EDITORIAL Sergio Sarmiento Caricatura Editorial Columna editoriales

Justicia denigrada

Archivo adjunto

LUIS F SALAZAR WOOLFOLK

El Gobierno de Coahuila se encuentra gravemente cuestionado en virtud de una red de corrupción descubierta al interior del Poder Judicial, cuyo hallazgo reciente ha traído como consecuencia la suspensión de seis jueces en materia civil, cuatro de ellos de la ciudad de Torreón, que están sujetos a investigación.

El escándalo alcanza al nivel federal de gobierno en la era de Peña Nieto, porque se trata de juicios para cobrar créditos del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, que de acuerdo a la información disponible suman cinco mil casos, que a razón de un valor promedio de las viviendas estimado en trecientos mil pesos cada una, implican mil quinientos millones de pesos.

Dada la opacidad que caracteriza al PRI de los Moreira, carecemos de información confiable de lo que está pasando. Sin embargo, el tema se origina en una cartera de créditos en mora de diversas partes del país, que habrían sido cedidos a una empresa particular que en complicidad con los jueces suspendidos, sería la encargada de cobrar a los trabajadores adquirentes de cada casa, mediante juicios que resultaron fraudulentos, en virtud de que los demandados no fueron notificados legalmente y los juicios fueron llevados a espaldas de los interesados, sin oportunidad de defensa.

Se trata, pues, de una red de corrupción que involucra a funcionarios federales del Infonavit, supuestos empresarios que permanecen en la penumbra y jueces locales corruptos cuya intervención cuestiona al Gobierno y al Poder Judicial de Coahuila, porque no se trata de un hecho aislado, ni se entiende que los jueces hayan actuado de repente y al mismo tiempo, de propia iniciativa y sin recibir instrucciones "desde arriba".

Lo anterior revela que la mala yerba del Moreirato tiene invadidos hasta la médula a estado y sociedad, y que, además, de la quiebra económica que implica la megadeuda pública que pesa sobre los coahuilenses, las instituciones en general incluidas las judiciales están secuestradas, al servicio de los intereses particulares de dicho grupo faccioso, mientras el ciudadano de carne y hueso sufre un sistema de justicia de pésima calidad.

El sainete viene acompañado de una reforma a la Constitución de Coahuila por parte del Congreso Local, realizada al vapor en la pasada temporada navideña, que modifica la integración de la Sala Colegiada Regional del Tribunal Superior de Justicia con residencia en Torreón, elevando el número de Magistrados de tres a cinco.

La reforma referida no tiene sentido institucional, ni utilidad práctica. Como su nombre indica, la Sala funciona en forma colegiada, lo que quiere decir que antes eran tres los Magistrados que resolvían los casos por mayoría de votos, y en adelante serán cinco los Magistrados que resuelvan los mismos casos, también por mayoría. A ojos vista, se advierte que la reforma no tiene por objeto mejorar la impartición de justicia ni atender un mayor número de expedientes, sino cambiar el equilibrio de poder decisorio al interior de la Sala, con fines de control que ponen al sistema judicial al servicio de la política.

Esta sospecha está fundada en el hecho de que como nuevos Magistrados fueron designados Miguel Mery y Ulises Hernández, conocidos cuadros políticos de los partidos PRI y PAN respectivamente, cuyos diputados locales en complicidad sacaron adelante tanto la reforma constitucional como el nombramiento de los nuevos integrantes de la Sala, de modo sorpresivo y sin mediar información o consulta previa de cara a la ciudadanía.

El gobernador Riquelme y los diputados al Congreso de Coahuila tendrán que explicar lo que está ocurriendo, porque todo indica que este reparto de cuotas y huesos, pretende dar carpetazo al escándalo judicial en comento, dejar que la cuerda se reviente por lo más delgado (los jueces suspendidos), y servir de tapadera a los funcionarios estatales y federales de alto nivel, involucrados en la red de corrupción cuyo hallazgo nos ocupa.

Lo más lamentable del caso es la manipulación de las instituciones en aras de la impunidad que se intenta consumar, y el arreglo amigable y en lo obscuro del panismo local, nada menos que con el PRI de los Moreira. Increíble pero cierto.

Leer más de EDITORIAL

Escrito en: Archivo adjunto

Noticias relacionadas

Siglo Plus

+ Más leídas de EDITORIAL

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 1534996

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx