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LUIS F SALAZAR WOOLFOLK Miércoles 17 de oct 2018, actualizada 4:30am ... Anterior El Siglo 8 de 9 Siguiente ... El Siglo

Sistema Anticorrupción

El Siglo

La designación de Jaifa Pacheco, como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, es una prueba contundente de que el referido Sistema, nació muerto.

El Sistema Estatal Anticorrupción, fue creado por una ley del Congreso de Coahuila publicada en el Periódico Oficial el catorce de julio de 2017. La Ley fue cocinada al vapor en tiempos de Moreira Rubén, una vez que los resultados de las elecciones locales del cuatro de junio del año pasado, confirmaron que el PRI perdió la mayoría en el Congreso y como consecuencia, fue menester legislar a modo, a toda prisa, y sin que mediara consulta ciudadana, con el objeto de prolongar por tiempo indefinido, el manto de impunidad que cubre al Moreirato.

El Sistema en comento pretende ser la adaptación de su equivalente a nivel nacional, creado por demanda de la sociedad civil organizada, con la idea de abrir las funciones de controlaría a la participación ciudadana, con el fin de prevenir hechos de corrupción y fiscalizar el uso de los recursos públicos. Contrario al fin para el cual fue creado el Sistema, su diseño e instrumentación en Coahuila ha generado un enorme aparato burocrático, anexo y orgánico a la estructura del estado, que como tal impide la participación de ciudadanos libres de compromiso con instancias gubernamentales.

El resultado fue un costosos elefante blanco de múltiples cabezas, entre las que se encuentran un Comité Coordinador integrado por un Fiscal especial y otros seis funcionarios de primer nivel del Gobierno estatal; un Comité de Selección; un Consejo de Participación Ciudadana; una Comisión Ejecutiva, una Secretaría Técnica y una Secretaría Ejecutiva. Sólo esta última dependencia ocupa veinticuatro burócratas con sueldos altos, entre la titular de la Secretaría, directores, subdirectores y jefes de departamento, lo que es fácilmente comprobable en la página que el Sistema tiene en internet.

Los métodos para nombrar a los integrantes de los organismos involucrados y las reglas de su renovación, garantizan impunidad para el Moreirato, porque la base del Sistema está integrada por exfuncionarios ligados a los gobiernos de los hermanos Moreira, designados por el Congreso de mayoría priista antes de que concluyera 2017. La ley cuyo comentario nos ocupa, opera como una trampa que coloca a las asociaciones de la sociedad civil en la disyuntiva de hacer el juego y servir de paleros o de abstenerse de participar, resignándose a la marginación.

El laberinto burocrático descrito, que garantiza que el Sistema Estatal Anticorrupción no funcione, provocó que el año pasado las organizaciones no gubernamentales de La Laguna de Coahuila, agrupadas en la llamada Alianza Anticorrupción, decidieran no proponer candidatos para la integración del Consejo de Participación Ciudadana, lo que en aquellos días ocasionó críticas del público y diferencias entre los organismos de la sociedad civil que componen la Alianza, amenazando su armonía funcional.

Este año, algunas de las organizaciones de la Alianza contra la Corrupción promovieron un perfil específico para renovar una posición vacante en el Consejo, en un proceso que culminó hace doce días. En el proceso en comento resultó elegida por la Comisión de Selección del Sistema la mencionada Jaifa Pacheco, persona ajena a toda forma de participación ciudadana y sin más antecedentes profesionales que los de tener una carrera burocrática de nivel medio, al amparo de los gobiernos de Moreira Humberto y Moreira Rubén.

Lo anterior resulta decepcionante, porque de cuatro aspirantes la elegida fue la peor calificada por el Comité de Selección del Sistema, conforme a reglas de evaluación establecidas por el propio Comité, lo que mueve a mal pensar, a desconfiar y a sospechar. La forma de operar el Sistema Anticorrupción de Coahuila desde la cúpula del poder, en el marco de la perversa legislación objeto de comentario, lejos de ofrecer alternativas a la participación ciudadana es una trampa y un órgano burocrático más, costoso e inútil, como muchos que son creados con la deliberada intención de que no funcionen.


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