En la colaboración anterior opinamos sobre la discusión pública que se ha generado en torno a la problemática del agua y las alternativas de solución que se están proponiendo por diferentes actores de la región, donde insistimos sobre la necesidad de definir prioridades en la política hídrica, particularmente en la asignación de fondos federales. Vale la pena retomar este tema con una proyección a futuro.
Hemos escuchado opiniones poco responsables sobre la situación de los recursos hídricos disponibles y utilizados en la región, sobre todo de los depositados en el subsuelo, como aquellos que afirman que hay agua para una centuria, que la instalación de filtros que secuestran el arsénico resuelve en forma definitiva la perdida en la calidad del agua o de que la solución de abasto de agua para la población se encuentra en la construcción de una potabilizadora. Algunas de ellas se basan en creencias y otras en estudios financiados por particulares con diagnósticos que podríamos calificar de serios pero donde se seleccionan alternativas a modo de los intereses creados en torno al manejo y uso del agua.
Los datos disponibles que se generan por estudios que la Comisión Nacional del Agua (CNA) realiza o contrata con despachos y universidades, por investigadores de universidades locales y foráneas, indican de manera irrefutable la sobreexplotación y contaminación del agua del subsuelo, al menos en tres de los ocho acuíferos que abastecen a la población y la economía regional. Algunos de ellos establecen tiempos en la disponibilidad en zonas donde los abatimientos son severos, y los de calidad del agua es por demás decir que esta se ha deteriorado, también en forma grave.
La visión de quienes minimizan el problema trasluce el conflicto de interés entre sus voceros que opinan con base a información científico-técnica y los usuarios que han abusado de los recursos hídricos disponibles en el subsuelo, y es esa visión poco verosímil, porque es interpretada parcialmente, la que nos quieren vender a los laguneros. Como habitantes de esta región nos preocupa el futuro de la misma, de la mayor parte de la población y de las propias actividades productivas porque se pretende continuar con el patrón de uso del agua, un patrón ya insostenible a corto, mediano y largo plazo, porque afecta la salud pública y la economía regional.
Por ello es importante que opinemos e incidamos en las decisiones que va tomar el próximo gobierno federal, ya que este cambio constituye una oportunidad de reorientar la asignación de los fondos federales destinados a atender esta problemática. Entre quienes hemos dado seguimiento a este asunto de la agenda del agua, particularmente quienes concurrimos en el colectivo de grupos y asociaciones civiles que forma Encuentro Ciudadano Lagunero (ECL), tenemos claro que el objetivo central de la política hídrica en la Comarca Lagunera debe ser apostarle a una visión de largo plazo, la de recuperar nuestros acuíferos.
Hemos insistido que esto implica conocer de manera veraz los volúmenes disponibles y los volúmenes extraídos del subsuelo. Para el primer caso hay que instalar equipos piezométricos en los pozos que nos permitan medir los niveles en que se encuentra el agua, crear una red piezométrica que provea información a nivel de todo el acuífero y no solo de algunas zonas de este, como se está haciendo actualmente, que esa información confirme o corrija las estimaciones hechas a la fecha.
Pero también es necesario medir a través de telemetría los volúmenes extraídos en todos los pozos de los cuales se bombea agua, así como la calidad que esta tiene en parámetros biológicos, físicos y químicos, que confirmen o corrijan la información parcial que se tiene a la fecha, mediciones similares a las que efectúo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en 1991. Sin esta información básica será difícil conocer el estado real en que se encuentran nuestros recursos hídricos del subsuelo y, por consecuencia, es fundamental para diseñar un proyecto de recarga de los acuíferos.
De ahí que pensamos que los fondos federales que se asignen para el próximo año se destinen a instalar los equipamientos que permitan obtener la información confiable con la cual podamos empezar a resolver el problema central de la sobreexplotación y contaminación de nuestros acuíferos. La susodicha potabilizadora de aguas del río Nazas es un proyecto que no solo refleja una visión cortoplacista de quienes la proponen, y quizás entre algunos de ellos un interés comercial por la obra, sino que de manera irresponsable desvía la atención sobre el problema central mencionado.
Quienes participamos en el colectivo ECL queremos convencer a los tomadores de decisiones de los fondos federales y a los ciudadanos laguneros, de que ya es tiempo de abordar el toro por los cuernos y no dar evasivas a este grave problema que cancela las oportunidades de vida (en la medida que está afectando la salud pública y el abasto de agua como derecho humano) y el desarrollo regional (en la medida que destina la mayor parte de los fondos a mantener un patrón de uso del agua por demás insostenible).
Considerar estas prioridades para el próximo año no requiere grandes montos de fondos públicos y, en general, resulta menos oneroso que la potabilizadora o de continuar con el esquema actual de tecnificar el riego agrícola del que se carece de información sobre su impacto real en la recuperación de los acuíferos. Esta última ya no es una prioridad en la política hídrica regional y, de seguirse aplicando, debe implicar una corresponsabilidad de sus beneficiaros en el cuidado del agua, ya que regionalmente han surgido otras como resolver el problema de abasto de agua potable y el saneamiento de las aguas residuales y pluviales urbano-domésticas, sin dejar de apoyar proyectos como la recuperación del bosque y los pastizales en la parte alta y media de la cuenca.
