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Cautela indispensable

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LUIS F SALAZAR WOOLFOLK

El paquete de leyes en materia económica enviado por el presidente López Obrador al Congreso de la Unión el fin de semana pasado, es semejante a los planteamientos hechos en la llamada era neoliberal, y las novedades que contiene están siendo aplicadas con cautela.

Entre los casos más notables destaca el aumento del salario mínimo en la región fronteriza con Estados Unidos, en una proporción del cien por ciento, lo que AMLO propone como una forma de dar cumplimiento a sus promesas de campaña, para estrechar su nexo con los electores que lo llevaron al poder y consolidar la base de su gobierno.

Está claro que la posibilidad real de autorizar el incremento aludido, obedece a que en la práctica son muy pocos o ninguno los trabajadores que en efecto ganan el mínimo en la frontera, como también ocurre en la mayor parte de las regiones en el interior del territorio nacional. Lo anterior lleva a reflexionar sobre los verdaderos alcances de la medida adoptada, en cuanto al valor que tenga como palanca para aumentar el poder adquisitivo real de los trabajadores y en consecuencia, el operar como herramienta para fortalecer el mercado interno.

El rezago en el monto de los salarios mínimos oficiales, obedece a que durante más de cincuenta años el Gobierno f ha vinculado el monto salarial a la determinación de las cuotas obrero patronales del Seguro Social y del Infonavit. Esta política fiscal en la que el financiamiento de la seguridad social pesa en forma directa sobre los salarios, ha provocado una simulación generalizada en virtud de la cual, es frecuente que en pequeños y medianos negocios existan dos nóminas distintas, la que corresponde a la realidad, y la que se toma como base en las declaraciones de impuestos.

El peso de las contribuciones sobre el contrato laboral se convirtió en una carga que alienta el desempleo, por lo que el gobierno se ha hecho de la vista gorda respecto a la doble nómina, en lugar de hacer una reforma fiscal integral que ajuste el pago de impuestos a la luz de un criterio de equidad, que desvincule el financiamiento de la seguridad social, a cargas tributarias que pesan sobre el empleo de modo directo.

Lo anterior explica que el aumento del salario mínimo se haya convertido en una tarea inaplazable, con un doble objeto meramente fiscal, que consiste por una parte en ampliar la banda de exención de impuestos a los contribuyentes de bajos ingresos y por otra, combatir la economía informal. Falta una reforma tributaria que financie el costo de la seguridad social con cargo a impuestos generales, lo que constituye el camino idóneo para acceder a la protección universal en materia de salud y vivienda.

El planteamiento referido con antelación explica entre otras cosas, por qué las principales organizaciones patronales del país lejos de oponerse al aumento salarial en comento, lo apoyan para dejar de ocultar el salario real de sus empleados y aprovechar los deducibles correspondiente, al tiempo que mantienen la esperanza de que el aumento nominal de salarios no provocará inflación, en la medida en que tales salarios ya se están pagando desde hace tiempo.

La explicación en lógica fiscal que lo anterior implica, cuestiona en cambio que el aumento de salarios decretado, de cumplimiento al compromiso de campaña de López Obrador al respecto, en cuanto a que exista un aumento real, del que derive un fortalecimiento substancial del mercado interno.

El contraste que existe entre el aumento salarial en la frontera y el decretado en el resto del país, sugiere que se trata de un proyecto piloto y como tal, revela que el gobierno de AMLO está siendo cauteloso, frente al riesgo inflacionario que aun en las circunstancias descritas, pueda implicar la medida.

Cualesquiera que fuere la intención en relación al tema fiscal, la necesidad de fortalecer el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, y de reducir la brecha que existe entre ricos y pobres, es una realidad que el gobierno que inicia debe atender, tanto porque López Obrador lo ofreció en campaña, como por el hecho de que así lo demandan las condiciones actuales del país.

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