Control político y recursos públicos han marcado la agenda de la relación entre los gobernadores de distinto color al del presidente y el Gobierno federal en las primeras semanas de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El primer desencuentro se dio en torno a la figura de los coordinadores federales en las entidades, quienes tendrán a su cargo todas las áreas operativas y de representación de la administración federal en cada uno de los estados. El recelo de los gobernadores de oposición es porque ven en estas nuevas figuras facultades extraordinarias que rivalizan con su poder político. Aunque el Gobierno federal ha cedido en aspectos como la coordinación de los consejos estatales de seguridad, el frente sigue abierto, ya que los llamados “superdelegados” son candidatos naturales a la gubernatura por el nivel de exposición y control que tienen. Pero el tema de los recursos públicos es más complejo y espinoso.
Con todo y la tradicional peregrinación que año con año hacen los alcaldes y gobernadores a la capital de la República con la esperanza de conseguir partidas para sus proyectos y programas, el presupuesto federal propuesto por el Ejecutivo federal y aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dejó un amargo sabor de boca entre los representantes de los otros dos niveles de gobierno, principalmente en los que son de partido distinto al del presidente. La razón de esta desazón estriba en que existe la percepción de que no fueron escuchadas sus voces y que los recursos autorizados van en su mayoría para proyectos concebidos por la administración federal, además de que el porcentaje más importante de inversión lo acaparan los programas asistenciales y no la infraestructura, un renglón que ha sido olvidado desde hace años.
En Coahuila y Durango han manifestado ya su desacuerdo por el paquete económico autorizado y han planteado que para este año habrá pocos recursos para obra pública, necesaria para apuntalar el crecimiento económico de las regiones. Al reclamo se han sumado voces de la Iniciativa Privada y legisladores que consideran que el gobierno de López Obrador relegó las propuestas surgidas desde las entidades y ciudades. La respuesta oficial ha sido que esa “aparente” disminución de recursos se compensará con los programas especiales de estímulos fiscales e inversión para zonas fronterizas, por ejemplo, o con los proyectos del plan nacional de infraestructura que se está apenas armando. A pesar de ello, lo que priva es la incertidumbre respecto a un año en el que, según las proyecciones de los organismos internacionales, el crecimiento económico comenzará a frenarse en todo el mundo.
En este contexto, desde un sector del empresariado regional ha surgido la propuesta de sumar esfuerzos entre los sectores público, privado y civil para crear un frente común que ejerza presión para que se destinen los recursos necesarios para los proyectos que la Comarca Lagunera requiere. Pero, además, se ha lanzado un llamado a reforzar la vigilancia y distribución del dinero ya autorizado para evitar que se concentre en las mismas regiones de siempre o se haga un mal uso del mismo, ya sea con proyectos innecesarios o malversaciones que impacten al erario. No se ha cumplido ni la primera quincena del año y la batalla por los recursos parece estar ya en marcha.
