La noticia según la cual, el Juez que en España conoce del caso de Humberto Moreira reabrió el expediente penal, seguido por actos de corrupción en los que el exmandatario incurrió a su paso por el gobierno de Coahuila, es congruente con la vigencia de una demanda ciudadana que exige justicia.
De acuerdo a la información sobre el particular, el desahogo de testimonios obtenidos en fecha reciente en la ciudad de San Antonio, Texas, por parte de fiscales españoles que habrían viajado a esa ciudad con el propósito de continuar las averiguaciones, revelan que el que fue secretario de finanzas en el primer sexenio de la era Moreira, declaró haber sustraído por órdenes de su exjefe y entregado a éste por diversos conductos, ciento treinta millones de euros, que equivalen a una suma aproximada de tres mil millones de pesos,
El robo de recursos mencionado, echa por tierra la explicación con la que el ex gobernador trató de justificar el origen del dinero con el que pagó su estancia en la ciudad de Barcelona, durante los años en que permaneció en el país ibérico, dizque haciendo estudios superiores de historia. Al caer por tierra la coartada, resurge la sospecha de que Humberto introdujo a España dinero de origen ilícito, pero ahora con mayor fuerza que nunca, en virtud de la confesión de uno de sus principales colaboradores, que reconoce que actuó como cómplice de quien fue su jefe.
A las noticias sobre la reapertura de la indagatoria, Miguel Riquelme declara que el gobierno a su cargo está en disposición de colaborar en la investigación, con las autoridades nacionales e internacionales que lo soliciten. La declaración referida se advierte falaz y constituye una mera formalidad, porque la experiencia indica que los gobernadores que sucedieron a Humberto en el cargo, tanto Moreira Rubén como el propio Riquelme, han actuado como cómplices y tapadera del hoy investigado en el extranjero, e incluso han formado y forman parte de la misma estructura perniciosa que mantiene impune la deuda de cuarenta mil millones de pesos, que pesa sobre las espaldas de tres generaciones de coahuilenses.
Es de recordar que a principios del dos mil dieciséis, cuando Humberto Moreira fue detenido en España acusado de lavado de dinero, el gobierno de Enrique Peña Nieto dilapidó lo que le quedaba de su prestigio, al ejecutar una operación diplomática de Estado para proteger a e fue presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, precisamente en los días en que Peña Nieto fue ungido como candidato de esa organización política a la Presidencia de la República.
La ejecución de la maniobra, incluyó una supuesta exoneración de la Procuraduría General de Justicia de la Nación y un dictamen de la Secretaría de Hacienda de la Federación, que frente a los hallazgos de la justicia española y estadounidense que son objeto de comentario, quedan severamente cuestionadas.
Al reclamo que suscita el tema de la deuda, se suma la demanda de miles de coahuilenses que continúan exigiendo justicia en apoyo a los familiares de las personas muertas o desaparecidas, víctimas de la ola de violencia que azotó a la entidad como nunca antes en la historia reciente, la cual tuvo su origen en la complicidad entre el crimen organizado y el gobierno de Moreira.
Las causas estructurales y los efectos del pernicioso contubernio entre autoridad y criminales aún están presentes entre nosotros, como lo demuestran las quejas continuas en contra del proceder ilícito y abusivo de la llamada Fuerza Coahuila, monstruosa combinación de policía política y banda criminal, cuya desaparición piden diversos sectores ciudadanos.
El material que aporta esta nueva fuente de información ofrece un destello de esperanza a muchos coahuilenses, conscientes de que la referida alianza entre Gobierno estatal y delincuencia es la responsable de los males que hemos padecido en los últimos años, y mueve a exigir a la próxima administración federal que está por iniciar, que haga las investigaciones que haya menester, se castigue a los responsables y emprenda un intento serio por recuperar el dinero robado a los coahuilenses.
