La velocidad en la política obliga a pisar el acelerador, sí, pero también el freno. De la aplicación combinada, oportuna y proporcionada de ambos mecanismos depende llegar seguro, bien y rápido adonde se quiere.
Sin el dominio de los dos pedales ni el conocimiento de las condiciones del vehículo y el trazo de la ruta, cualquier imprudencia, obstáculo, descuido, bache o imprevisto puede provocar la pérdida del control del transporte y, en su múltiple acepción, despistar al piloto. Y en la política -no sobra recordarlo- el camino siempre es sinuoso y accidentado, no recto y llano.
Por lo demás, en la reducción de la velocidad y el uso debido de los frenos hay dos tiempos fundamentales: el de reacción y el de frenado. El primero depende de la destreza del conductor; el segundo, del estado del vehículo. Ambos son clave en la distancia de detención o de parada, tramo donde se cifra la posibilidad de rectificar la trayectoria, o bien, de evitar el contratiempo que, a veces, puede concluir en un siniestro.
La velocidad en la política no es cosa sólo de acelerar. Hasta para repostar es menester pararse... como también para estirar las piernas y extender la vista.
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La pérdida de 378 mil empleos en diciembre (saldo muy superior al de periodos semejantes anteriores), el descenso del pronóstico de crecimiento económico y la muy probable baja de la recaudación fiscal son datos inquietantes.
Si a ellos se agrega la reducción de la calificación crediticia de Pemex por parte de Fitch Ratings, el amable ultimátum de Moody's y las recomendaciones anunciadas por Standard & Poor's, así como la volatilidad del precio del petróleo y el menor crecimiento de Estados Unidos, no hay muchas vueltas que darle: es preciso frenar, reconocer el terreno, realizar ajustes importantes y ahuyentar el temor de un problema económico y financiero de envergadura.
Sólo así, diría el piloto, se van a serenar quienes ven en la carrera una locura y quienes increíblemente se frotan las manos ante la posibilidad de un descarrilamiento.
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A ese cuadro, agravado por variables externas ajenas al control, se suma una tensa atmósfera política y social que, en su desbocamiento, puede complicar aún más la circunstancia.
Por un lado, sectores gremiales supuestamente afines a los propósitos de la administración asumen que el replanteamiento de la política sindical, laboral y educativa marca su empoderamiento y el banderazo de salida a demandas y exigencias superiores a la posibilidad. Lejos de poner su grano de arena a la causa y el bienestar general, esos sectores quieren desprender una pepita de oro para sí, ya, en el momento.
Por otro lado, quienes resienten la radicalización de esas demandas no dudan en tirarse al piso y gritar: cuidado, van a destruir lo que con tanto esmero hemos construido a su costa. Asumen esa postura, como si su actuación a lo largo de los años estuviera libre de abuso o negligencia.
Como quiera, no será acelerando aún más la acción, como se pueda remontar esta adversidad que perfila barruntos de tormenta en el no muy lejano horizonte.
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El equipo financiero y económico de la administración debe proponer, operar y ejecutar estos reajustes con la mayor prontitud y oportunidad, haciendo entender al conductor la urgencia y la importancia de no meter más ruido y sí de enviar señales de tranquilidad. Mostrar que el dominio del acelerador no supone el desgobierno de los frenos.
Importa hacerlo, además, porque este mes, marcado por el inicio del segundo periodo ordinario legislativo, estará en juego la posibilidad de contar o no con el marco jurídico que el piloto presume como imprescindible para emprender sus planes en materia de seguridad, justicia y educación. Capítulos centrales en la intención de replantear el rumbo nacional en esos campos.
La Guardia Nacional y la prisión preventiva en delitos agravados que atentan contra la seguridad pública y nacional, pero también contra la democracia, la justicia, el Estado de derecho y la integridad son legislaciones a elaborarse con extremo cuidado, ya que sus efectos repercutirán mucho más allá del plazo de un sexenio. Abrogar la anterior reforma educativa e impulsar la nueva determinará si se vulneran o se afianzan los pilares de una política pública fundamental para el desarrollo nacional y que lleva décadas dando palos de ciego.
Es febrero de una importancia superior a la señalada por el calendario. Ahí se definen aspectos fundamentales del porvenir inmediato y mediato. Sin un mapa claro, una ruta bien definida y un itinerario sensato, puede no conducir adonde se quiere.
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Rectificar la trayectoria, fijar prioridades y regular la velocidad será clave para alcanzar la meta.
Es menester reponderar muchos de los proyectos anunciados; consultar sin aspavientos ni simulaciones la pertinencia de ellos, no a mano alzada sino a mente abierta; determinar su viabilidad y acatar sin capricho el resultado, cumplir con los protocolos y las leyes establecidas para emprenderlos y, en caso necesario, no aferrarse a ellos y sí corregir, ahí, donde es preciso conjurar el peligro.
Sí, la velocidad en la política exige acelerar, pero sin olvidar los frenos.
Apuntes
Uno. Nobleza obliga. Dos semanas atrás se apuntó: "La orden de abrir la declaración tres de tres o irse del gobierno cobra sentido cuando se cumple un extremo u otro del señalamiento. Cuando no ocurre nada, quedan mal los implicados, como también quien dio la orden". La orden cobró sentido.
Dos. Charlatán sin duda. Cuando alguien reconoce como fuente de la libertad de expresión a la voluntad del poder y se inclina ante la gracia, seguro se trata de un charlatán, no de un periodista comprometido con el oficio.
