No hay semana en la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no genere controversia por sus dichos o acciones. Hábil en el manejo de la agenda pública, el político izquierdista sabe cómo marcar la pauta sin la necesidad de grandes recursos para propaganda televisiva como los ejercidos por sus antecesores. Esta habilidad política le viene de su presencia de años en campañas, ya que se trata del personaje que más tiempo ha estado en el ojo del público de este país.
En lo poco que va del sexenio y de los meses previos, López Obrador ha abierto frentes con distintos actores nacionales por sus lineamientos en materia de seguridad, austeridad, corrupción, obras y presupuesto. Pero los roces tienen más que ver, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, con la forma que con el fondo, ya que difícilmente alguien pudiera sostener un argumento en contra del ahorro de recursos públicos o el combate a la violencia. El problema ha sido, casi siempre, por las maneras que ha seguido el primer mandatario.
La semana pasada ocurrió un hecho atípico a lo que se ha visto hasta ahora. Un medio de la capital de la República que cuenta con una conocida agencia informativa, Reforma, publicó una nota replicada por otros medios, entre ellos El Siglo, sobre el aumento en el número de homicidios dolosos entre noviembre, último mes del gobierno de Enrique Peña Nieto, y diciembre, primero de la administración de López Obrador. La primera reacción del presidente fue arremeter contra el medio y desacreditar la información, forma en que él y su equipo operan, descalificar con etiquetas antes que con argumentos y datos.
Un día después presentó cifras en las que, según el gobierno, si bien el número de asesinatos es mayor al reportado por la agencia en ambos meses, se observa una ligera disminución una vez iniciado el sexenio actual. Pero más allá de la controversia por los datos y la metodología de medición, hay un hecho interesante en todo esto: es la primera vez en la que la agenda no es marcada por el primer mandatario, sino que es éste quien se tiene que subir a un tren que su gobierno no arrancó.
Todavía más, la polémica ha servido para que López Obrador se comprometa a ofrecer de forma periódica y transparente los datos respecto a la violencia en el país e, incluso, se atrevió a fijar como plazo los primeros 100 días de su gobierno para comenzar a ver resultados tangibles en la lucha contra la inseguridad, luego de haber vivido el peor año en este renglón de la historia reciente de México. Cien días para que haya una baja sustancial en la cifra de homicidios dolosos y demás delitos de alto impacto.
La promesa llama la atención dado que se trata de uno de los problemas más complejos que enfrenta el país. Desde hace doce años, con todo y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, situación que seguirá en este sexenio ahora bajo la forma de una Guardia Nacional, la violencia no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. Dicho lo anterior, es válido y necesario preguntarse si la afirmación del presidente se da en un ejercicio de confianza real sobre la estrategia a seguir o significa una ocurrencia, como las vistas en los dos sexenios anteriores y ciertamente en algunas ocasiones en este corto inicio de administración.
Por el bien nacional, ojalá sea la primera; pero en el caso de que esa disminución se dé, es importante no perder de vista si el fenómeno se vuelve una tendencia y en qué medida serían las acciones del gobierno las que lo estuvieran provocando. No debemos olvidar que a mediados del sexenio anterior se dio una baja temporal en los asesinatos, pero sólo para después repuntar a los trágicos niveles recién vistos.
