La realidad

La realidad, al parecer, no existe.

Lo prevaleciente es una serie de interpretaciones de aquella, a partir de la cual los actores despliegan su bandera para envolverse en ella y descalificar a quienes perciben de un modo distinto las cosas. Se complementan unos y otros y, así, contribuyen u obstruyen la posibilidad de construir esa realidad hoy inexistente que, según la óptica, postula consagrar un caro anhelo o amenaza con animar una insoportable pesadilla.

La realidad, al parecer, no existe.

Convicciones, intereses y dogmas de signo contrario dominan el debate, haciendo gala de posturas radicales que debilitan aún más los puentes de entendimiento de un país en estado de emergencia. Juego peligroso donde se desvanecen la razón, el matiz y la inteligencia y se incorpora otro elemento: la pérdida del significado de la palabra. En la deformación, el trastocamiento o el vacío de su sentido, la palabra, en vez de ayudar a esclarecer y comprender la circunstancia, la enreda, al tiempo de maquinar otra realidad, esa sí, todavía más adversa.

De escalar la confrontación o la descalificación del adversario o sencillamente de quien piensa diferente, los filos de la desunión terminarán por abrir espacio a la debacle que tanto se teme. Situación que ahondará el desencuentro y tentará aún más a la violencia, dejando dividendos sólo al crimen de mezclilla y de corbata, sonrojado por su influyente participación en la política.

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Más allá de la frágil estabilidad económica y financiera, el país está prendido de alfileres.

Hoy, el intento de atemperar el robo de combustibles desde dentro y desde fuera de Petróleos Mexicanos ha puesto contra la pared al gobierno. Sin dominio pleno del aparato, la nueva administración encara el desafío criminal y, a título de consecuencia, el natural malestar social y la propuesta, con disfraz de apoyo crítico, de no menearle mucho al asunto por los efectos y daños colaterales supuestos en la acción.

La circunstancia coloca al país en un dilema. Sostener, aun con aciertos y errores en la operación, el propósito de ponerle un alto al saqueo de ese recurso fundamental, o bien, suspender la acción y, como otras veces, simular el combate, convivir de la mejor manera posible con el crimen y compartir el poder con él. Flotar, pues, entre el civismo y el cinismo.

En ese cuadro, la gama de posturas es singular. Hay sectores que resaltan la pérdida de dinero provocada estos días por el desabasto de combustibles, sin mencionar la pérdida acumulada durante años por la actuación impune del crimen. También los hay que, expresando su firme apoyo, piden actuar sin causar molestias como si se tratara de un juego de damas chinas. Están, claro, los analistas que, de súbito, son especialistas en inventario, almacenamiento, logística y distribución de petróleo refinado, así como en la elaboración de estrategias infalibles contra el saqueo y lamentan los términos de la ofensiva. Y, desde luego, los profetas del neoliberalismo que, en la dificultad, encuentran su argumento y sólo repiten: se los dije.

A su vez, el gobierno, reducido a la sola expresión del Ejecutivo, falla en la comunicación, cuando no exagera el resultado de una operación sin concluir. No rinde un parte claro ni sensato de la complejidad del problema y la red de corrupción, como tampoco muestra una acción articulada. ¿Cuál de los secretarios coordina a los distintos frentes supuestos en el combate al saqueo de combustibles: Gobernación, Seguridad, Energía, Procuraduría, Petróleos Mexicanos o sólo el comandante en jefe?

Aunado a ello, el descuido en el lenguaje. ¿Qué quiere decir el presidente López Obrador cuando habla de un reiterado sabotaje en el ducto proveniente de Tuxpan: de un acto más de ordeña o de un primer acto terrorista? Son cuestiones muy distintas. ¿Qué quiere decir, al señalar que el huachicoleo es la cortina que oculta el robo de combustible desde el interior de Pemex? Si se lanzó la operación sería menester contar ya con las carpetas abiertas contra gasolineros, empresarios, funcionarios y operadores profesionales y amateurs involucrados en el saqueo de un insumo fundamental que, hoy, tiene semiparalizadas a varias plazas de la República, amenaza golpear a la economía y exhibe una industria en ruinas.

Aquí no cabe el perdón sin olvido. Aun cuando vengan de ayer, son delitos de hoy.

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Esta primera ofensiva contra un solo ramo de la actividad criminal plantea un dilema al país: qué tanto sacrificio está dispuesto a realizar en el propósito de rescatar el Estado de derecho y el combate a la impunidad.

Los actores principales saben de la dimensión del problema criminal, pero no acaban de fijar postura cabal frente a él. Reclaman acabar con él, pero en cuanto se emprende una acción, demandan realizarla sin causar inconvenientes o molestias.

El abandono de los aparatos de seguridad, el descuido de la persecución y prevención del delito y el desmantelamiento brutal de la procuración de justicia abrieron la puerta a la expansión y diversificación del crimen que, sin duda, disputa al Estado el monopolio de la fuerza e, incluso, el del tributo.

El dilema es sencillo: se intenta rescatar el Estado de derecho con los costos y sacrificios supuestos en ello o se convive con el crimen, bajo coacción o complicidad. Lo que no cabe hacer en la emergencia es jugar a reclamar lo que no se está dispuesto a respaldar, ni a imponer sin explicar políticas de alto riesgo, menos aún a pretender derivar ganancias del desastre en que se puede caer.

La realidad sí existe, no conviene echarle gasolina.

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