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LUIS F SALAZAR WOOLFOLK Miércoles 7 de nov 2018, actualizada 8:02am ... Anterior El Siglo 5 de 10 Siguiente ... El Siglo

Blindaje a la corrupción

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La convocatoria para designar al titular de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila que cierra el registro de candidatos el día de hoy, es parte de un proceso de blindaje construido para asegurar a futuro, la impunidad de la que gozan los hermanos Moreira y sus cómplices.

Como es del conocimiento, el Sistema Estatal Anticorrupción fue creado el año pasado, mediante un albazo legislativo una vez que los resultados de las últimas elecciones locales confirmaron que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, lo que trajo como resultado una ley a la medida los deseos del Moreirato.

Lo anterior porque la Ley en cita, lejos de facilitar la participación ciudadana en las funciones de contraloría y supervisión de los recursos públicos del Estado, se ha convertido en un instrumento para someter a la sociedad civil a una especie de control orgánico, por medio de un aparato burocrático que mediatiza a los liderazgos, y asfixia todo intento de participación en las tareas de transparencia y rendición de cuentas.

Como botón de muestra, encontramos en la Convocatoria un requisito que exige a los aspirantes a ocupar el cargo "Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación de políticas públicas fiscalización y rendición de cuentas o combate a la corrupción". La exigencia resulta absurda y contraria al objetivo de ciudadanizar el Sistema Anticorrupción, porque siendo éste un instrumento creado el año pasado, es evidente que los únicos que tendrán "experiencia… de al menos cinco años…" en las tareas mencionadas, serán burócratas relacionados con las mismas y como consecuencia, empleados del Moreirato.

La Ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila, plantea las funciones de auditoría y fiscalización al gobierno como si fueran una ciencia hermética, cuando en realidad cualquier auditor experto en negocios del sector privado, tiene los conocimientos y las habilidades idóneas y suficientes para acometer la tarea. Como consecuencia la Convocatoria en comento, como todo lo relacionado con el Sistema Anticorrupción es una burla, porque su origen jurídico y sus expectativas prácticas, ninguna garantía ofrecen al combate a la corrupción.

Por eso no es extraño que en el escenario descrito, la deuda pública de Coahuila que es producto de un fraude colosal alcance los cuarenta mil millones de pesos y a pesar de que se advierte impagable, el delito permanece impune. El derroche continúa, puesto que a dos meses del cierre de ejercicio en este primer año de la administración de Miguel Riquelme, mientras la inversión en obra pública apenas llega al cuarenta y dos por ciento de lo previsto en el presupuesto, el gasto en "asesorías" se dispara veintiuna veces por encima de lo programado.

Resulta obligada la pregunta que en forma recurrente han hecho los ciudadanos al gobernador en turno en los últimos siete años, en cuanto a lo que se haya hecho para investigar el destino de los recursos obtenidos de la megadeuda y castigar a los culpables. A la interpelación mencionada repetida hasta la saciedad, el viernes pasado el gobernador contestó que "no descarta" que la Fiscalía de Coahuila proceda en contra del ex gobernador Jorge Torres López.

La respuesta de Riquelme es un desplante de cinismo, porque con independencia de la responsabilidad que corresponda al personaje mencionado, se trata de una comparsa de los actores principales. Son los ex gobernadores Moreira los responsables frente a la justicia y de cara a la historia, de la quiebra económica, institucional y humana, que pesa sobre el destino de los coahuilenses. Son ellos, los arquitectos del Sistema Anticorrupción de Coahuila, utilizado como garantía de impunidad.


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