¡Qué lío! Más de un instituto, comisión o tribunal creado a partir de los noventa sofisticó o pervirtió su función, o bien, puso sobre los hombros de su capitán en turno la valía de su autoridad y credibilidad. Hoy, plantear su reestructura y redimensionamiento se interpreta como un atentado a su autonomía e independencia y dejarlos tal cual, como una veneración por los elefantes blancos que, sin cumplir a carta cabal su cometido, sangran el presupuesto sin justificación.
Muchas de esas instancias pasaron a ocupar edificios grandes, sin albergar en ellos grandes instituciones.
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Como en otras esferas, la política de la desconfianza, del campanazo o de cuotas y cuates vició a muchos de esos organismos, dando por resultado un costoso y, a veces, mediocre ejercicio de modernización de los pesos y contrapesos de poder.
El diseño de esas instancias fue desafortunado. El número de integrantes de sus colegios o la selección de su presidente se determinó no por el perfil idóneo para desarrollar su función. No, se resolvió conforme a la correlación de fuerzas vigente entre los partidos políticos.
Luego, salvo excepciones, los beneficiarios del reparto de cuotas correspondieron el gesto entregando posiciones a los cuates del padrino que los designó. Brotó, así, un séquito impresionante de funcionarios no siempre útiles, aptos ni requeridos. A la par, también aparecieron acuerdos o resoluciones producto del compromiso contraído con el padrino, ajenos al derecho y la razón.
La estructura de esos órganos comenzó a deformarse y su funcionamiento se complicó a causa de la cantidad de procedimientos establecidos en su operación. Una maraña de reglamentos y regulaciones, derivada de la desconfianza entre los partidos, comenzó a pesar en el desempeño de esos organismos.
Recargados de personal y descargados de eficiencia, año con año, esas instancias incrementaron el monto de su presupuesto y, siendo autónomos, ni pío se decía en aras de un malentendido respeto a la institucionalidad. Poco a poco se acuñó la divisa, dicha recientemente por alguien: el respeto al poder ajeno es la paz, aunque le cueste a la nación.
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Desde luego, tras su maduración algunos de esos institutos han arrojado espléndidos resultados. Empero, no es esa la condición del conjunto de ellos.
Algunas comisiones, destacadamente la de Derechos Humanos, han ganado o perdido credibilidad, peso y autoridad según el titular que las encabece. El prestigio que la Comisión de Derechos Humanos ganó con su presidente fundador, Jorge Carpizo, contrasta con el que perdió bajo el mando de José Luis Soberanes o Raúl Plascencia. A lo largo de su historia, la fortaleza de esa instancia ha dependido del capitán en turno y no de la estructura de su configuración.
Otros institutos han sido víctima del cambio en la correlación de fuerzas entre los partidos. Más de una vez, el colegio de su gobierno ha sido decapitado al ritmo de la coyuntura prevaleciente, irrespetando con cinismo el plazo predeterminado del encargo y el acuerdo originalmente suscrito.
En otros casos, en atención a arreglos bajo cuerda, ajenos al cuidado de las instituciones, las fuerzas hegemónicas han ampliado a conveniencia el periodo de la encomienda dada a los miembros de esos órganos, brincándose principios constitucionales. Eso ocurrió recientemente con algunos magistrados electorales que, desde luego, no vieron mal protestar dos veces cumplir su compromiso.
Revisar sin pasión ni polarización a esas instancias puede generar no sólo ahorro de recursos, sino también garantizar prestancia, autonomía e independencia e institucionalidad.
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A excepción de algunos casos notables, en muchos de esos institutos, comisiones y tribunales se ha colocado no necesariamente a quienes por su verticalidad, profesionalismo e imparcialidad deberían de estar, sino a quienes garantizan disciplina y obediencia, cuando no docilidad. Esos criterios de selección de los integrantes de algunas comisiones o tribunales han dado lugar a espectáculos inconcebibles.
Dos ejemplos de lo anterior, uno relativamente remoto y otro reciente, podrían ser los siguientes.
El remoto. El enfrentamiento del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, del Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora Nacional), en enero de 2013, con el comisionado Gerardo Laveaga al ser electo presidente del organismo. De "perezoso e inexperto" no bajó Zaldívar a Laveaga, quien llegó al Instituto no por su especialidad en los temas relacionados con el órgano, sino por la defensa que, tiempo atrás, hizo del entonces presidente Felipe Calderón. En agradecimiento, en vez de una subsecretaría de Estado, el mandatario promovió su incorporación al instituto.
Ejemplo reciente. El desplante del magistrado José Luis Vargas solicitando debatir en el pleno del Tribunal Electoral la continuidad de su colega Janine Otálora en la presidencia del mismo a raíz de las diferencias que tuvieron con motivo de la validación de la elección de gobernador en Puebla.
Ejemplos como estos podrían integrar una enciclopedia.
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Hacer y deshacer institutos, comisiones y tribunales a capricho de la fuerza en el poder, siempre mirando por el interés particular o partidista sin atender la necesidad nacional, ha dado lugar a un cuento de nunca acabar en cuanto a las reformas y contrarreformas de esas instancias autónomas e independientes.
No está mal revisar bien y en serio a esas instancias. El ejercicio puede no sólo reducir su costo sino recolocar en la senda de institucionalidad a un país que se funda cada sexenio y nunca acabar de asentar sus cimientos y pilares.
APUNTES
Alguien debería explicar al nuevo gobierno que los organismos multilaterales donde confluyen el interés y la participación de distintos países no son dependencias nacionales del territorio donde se asientan.
