En asuntos de seguridad pública la función de las armas, sean de Ejército o la Marina, es la de actuar como recurso de última instancia cuando los demás instrumentos de seguridad fallan. En circunstancias normales la policía es a la que corresponde mantener orden en la comunidad, de que se respeten los derechos humanos y, aunque esto no suele marcarse mucho, que los humanos cumplamos con los deberes y obligaciones paralelos a los derechos que gozamos.
La cuestión que se presenta en sociedades menos desarrolladas como la mexicana es la notoria insuficiencia, o ausencia, de la organización policial. La incultura cívica prevaleciente puede ser parte del problema pero ella está muy por debajo en rango a la habitual impunidad que reina en México y que explica el amplio espacio y rango que aquí alcanza la criminalidad. Una lectura somera de los diarios o la atención a la programación de radio y televisión describen a nuestro país de los más criminales del mundo.
La insuficiencia de respuesta policial, aunada a la muy flexible eficiencia de la investigación y procuración de justicia, con la incesante repetición de eventos asesinos, no producen en la ciudadanía un clima de tranquilidad. Esta situación axiomática obliga a determinar el tipo de organismo que debe encargarse de ofrecer una callada y contundente protección al ciudadano y a organizaciones económicas o de toda índole en el diario transcurrir de vida social.
Las procuradurías se han visto anegadas por las mafiosas que invaden todos los sectores sin excepción. Insistir en apartar a la milicia del trabajo de seguridad necesaria para limpiar la inmundicia acumulada a lo largo de muchos años, sería la vía conscientemente equivocada que conduce a empeorar las cosas.
Una de las soluciones que cobrará creciente importancia al lado de las fuerzas armadas es seguir poniéndonos de acuerdo a nivel ciudadano, como ya se hace en algunas delegaciones, en nuestros barrios, calles o vecindades para crear sistemas de intercomunicación y alarma difunda instantáneamente sobre toda alteración de la vida normal que sintamos peligrosa, en el momento que sucede.
Sin desechar lo anterior, hay que decidir si vamos a tener a los soldados y marinos permanentemente en nuestras comunidades, sea para pacificarlas, o bien rechazar su presencia por el temor de caer en un especie de Estado Policía que habríamos creado. Nuestro instinto cívico nos indica que dar facultades extraordinarias al gobierno, de naturaleza militar, aunque sea por emergencias transitorias, es asunto de extremo cuidado. Tampoco hay que limitar la capacidad de respuesta que el Estado requiere en momentos de necesarios de combatir el crimen. Hay que insistir en la obviedad de dejar que las fuerzas armadas continúen la función que los dos últimos gobiernos les han tenido que dar.
De ninguna manera ello significa que los militares han de controlar el país. Desde luego que hay que estar alertas a cualesquiera eventualidades que la imaginación pueda urdir. Salvo que estemos en presencia de una siniestra confabulación en que altos grados militares estarían ya utilizando los vastos recursos científicos de informática avanzadas. El que desde hace años las fuerzas armadas renunciaron a toda acción política para dedicarse a defender la integridad de la Nación. Se entiende que este no es suficiente argumento para calmar la inquietud visceral de ver a un soldado raso en la calle. Recordemos, sin embargo, que todos los expertos y políticos que conocen el medio en que se revuelca la macabra confusión de mafias, fuerzas, intereses, presiones e interferencias nacionales y extranjeras, coinciden en que las policías jamás fueron preparadas para llenar sus más elementales tareas municipales. Capacitar a las policías en todo el país, tomará mucho tiempo.
La perspectiva de la Guardia Nacional, modelada en las que hay en varios países democráticos, es la solución que propone López Obrador. Requiere la reforma de numerosos artículos constitucionales para crear tal nuevo cuerpo especializado en el combate al crimen organizado. De no aprobarse, dice el Presidente, las fuerzas armadas tendrían que regresar a sus cuarteles por carecer de un estatuto que por fin legalizase la actividad que hoy día realizan sin mandato formal.
No hay que aceptar tal dilema. Será bueno discutir, pero con cordura y la rapidez que la situación demanda para crear la Guardia Nacional con los contrapesos que la sensatez exige.
