México ha dado un viraje de 180 grados en su relación con el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en menos de tres meses. La postura de la administración del priista Enrique Peña Nieto fue de censura y presión activa hacia el régimen chavista de Caracas. Hasta noviembre de 2018, México fue uno de los actores protagónicos del llamado Grupo de Lima, que tiene como finalidad dar seguimiento a la situación en el país sudamericano para emitir pronunciamientos sobre la necesidad de encontrar una vía de normalización democrática. Una vez iniciada la administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en diciembre, la posición de México cambió.
Primero, el gobierno emanado de Morena, extendió una invitación a Maduro para que asistiera a la toma de protesta de López Obrador, cosa que hizo el mandatario venezolano pero a última hora no acudió al Congreso de la Unión en donde fue nombrado y abucheado por legisladores del derechista PAN, principalmente. Luego, junto con países afines al chavismo, México se negó a apoyar un acuerdo del Grupo de Lima para demandar a Maduro que desistiese de asumir un nuevo mandato tras las cuestionadas elecciones de mayo de 2018. La toma de protesta se llevó a cabo y el gobierno lopezobradorista envió a un representante de la Embajada de México en Caracas. Posteriormente vino la autoproclamación del líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como “presidente interino” en desconocimiento a Maduro como mandatario, una acción que ha desatado una tormenta internacional de consecuencias aún imprevisibles.
El argumento del gobierno mexicano ha sido el apego al principio de no intervención en los asuntos internos de otras naciones y el respeto a la soberanía de los pueblos, una directriz marcada desde la famosa Doctrina Estrada en el primer tercio del siglo pasado. No obstante, la postura de López Obrador ha despertado críticas al interior y exterior del país entre quienes creen que México no debería “solapar” regímenes antidemocráticos y represivos y que, por el contrario, tendría que asumir una posición firme de defensa a los Derechos Humanos en todo el mundo. En respuesta, México, junto con Uruguay, ha propuesto un diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela e, incluso, se ha ofrecido para mediar en dicho diálogo. Pero la propuesta no ha sido bien recibida por toda la comunidad internacional, sobre todo por quienes creen que el gobierno de Maduro carece ya de toda legitimidad para negociar cualquier cosa.
La posición geopolítica de México es compleja pero no obliga necesariamente a plantear escenarios irreconciliables. Lejos de la estridencia de quienes están a favor y en contra del gobierno de AMLO, es posible que nuestro país mantenga la postura de respeto a la soberanía de las naciones y el principio de no intervención a la vez que se asuma con firmeza como un país comprometido con la defensa de la democracia y los Derechos Humanos. Porque México no sólo debe cuidar su relación con Venezuela y las potencias que respaldan a Maduro, como China y Rusia, sino que también debe ser observante de los fuertes vínculos que guarda con Estados Unidos y Canadá, quienes respaldan a Guaidó con más de dos docenas de países, y su aspiración a tender puentes más sólidos con la Unión Europea.
