Guardia Nacional, viable para abatir violencia: Morena y PT, El Siglo de Torreón
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Guardia Nacional, viable para abatir violencia: Morena y PT

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CIUDAD DE MÉXICO, lunes 17 de diciembre 2018, actualizada 5:48 pm

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Frente a especialistas e investigadores que cuestionan la Guardia Nacional, diputados de los partidos Morena y del Trabajo (PT) defendieron a la nueva corporación que tiene el propósito de proteger a la ciudadanía, a través de una fuerza civil.

“Es un intento de que ciudadanos con disciplina y educación militar puedan conformar una nueva fuerza”, sostuvo la legisladora morenista María de los Ángeles Huerta del Río al continuar el análisis de la iniciativa que crea la Guardia Nacional en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Afirmó que la permanencia de los soldados será mientras se arreglan los problemas; “es necesario porque se requiere combatir la brutal violencia; esta Cuarta Transformación implica cambios y tenemos que resolver el problema de inseguridad".

En tanto, la secretaria de la Comisión de Defensa Nacional, la también morenista Guillermina Alvarado Moreno consideró que no debe señalarse a los militares como asesinos, pues ellos dan la vida por los mexicanos.

La Guardia Nacional, explicó, no usaría equipamiento militar, sino armas oficiales; además, la reforma para crearla es constitucional, es decir, requiere mayoría calificada en las cámaras del Congreso y ningún grupo o coalición la tiene; por tanto, no habrá ninguna imposición.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Alemán Muñoz Castillo consideró poco clara la relación planteada entre la Guardia Nacional y la regulación de los cuerpos de seguridad privada; tampoco su actuación y temporalidad y añadió que la propuesta elimina todo lo referente a la Secretaría de Seguridad Pública.

Opinó que “llevar la iniciativa hasta cambios constitucionales indica que ese cuerpo no tendrá carácter transitorio; se modifican aspectos esenciales de las garantías individuales; se simula como algo temporal y no contempla la profesionalización de las policías”.

Su correligionaria Claudia Pastor Badilla refirió que la Ley de Seguridad Interior planteaba la temporalidad para atender una coyuntura en la que las policías estaban rebasadas. Esa norma regulaba la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta que los gobiernos locales prepararan a sus corporaciones.

En su oportunidad, Silvano Garay Ulloa, del PT, dijo que ningún ciudadano quiere ser policía, porque la delincuencia organizada tiene mejores armas que los cuerpos municipales, estatales y hasta federales; “la realidad es otra, nos exige a los militares; son los únicos que han entrado al tema de la seguridad en los municipios, aunque están entrenados para matar, también lo están para defender”.

La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la propuesta, como está redactada, dice que la Guardia funcionará mientras persista la inseguridad en el país; sin embargo, está demostrado que la violencia se ha incrementado a partir de que las fuerzas castrenses están en las calles.

Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Salinas Narváez manifestó que “la coyuntura no puede hacer que tomemos una decisión tan trascendental y poner la Guardia Nacional en la Constitución”.

En tanto, el investigador del Programa de Política de Drogas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous, consideró que no hay un diagnóstico serio sobre la creación de la Guardia Nacional.

En su opinión, “no se plantea la profesionalización de las policías y aunque refieren que se respetarán las garantías individuales, es sólo un dicho; en la realidad, se violan los derechos de las personas”.

De avalar ese cuerpo de seguridad, prosiguió, el actual gobierno será corresponsable de la continuidad de la militarización del país; además, “va en contra de lo que la Suprema Corte ya impidió”.

María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, estimó que los cambios constitucionales, en la magnitud como se plantean, cambiarán el equilibrio en donde el poder civil está por encima del militar, por lo que cuestionó la manera como se integró ese proyecto de dictamen.

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