El miércoles siete de noviembre pasado, México presentó el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. No se puede afirmar que se reprobó o que se obtuvo "mala nota", ya que ese no es el formato de los resultados de la evaluación. La comparecencia corresponde al tercer ciclo del EPU, las anteriores fueron en 2009 y 2013.
Once países realizaron cuestionamientos a la delegación mexicana que presentó el informe nacional con motivo del EPU. En las siguientes líneas se recogen los puntos centrales de las intervenciones de: Uruguay, Suecia, Portugal, EE.UU., Suiza, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Eslovenia, España y Portugal; con la finalidad de presentar los acentos y matices que recibe México desde el exterior en materia de Derechos Humanos.
Un señalamiento constante refiere a la impunidad generalizada en el Estado mexicano, también en violaciones de derechos humanos. Es importante esta apreciación porque da cuenta que el análisis se hace desde la comprensión sistemática del actual ciclo de violencia en México.
Dos puntos que son constantemente cuestionados: la independencia política de las fiscalías especiales para la investigación de delitos, y la eficacia de la Alerta de Violencia de Género. Los dos instrumentos se cuestionan por la falta de credibilidad en su aplicación y en la idoneidad profesional de sus integrantes. Destacan las pocas sentencias.
Se señala la falta de claridad en la asignación del presupuesto para la Ley de Víctimas de Desaparición Forzada, en relación a la creación de los mecanismos para su aplicación, incluidas la Comisión de Búsqueda Nacional, la base de datos de ADN y las fiscalías especiales. Se pregunta por los obstáculos de aplicación en los estados federales y en el ámbito municipal.
Así mismo, se interroga por los periodistas y defensores de derechos humanos que han sido asesinados bajo la vigilancia del mecanismo de protección, se pone en cuestión la formación y la independencia de las personas que trabajan en brindar seguridad especial a este sector de la sociedad.
La delegación alemana preguntó por la actuación del Estado mexicano frente a la falta de confianza pública en la actuación policial y la impartición de justicia, así como por el aumento documentado de inseguridad. La falta de confianza, en general, es un efecto de la violencia que en México no se ha revisado suficientemente y se le da poca atención a los daños que genera en el largo plazo.
La delegación belga vuelve a cuestionar -porque ya lo había hecho en 2013- sobre la práctica en relación al uso desproporcionado de detenciones preventivas sin cargos comprobados. Considera que la práctica no fue revisada, y que aumentó en los últimos años. Cuando se hicieron estos cuestionamientos aún no estaba presentada la Ley que aumenta la lista de delitos en los que se podrá aplicar la prisión preventiva.
Si bien algunas representaciones de los países hacen referencia al delito de feminicidio, su aumento y, a la vez, la falta de tipificación; éstos cuestionamientos no incluyen una perspectiva de género transversal.
Sin embargo, la delegación eslovena cuestionó que la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, incesto, peligro para la salud o vida de las mujeres, ya que se aplica de manera distinta en las entidades federativas. Esto genera discriminaciones entre las mujeres, porque algunas quedan marginadas a causa de los bajos ingresos o por pertenencia a ciertos grupos de exclusión.
Estos cuestionamientos son heredados a la administración federal actual, que en este ámbito no da muestras de desatar procesos diferentes a lo vivido en los dos sexenios pasados. Así, estas preguntas, en plena época navideña, perfilan las tareas pendientes y los desafíos de México para la agenda pública del año próximo.
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