Todas las acciones que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha aplicado en el arranque de sexenio han desatado controversia. Pero tal vez ninguna ofrezca un panorama tan claro del México que le toca gobernar y de los vicios que se arrastran desde la sociedad y la administración pública federal, como la polémica estrategia de combate al robo de combustible que tiene a estaciones de servicio de una decena de estados con demoras en el abastecimiento de gasolina.
El problema es innegable y de dimensiones que obligan a actuar en consecuencia: desde hace lustros el país enfrenta un creciente robo de gasolina, ilícito que ocasiona pérdidas multimillonarias a la principal industria estratégica nacional. Por sus ganancias para el crimen organizado, se trata de la principal actividad delictiva después del narcotráfico. También es un hecho que hasta ahora ninguna estrategia gubernamental había podido frenarlo.
Con este antecedente, existe casi un consenso en que era urgente y necesario establecer medidas para combatir el delito. En este sentido, se puede considerar un acierto que el gobierno de López Obrador haya decidido plantar cara a este flagelo. Pero el problema -como en muchos otros casos- no está en el fondo, sino en la forma, lo cual no minimiza el problema.
Petróleos Mexicanos y el Gobierno federal a través de la Secretaría de Energía aplicaron una estrategia para evitar que se siga dando el robo de combustible en los niveles registrados hasta diciembre de 2018. La estrategia consiste en modificar el proceso de distribución de la gasolina a partir del cierre de ductos y la utilización de vehículos terrestres, un método mucho más lento. Esto ha generado retrasos en la entrega del combustible y la consecuente escasez en estaciones de servicio de ciertas zonas en por lo menos diez estados de la República.
Las críticas y reclamos no se hicieron esperar luego de ver las largas filas de autos que se han formado en cientos de gasolineras. Desde la oposición, pero no sólo desde ahí, han surgido señalamientos contra el gobierno y la empresa estatal por la estrategia aplicada. Es evidente que Pemex y la Secretaría de Energía no previeron las consecuencias de la medida y que la comunicación no ha sido oportuna para explicar con suficiencia el problema, la estrategia y las rutas alternativas para aminorar el impacto.
Pero el gobierno de López Obrador también ha incurrido en otros errores en la contención de daños de cara a la opinión pública. Como lo han señalado otras voces, de pronto la autoridad federal parece más preocupada en la retórica que en la práctica. Y esto se refleja en la obsesión de repetir que no existe desabastecimiento de gasolina cuando la realidad para miles de afectados es que en muchas estaciones el combustible está agotado.
En medio de las críticas y reclamos justificados, se ha desatado una verdadera guerra de especulaciones, principalmente en las redes virtuales, que en nada abonan a resolver o reducir el problema. Las versiones se centran en "revelar" la "causa real" del desabastecimiento de gasolina en las estaciones de servicio, con teorías que van desde el supuesto beneficio a una empresa privada en la que participa la cónyuge de un secretario, hasta la presunta decisión de López Obrador de cancelar los contratos de importación de hidrocarburos, pasando por la hipótesis sin comprobar de que las gasolineras cerradas son las que se surtían de los ladrones de combustible que hoy ya no tienen producto en sus manos.
Así como son evidentes los errores que ha cometido el Gobierno federal en la aplicación de la estrategia y el manejo de los efectos, también lo son los intentos de personas y grupos oportunistas de aprovechar la situación para golpear al titular del Ejecutivo. El fin de semana el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que México bajó la importación de gasolina procedente de Estados Unidos entre el 1 de diciembre y el 10 de enero, sin que ello signifique que ésta sea la causa de la escasez o desabastecimiento. No obstante, la claridad del reporte, hubo quienes lo tergiversaron para acusar a López Obrador de mentir y de ocultar la "verdad", es decir, que el problema se deriva de la cancelación de los contratos.
Pero con todo y que la explicación de la disminución de la importación es bastante lógica y de sentido común, ya que es obvio que si se está distribuyendo gasolina de una forma más lenta dentro del país, los centros de almacenamiento de los puertos están saturados y por eso no pueden recibir más combustible por el momento, la primera reacción de López Obrador fue descalificar el trabajo del medio norteamericano.
Como dije arriba, este problema refleja con claridad el momento por el que atraviesa México, ya que evidencia las limitaciones del gobierno, la creciente polarización de la sociedad y el oportunismo de actores políticos que quieren sacar raja de un asunto muy serio. Y resulta absurdo el actual nivel de discusión generalizada cuando se deja de lado un hecho de suma relevancia: si la administración lopezobradorista sabe, como lo ha afirmado, cómo se daba el robo de combustible y la red de complicidades dentro y fuera de Pemex y, sobre todo, desde arriba, ¿qué espera para actuar en consecuencia, investigar esa red y fincar las responsabilidades correspondientes?
Porque el saqueo a Pemex, como lo llama acertadamente López Obrador, no se va a frenar sólo protegiendo el bien susceptible de ser saqueado, sino sobre todo frenando y castigando a los saqueadores. Es como intentar acabar con el narco sólo decomisando drogas, sin detenciones ni golpes a las fuentes de lavado y financiamiento. En estas lagunas estamos desde hace años en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
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