Hace algunos años, casi dos décadas, algunas personas que trabajamos en el ámbito académico empezamos a visitar algunos ejidos de nuestra región para dialogar con sus habitantes, quienes de manera frecuente nos preguntaban los motivos o el interés que teníamos al acercarnos a ellos. Nuestra respuesta, también frecuente, era que nos interesaba que ellos protegieran y conservaran los recursos naturales existentes en sus comunidades.
Nuestro interés inicial surge de la investigación que realizábamos en las universidades, nuestros centros de trabajo, en el área de recursos naturales, cuyos resultados nos indicaban que la forma en que se vienen aprovechando estos, el agua, la flora, la fauna, el suelo, no era la adecuada. Entonces en las universidades ya permeaba un nuevo paradigma de conocimientos que cuestionaba los modelos de desarrollo económico que venían presionando seriamente la naturaleza, el entorno que nos rodea y provee de recursos para la vida y la producción de bienes y servicios.
Este interés converge con la inquietud y convicción de algunos ciudadanos y servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno responsables de las oficinas del sector ambiental, particularmente las municipales, convergencia que se traduce en acciones colectivas que den fuerza a las políticas públicas en la materia, como la creación de áreas naturales protegidas, el cuidado del aire, el rescate de nuestros recursos hídricos, por mencionar algunas.
A partir de ese momento, ocurre una sinergia entre académicos, ciudadanos del campo y la ciudad y servidores públicos, quienes hemos venido construyendo una agenda ambiental regional, es un esfuerzo colectivo que en algunos casos ha dado frutos como la declaratoria de las áreas naturales protegidas de Jimulco y Cañón de Fernández, en otros solo se ha puesto el dedo en la llaga sobre la gravedad de los problemas como la sobreexplotación de los acuíferos y la contaminación del agua extraída de ellos, de la contaminación del aire y los suelos agrícolas, del manejo de los residuos sólidos y, sobre todo últimamente, de las causas e impactos del cambio climático.
Sin embargo, esta suma de esfuerzos es insuficientes para enfrentar los retos que nos marcan los problemas mencionados. Algunos ejemplos ilustran lo anterior, es el caso de ambas áreas naturales protegidas que presentan serias amenazas a los ecosistemas y la biodiversidad existentes, derivadas de un interés económico, algunas veces genuino y otras mezquino, por aprovechar los recursos naturales ahí existentes, realizando cambios en el uso del suelo sin control como sucede con la franja ribereña en una de ellas o la incipiente minería en la otra, donde se coluden intereses de lugareños y citadinos buscando evadir las regulaciones que les rigen.
Esta situación nos está privando a los laguneros de contar en el futuro con los servicios ambientales que nos brindan estos espacios protegidos, esos servicios aparentemente invisibles e invaluables que contribuyen a que tengamos un ambiente sano. Debemos reconocer que no hemos podido influir lo suficiente en los gobernantes, principalmente en los locales, de la importancia de proteger y conservar este capital natural, de motivarlos para que volteen a verlo y valoren su importancia para el desarrollo económico regional, que entiendan que sin ese ambiente sano no implica Aun desarrollo y que este para que lo sea debe visualizarse con un enfoque de sustentabilidad.
La protección de nuestro capital natural local ha resultado una tarea difícil porque quienes nos gobiernan están impregnados de la ideología neoliberal que marcó las concepciones y percepciones del desarrollo y, por consecuencia, de las políticas públicas como de la cultura en una gran parte de los mexicanos; son políticos pragmáticos con visiones cortoplacistas que les cuesta trabajo entender que el desarrollo no se limita a un simple crecimiento económico.
Estas concepciones y prácticas se han vuelto sistémicas y para revertirlas se requerirán grandes esfuerzos que quizás le corresponda a las futuras generaciones lograrlo, algunos miembros de nuestra generación solo lo estamos iniciando; hoy en día ya se considera un avance tener un alcalde o un presidente de la república honrados, pero no es suficiente si no han transitado a los conceptos que marcarán el desarrollo futuro.
Lo anterior se refleja en la importancia que brindan a sus oficinas, políticas y presupuestos destinados a mejorar la gestión ambiental: es notorio que no pocas de las primeras sean ocupadas por personas sin perfiles adecuados, las segundas no se orienten a atender problemas prioritarios y los terceros destacan por ser raquíticos. Diríase que es importante pensar en un tren Maya para detonar el desarrollo del sureste pero con los mínimos impactos ambientales y la integración de los pueblos originarios, o es importante rehabilitar plazas públicas en la ciudad pero poniendo prioritaria atención al capital natural que se alberga en el territorio municipal.
Vaya que es complicado incidir en la toma de decisiones para algo tan simple como la conservación de los ecosistemas y biodiversidad albergados en los espacios declarados bajo estatus de protección, la cual no depende de la divina providencia sino de la suma de esfuerzos que realicemos los habitantes de una región como la nuestra, donde aún tenemos esas pequeñas ínsulas no disturbadas, o más bien parcialmente disturbadas, como el resto del territorio regional. Cambiar esa percepción en los tomadores de decisiones es el gran reto para este año, lo cual sería un avance importante si lo logramos.
