A pesar de los numerosos intentos oficiales por sepultar el tema, siete años lleva ya la deuda de Coahuila dando de qué hablar en América y más recientemente también en Europa. La reactivación de la causa penal en España contra el exgobernador Humberto Moreira ha puesto de nuevo la lupa en el asunto medular de toda esta trama y que no se debe perder nunca de vista: el destino del dinero que se obtuvo a través de créditos contratados en parte de forma irregular. Las revelaciones ventiladas por la prensa ibérica la semana pasada son de suma relevancia ya que se trata de declaraciones hechas por uno de los artífices de los presuntos malos manejos financieros: Javier Villarreal, quien fungió como secretario estatal de Finanzas y director del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila; es decir, el zar financiero del gobierno de Moreira I. En este tiempo el caso ha pasado de ser un asunto estatal primero, nacional después y ahora internacional con implicaciones en todos los niveles.
Hace siete años precisamente Villarreal fue detenido por la Fiscalía General del Estado acusado del delito de falsificación de documentos para contraer deuda pública. No obstante, días después fue puesto en libertad bajo fianza a la par de que se abrió el proceso en su contra. Sería la última vez que se le vería en Coahuila, ya que la justicia estatal "le perdió el rastro" en enero de 2012 y un mes después fue detenido en Texas pero liberado por error. En ese momento la justicia estadounidense comienza el asedio al extesorero estatal quien posteriormente sería acusado de lavado de dinero y transportación de dinero robado en el exterior. Tras el decomiso de sus propiedades y cuentas, Villarreal se entregó en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, en febrero de 2014 para en septiembre del mismo año firmar un acuerdo de culpabilidad que permanece bajo reserva mientras el exfuncionario espera sentencia en libertad condicional. Hasta la semana pasada, la confesión de Villarreal era un secreto que ha comenzado a salir a la luz gracias a las indagatorias de los fiscales españoles.
Lo declarado por el otrora zar financiero de Coahuila en San Antonio el 13 diciembre de 2017, el mismo día que se dio a conocer que la justicia estadounidense reactivó el caso contra el exgobernador interino Jorge Torres López, también involucrado en esta trama, con la finalidad de solicitar nuevamente su captura pero ahora con fines de extradición, pone sobre la mesa la operación de una estructura dentro del gobierno estatal en el sexenio de referencia presuntamente dirigida por el propio Humberto Moreira para extraer recursos del erario de manera irregular. Una estructura en la que, según las investigaciones reveladas, habrían participado otros funcionarios y personajes políticos, como David Aguillón, exsecretario de Gobierno y actual presidente de la Fundación Colosio, y Francisco Tobías, exsecretario particular de Humberto Moreira, exdiputado local, y actual director del Colegio de Estudios de Ciencia y Tecnología del Estado (Cecyte), así como el empresario mediático Rolando González Treviño, ya sentenciado por conspiración para transportar dinero robado en el exterior, cargo del que se declaró culpable en mayo de 2015.
Este último dato resulta trascendente ya que González Treviño reconoció en su acuerdo de culpabilidad haber participado en una operación para robar fondos públicos del estado de Coahuila en el sexenio 2005-2011 y en donde incrimina a quien fungía como gobernador en ese entonces al señalarlo como presunto responsable de la malversación de recursos, junto con otros conspiradores. El empresario saltillense también fue entrevistado por los fiscales españoles en diciembre pasado y su relato cuadra con el ofrecido por Villarreal, por lo que las autoridades judiciales ibéricas decidieron reabrir la causa contra Humberto Moreira, misma que se había archivado tras su detención y posterior liberación a inicios de 2016, por los presuntos delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho y organización criminal. El diario El País reportó en su momento la activación de la maquinaria diplomática mexicana para ayudar al exgobernador y expresidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Posteriormente, el diario El Universal publicó la exoneración que la Procuraduría General de la República concedió a Moreira en México en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón, documento que fue vital para que el político coahuilense recuperara su libertad.
De esta manera los fiscales estadounidenses y españoles han venido contestando a las preguntas que en Coahuila se han planteado en numerosas ocasiones a la luz de las revelaciones a lo largo de estos siete años: ¿a dónde se fue el dinero de la deuda estatal? Y ¿hubo robo al erario en el sexenio de Moreira I? Todo apunta a una respuesta afirmativa en ambos casos y que parte de los recursos habrían terminado en Estados Unidos y España, de ahí el interés de las autoridades de ambos países en el asunto. Como antecedente, es importante recordar que justo también hace siete años, luego de la primera reestructura y consecuente legalización de la deuda bancaria y a unos días de la toma de protesta de Rubén Moreira, hermano de Humberto, como gobernador, tras una elección marcada por una cifra récord de votos y en medio ya del escándalo por los endeudamientos irregulares, El Siglo de Torreón reveló que el sexto informe del gobierno estatal dejaba sin explicación ni justificación 18,000 millones de los 36,000 millones de pesos conseguidos a partir de los créditos contratados en el sexenio. La administración de Moreira II transcurrió en la negativa a la respuesta de las preguntas sobre la deuda con todo y el aparente distanciamiento entre el gobernador y su antecesor. La importancia de la figura de Rubén en el gobierno de su hermano ha sido puesta de manifiesto por el propio Humberto y otros personajes, por lo que habría que preguntar también hasta dónde llega la responsabilidad de la cabeza de la segunda versión del moreirato en esta historia.
Otras interrogantes que vuelven a surgir a raíz de la declaración de Villarreal es si hubo dinero público de Coahuila en la campaña del hoy presidente de la República Enrique Peña Nieto y en las campañas de las elecciones estatales de 2011, incluida la de esta entidad, y cuál fue el papel que habría jugado en toda esta historia Juan Manuel Muñoz Luévano, empresario lagunero detenido en España bajo los cargos de lavado de dinero y organización criminal. Y es que en los testimonios obtenidos por los fiscales españoles en diciembre pasado se menciona una supuesta reunión entre el expresidente nacional del PRI y este personaje vinculado con un grupo criminal, además de que Humberto Moreria habría apoyado a Peña Nieto para lograr que fuera presidente. Todas estas preguntas son relevantes para completar el rompecabezas del caso de una deuda que, a siete años y contando, sigue consumiendo una parte importante del presupuesto de Coahuila, y lo continuará haciendo por lo menos hasta 2048 debido a la tercera reestructura que acaba de firmar el gobierno de Miguel Riquelme con los bancos este fin de semana. Y precisamente por ello el balón también está en la cancha de la actual administración estatal, que tiene la opción de tomarlo y responder a la ciudadanía o patearlo y sentarse a esperar que las autoridades extranjeras sean las que expliquen qué fue lo que pasó en el sexenio de Humberto Moreira, tal y como ha ocurrido hasta ahora.
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