¿Cómo debe ser la relación entre las empresas y el gobierno? Responder a esta pregunta no es sencillo debido a los paradigmas de sociedad, gobierno y mercado que dominan las perspectivas desde las cuales se podría emitir una respuesta. Antes de aventurar una posición es necesario pensar en la pregunta previa, ¿es necesaria la relación empresa-gobierno? Al referirla como necesaria me refiero a la condición ineludible, no a la de conveniencia.
El tema ha cobrado relevancia mundial debido a la emergente influencia de grandes corporaciones globales cuyas ventas representan ingresos superiores a los que tienen múltiples países, pero también porque sus operaciones no se circunscriben a sus naciones de origen, sino que son marcadamente internacionales. Esto las convierte en jugadores fundamentales a la hora de discutir arreglos multilaterales tan relevantes como, por ejemplo, las directrices que deben considerarse para detener el cambio climático.
En México, con el ascenso del nuevo gobierno y la dinámica electoral que le antecedió, ha propiciado que se configure, aunque de manera casuística, un escenario de discusión en torno al papel que guardan las empresas en relación a la dinámica sociopolítica nacional pero también acerca del tipo de relación que deben sostener las empresas con la autoridad en un marco de pretendida transformación de las reglas formales e informales con que se ha desenvuelto el país en, por lo menos, las tres últimas décadas.
Para ofrecer una respuesta que trascienda la discusión de un caso específico, voy a referirme al planteamiento que diversos autores, entre ellos Paul Raskin y Gilberto Gallopín, postulan en su libro publicado por la CEPAL: "La gran transición: La promesa y la atracción del futuro" acerca de los agentes de cambio en el contexto de una economía y sociedad global.
Para estos autores, los agentes que en el planeta globalizado emergen como protagonistas de lo que denominan cambio son tres: los organismos intergubernamentales, las corporaciones transnacionales y la sociedad civil concretada en organizaciones no gubernamentales y comunidades religiosas, favorecedoras de toma de conciencia y valores colectivos.
El planteamiento da por supuesta la realidad compleja que conocemos como globalización. Es decir, la red de flujos políticos, económicos, sociales, ecológicos y culturales que conectan causas y consecuencias independientemente de las fronteras políticas tradicionales. De allí que los agentes que considera como protagonistas tengan como rasgo común lazos internacionales. Desde este ángulo, ni las instituciones políticas democráticas, ni las económicas del mercado, tendrían motivo para socavar entre sí sus cimientos y funciones y, por el contrario, poseen incentivos para una relación productiva en el sistema complejo del cual forman parte. Lo anterior permite responder a la primera pregunta de la necesidad de la relación entre gobierno y empresa en un sentido afirmativo. El sistema que nos hemos dado exige esa relación.
Esto no quiere decir que la relación entre ambas instancias deba ser estática y carente de tensiones. Por el contrario, los retos globales y nacionales que enfrentan les plantean exigencias de transformación, adaptación y cambio, lo que con toda seguridad puede propiciar condiciones de tensión entre gobiernos y empresas. Desde luego, doy por supuesto que estas tensiones no se refieren a las que se generan por incumplimiento de lo que conocemos como conformidad legal o "compliance" en un marco de certidumbre e instituciones sólidas y mecanismos de contrapesos institucionales, sino aquellas que emergen cuando, supuesto el cumplimiento, se pone sobre la mesa nuevas exigencias o necesarias adecuaciones en función de condiciones especiales o deseadas.
Con lo dicho anteriormente, y retomando el libro aludido, el número de variables a considerar en una sociedad compleja, como la nuestra, aumenta y profundiza la dificultad de la relación entre empresa y gobierno en un contexto de transición o transformación. De allí que la relación no solo deba darse, sino que ha de adquirir una naturalidad y transparencia tal que resulte en una mitigación de tensiones improductivas y favorezca, por el contrario, arreglos creativos en que ambas instituciones aporten a la transformación sistémica y no solo al beneficio de un solo jugador. Esto último sólo atizaría la tensión y estresa la comunicación. Los signos de apertura, certidumbre y compromiso deben ser claros para que la comunicación sea fructífera.
Cada empresa conoce los alcances de su participación, impactos de su condición y sus capacidades de involucramiento. Tener claridad al respecto facilitará el modo como puede plantear su relación con el gobierno.
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