El elevado nivel de desconfianza que inspira a muchas de las disposiciones de la legislación electoral en México, hace que uno de los mayores obstáculos a la reelección de los Ejecutivos estatales y federal sea la alta probabilidad de que utilicen los recursos públicos (humanos, materiales y económicos) para impulsar su campaña.
Por supuesto que esta desconfianza nace de la historia reciente: es una realidad que todos los gobiernos (sin importar que partido los postuló y ahora es evidente que ni siquiera los llamados independientes se escapan) desvían los recursos públicos para intentar obtener una ventaja para sus candidatos. Esto es por demás evidente en el caso de las elecciones intermedias, en todas las entidades federativas y, desde luego, a nivel federal.
La investigación que ha llevado a cabo la Fiscalía General de Chihuahua demuestra además que esto no sucede únicamente en el caso de las elecciones de la misma entidad o circunscripción gobernada, sino que además se teje una bien estructurada red de complicidades que implica a los gobiernos federal y de otras entidades, siempre bajo la lógica de obtener recursos adicionales a los establecidos en la ley.
Esto es lo que está detrás de la disputa entre las autoridades estatales y federales en el caso de la detención de Alejandro Gutiérrez, operador político y financiero de Manlio Fabio Beltrones, durante su período como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Hoy es una realidad que México ha conseguido que la alternancia de las fuerzas políticas en el gobierno de las entidades y la república ya sea la regla y que salvo 5 entidades federativas (Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México e Hidalgo, son la excepción) en todas las demás ya se haya dado, inclusive en varias ocasiones como ha sucedido a nivel nacional.
Ya se logró dar un paso adelante en la reelección, al permitirla en el caso de los presidentes municipales (aunque sea únicamente en una ocasión) y en los legisladores (hasta por doce años), sin embargo, todavía hay resistencia (basada principalmente en la historia y la tradición) para extenderlo a los gobernadores y el presidente. Por supuesto, ya hay muchas voces que sugieren que ya es momento de empezar a desmontar muchos de los candados establecidos en las leyes electorales, dado lo comentado en el párrafo anterior.
Sin embargo, hay un problema mayor en México, que es precisamente el que hace que no se pueda bajar la guardia, en éste y en otros temas, la ausencia de un adecuado sistema de rendición de cuentas, que impida que los recursos públicos se desvíen de la función para la que están destinados.
Las cuatro mayores calamidades (pobreza, desigualdad, inseguridad y corrupción) que azotan a México, tienen una de sus principales causas precisamente en la ausencia de ese sistema de rendición de cuentas, que evite el desvío de los recursos públicos y permita sancionar a quienes abusan de sus posiciones en el gobierno para enriquecerse desmedidamente.
Esto es igualmente una realidad innegable y cada día más evidente, gracias a los avances que se han podido dar en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información pública.
Sin embargo, cuando el presidente del vecino país del norte (que siempre ha presumido de instituciones sólidas y cultura de la legalidad) utiliza descaradamente los recursos públicos para intentar impulsar a los candidatos de su partido y así retener el control en las dos cámaras.
Donald Trump ha utilizado la caravana de migrantes hondureños para exacerbar la pasión nacionalista y aislacionista de un grupo muy importante de los votantes norteamericano. La combinación de los dos factores: la probabilidad real de perder la mayoría en la Cámara de Representantes (de acuerdo a las encuestas públicas) y los miles de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos, le hicieron dejar atrás cualquier escrúpulo (que por cierto nunca ha tenido).
Así, por una parte, miente descaradamente (pues él mismo admite que no tiene pruebas) al señalar que dentro de la caravana se encuentran terroristas y criminales como una forma de incrementar el rechazo; utiliza la vil mentira, hoy eufemísticamente denominada como posverdad o FakeNews, para acrecentar los temores y ganar adeptos.
Pero, por la otra, envía a sus fuerzas armadas a la frontera con México y los exhibe en diversas tareas: instalando cercas con alambres de púas, volando un helicóptero sobre el puente y realizando tareas de inspección que interrumpen el flujo en los puentes. Toda esta exhibición a pesar de que ya varios grupos norteamericanos han dejado bien claro que jurídicamente el presidente está imposibilitado de utilizar al Ejército y la Marina para estas tareas, con lo cual es evidente que es simplemente una ostentación imposible de materializar.
Sin embargo, también evidencia el uso de los recursos públicos (económicos, humanos y materiales) para fines estrictamente electorales, pues lo hace en estos momentos a pesar de que la supuesta amenaza de la llegada de los migrantes no tiene forma de concretarse antes de la jornada electoral (el próximo martes 6 de noviembre), con el único afán de ganar adeptos y votos.
Por supuesto que ese uso electoral de los recursos públicos seguramente se agudizará dentro de dos años, cuando lo que esté en juego sea su reelección, pues sí está dispuesto a correr todos los riesgos, para mantener el control del Congreso, no habrá ley que lo detenga cuando se trate de su reelección.
Si eso sucede en un país en el que de acuerdo a la percepción generalizada se respetan las leyes y se sanciona su violación; es conveniente ser prudentes y cautelosos antes de empezar a desmontar candados.
