, pero también en los rezagos de atención en los equipamientos que permitan operar de manera sostenible el ciclo de gestión de agua urbana.
Es el caso de las redes de distribución de agua y drenaje que se volvieron añejas, y por tanto ineficientes, sin mencionar la tardía o inexistente capacidad de tratamiento de aguas residuales, cada vez más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. El aumento de la temperatura veraniega con días más calurosos pone de manifiesto la capacidad de suministro de agua, aunque sea contaminada, o los aguaceros que revientan el drenaje y los colectores de aguas residuales, son ejemplos de que hay que revisar a fondo la gestión de agua urbana.
La tendencia en el incremento de la población urbana en el país, y la propia región, están modificando la demanda de agua y aumentan la presión sobre las fuentes de abasto, aunado a los rezagos señalados, están cambiando las prioridades de atención en las políticas públicas de los tres niveles de gobierno. Esa tendencia indica que continuará la presión por transferir de agua de otros usos, particularmente el agrícola, al uso urbano-doméstico, como se ocurrió con la presa el Cuchillo en Monterrey, y en otras ciudades como Chihuahua, Saltillo, Zacatecas, San Luis Potosí, por mencionar las más importantes.
En el caso de La Laguna, región que no tiene problemas de disponibilidad como en los casos anteriores, ha sido notorio que durante décadas la mayor parte de los fondos federales se destinaron a la tecnificación del riego agrícola donde, sin embargo, se desconocen los resultados en el ahorro de volúmenes por parte de los usuarios agropecuarios; éstos, particularmente los grandes productores que ya monopolizan el agua, han mostrado férrea resistencia a una medición confiable.
El asunto es que en regiones como la nuestra la vulnerabilidad que presentan los sistemas de agua y drenaje indican un obligado cambio en las prioridades de asignación de los fondos, sobre todo los federales, dadas las limitaciones financieras de los municipios y sus organismos operadores. La tecnificación del riego agrícola dejo de ser una prioridad, ahí lo que se necesita es aplicar las medidas que reduzcan los volúmenes extraídos a los niveles concesionados que eviten el robo de volúmenes, como la medición confiable, y se atiendan los rezagos en los sistemas urbanos de abasto de agua y de manejo de las aguas servidas y pluviales. Esperemos que las nuevas políticas públicas federales se orienten en ese sentido.
