La controversia que rodea a la confusa intención del actual Ayuntamiento de Torreón de reabrir las calles que en los últimos años fueron cerradas a iniciativa de los vecinos de varias colonias residenciales debido a la inseguridad, es una nueva evidencia de un problema mucho más profundo.
Los primeros fraccionamientos de circuito cerrado surgieron en Torreón a principios de los años 90 del siglo XX como una alternativa a la caótica expansión de la mancha urbana. Los desarrolladores de vivienda regionales recogieron una tendencia de otros países en donde el suburbio se convirtió -o al menos esa era la aspiración- en un oasis de tranquilidad, lejos del bullicio, la decadencia y la inseguridad de los núcleos originales de las ciudades.
La explosión de la versión lagunera de estos oasis se dio en la primera década del siglo XXI, con un crecimiento acelerado de sectores habitacionales al oriente de la ciudad y una agresiva política de créditos hipotecarios impulsada por el Gobierno federal de entonces. La oferta de las inmobiliarias se centraba no sólo en vender un estilo de vida, sino también en brindar seguridad y tranquilidad, algo que ha resultado hasta cierto punto ilusorio, ya que la realidad ha demostrado que también se cometen crímenes dentro esos espacios cerrados.
A pesar de las recomendaciones de organismos como ONU-Habitat contra este tipo de complejos habitacionales, por las consecuencias negativas para la cohesión de la ciudad, las autoridades locales avalaron tal número de fraccionamientos cerrados al grado de que prácticamente del nivel socioeconómico medio hacia arriba la oferta quedó acaparada por este concepto de colonias. La ciudad se dividió, entonces, en tres zonas: centro, periferia abierta y periferia cerrada. Luego vino la ola de violencia, la peor que haya azotado a la región en su historia reciente.
La falta de respuesta de las autoridades hacia la creciente demanda de los ciudadanos afectados por la criminalidad derivó en una reacción legítima de los vecinos de las colonias abiertas que intentaron buscar alcanzar los beneficios de los habitantes de las colonias cerradas. Así comenzó la clausura de calles en sectores tradicionales de nivel medio hacia arriba, a veces de forma regular, la mayoría de las ocasiones de manera irregular. La justificada desconfianza de los ciudadanos llevó a estos a buscar la ansiada seguridad por su propia cuenta frente a un problema en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno se vieron rebasadas.
Ahora, de acuerdo con las declaraciones del regidor Juan José Arellano Ramírez, presidente de la Comisión de Urbanismo, el Ayuntamiento de Torreón ha comenzado a preparar el terreno para la reapertura de las calles cerradas. El argumento es que los tiempos han cambiado, la inseguridad ha disminuido y los cierres fueron planteados originalmente como provisionales. Todo indica que se iniciará por la colonia Campestre La Rosita, en donde los colonos ya se organizan para promover amparos contra la decisión de la autoridad.
Más allá de que era obvio desde el cierre de las vías que los vecinos no iban a estar de acuerdo con su reapertura, la controversia actual refleja que la desconfianza ciudadana en el tema de la seguridad sigue vigente con todo y que muchas de esas colonias representan parte importante de la base electoral del actual alcalde, Jorge Zermeño. La autoridad deberá ser sensible si en verdad pretende recuperar la normalidad urbana rota por la violencia y el consecuente cierre de calles en aras de una mejor conectividad vial y una mayor cohesión social, que es lo que debe prevalecer.
Lo primero que deben de demostrar las autoridades de los tres niveles, con hechos, no sólo con dichos, es que existe un plan bien estructurado para prevenir y combatir la delincuencia y evitar que la violencia regrese a los niveles vistos en los años 2009-2014. Sólo así podría desmontarse el argumento que hoy tienen muchos colonos para mantener cerradas sus calles.
