Verdades y rumores
Justo un año después de que en este diario se publicara la denuncia de un empresario chihuahuense de bienes raíces contra un enjuague de gran magnitud para despojar de sus casas a decenas de miles de beneficiarios del Infonavit vía procedimientos legales amañados, nos cuentan que el Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila está investigando el proceder de los jueces civiles y letrados que facilitaron las órdenes de desalojo en supuesto contubernio con autoridades de Infonavit y particulares de una empresa creada ex profeso para revender las casas incautadas a precios superiores a los establecidos originalmente. La hemeroteca, que no miente, registra que el empresario, de nombre Mario Alberto Sánchez, acusó que la travesura consistía en abrir procedimientos...
Contra los trabajadores que habían tramitado una vivienda bajo el pretexto del rezago en el pago de la mensualidad, pero sin permitirles defensa alguna. Según dijo entonces el denunciante, alrededor de 300,000 personas de todo el país habrían sido afectadas por esta especie de conspiración, de las cuales 5,000 estarían en La Laguna. El empresario señaló al síndico municipal de Gómez Palacio, José Lorenzo Natera, como uno de los responsables del enjuague, ya que había fungido como director jurídico de Infonavit. Don José no se quedó callado y respondió que don Mario intentó extorsionarlo. Hasta ahí quedó la cosa entonces. Pero ahora se sabe que desde hace algunos días los emisarios del Consejo de la Judicatura estatal han estado visitando los juzgados mencionados para revisar los expedientes e interrogar a los titulares de los mismos. Dicen que llegan desde muy temprano y cierran las puertas para llevar a cabo sus indagatorias. El asunto podría ponerse más escabroso e involucrar incluso a exfuncionarios de diversos municipios, entre ellos Torreón, ya que, como también publicó este medio en abril de 2016, se dieron casos de desalojo por adeudos del impuesto predial amparados en la firma de convenios entre el Infonavit y ayuntamientos para la recuperación de viviendas supuestamente abandonadas. Parece que hay mucha tela de donde cortar en este asunto. No le cambie.
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El truculento caso de la licencia de funcionamiento a un casino se niega a morir. Y es que cada vez que hablan los funcionarios locales, en vez de aclarar las cosas, las revuelven más, aunado al silencio de otros que deberían de aportar su versión de los hechos. El capítulo más reciente de esta telenovela corrió por cuenta de Fernando Jaime, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, quien dijo esta semana que él firmó la mentada licencia de funcionamiento “por instrucción del área jurídica”, pero no supo especificar a qué área se refería, si a la de la Presidencia Municipal, o a la del Tribunal de Justicia Municipal. En cualquier caso, el hecho de que haya reconocido de que el trámite inició antes de julio, es decir, antes de los comicios a través de los cuales el alcalde Jorge Zermeño se pudo reelegir, evidencia que este asunto se venía fraguando ya desde hace tiempo. Pero el asunto central no ha quedado esclarecido: ¿por qué si la empresa casinera solicitó un refrendo, que al negársele en la Ventanilla Universal, decidió acudir al Tribunal local, que emitió una orden, el Ayuntamiento termina otorgándole una licencia? Lo curioso del caso es que el encargado de Ventanilla Universal no ha querido explicar qué fue lo que pasó en lo que a su dependencia corresponde. Los subagentes cuentan que han escuchado en el radiopasillo de las malas lenguas que uno de los más activos “gestores” en este enjuague habría sido Alfonso Zermeño, hijo del jefazo de la comuna y excandidato a diputado local, apoyado por el abogado del Simas Alberto Romero. Cuentan que la intención de la empresa casinera era hacerse de la licencia para luego acudir ante la Segob para solicitar el permiso federal necesario y una vez con ambos documentos en mano, solicitar un amparo al momento de abrir sus puertas para evitar que el gobierno provincial les cayera para volver a clausurarlos porque en Coahuila están prohibidos los casinos. ¿Será?
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Tal parece que las broncas de dinero en el gobierno provincial que encabeza Miguel Riquelme siguen creciendo. Y es que mientras no logran amarrar una buena propuesta para refinanciar por tercera vez la megadeuda heredada por el Moreirato, y los dardos emponzoñados de los diputados panistas se acumulan contra el tesorero estatal Blas Flores por travesuras pasadas cuando era rector de la UAdeC y en su cargo actual por manejos, digamos, poco claros en los recursos públicos, corren versiones de que el Ejecutivo estatal está tratando de hacerse de pesos y centavos valiéndose de diversas estratagemas legales. Una de ellas, según los subagentes disfrazados de escritorios, es no reconocer los convenios fiscales que firmó el gobierno de su antecesor, Rubén Moreira, con inversionistas que proyectaron instalar y abrir empresas al cierre del sexenio y en el año en curso en todo el estado. Dicen que varios de los empresarios que incluso ya iniciaron la construcción de sus plantas o negocios se han mostrado sorprendidos cuando les llegan los requerimientos de pagos de impuestos por montos muy superiores a los proyectados bajo el argumento de pagos atrasados. Cuando han tratado de explicar que los habían exentado de dichos tributos gracias a un convenio fiscal establecido a manera de incentivo, la respuesta que han recibido es que eso es cosa del pasado y que ahora se trata de una nueva administración bajo nuevos lineamientos. Obviamente esta situación ha generado incertidumbre entre los empresarios afectados, quienes ya no saben si seguir con sus inversiones o de plano frenarse hasta encontrar mejores tiempos. Vaya cosas.
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La grilla no para en la UAdeC. Nuestros subagentes disfrazados de cuadernos y plumas nos reportan que hay un nuevo frente abierto en la FCA que involucra el clan Medina. Cuentan que el meollo del asunto tiene que ver con el cobro de dobles cuotas que se aplica a los alumnos, una administrativa y otra académica, y que desde siempre no ha estado claro el destino de los recursos. Dicen que la directora de la Facultad, Silvia Julieta Aguilar, reelecta el año pasado para el periodo 2017-2020, ha comenzado a cuestionar los manejos discrecionales de dichas cuotas, situación que la ha llevado a enfrentarse con el mismísimo Manuel Medina, patriarca del clan, y con la coordinadora de la Unidad Torreón, Lorena Medina. Incluso se habla de que doña Silvia ha bloqueado el acceso de don Manuel a las cuentas y que la cosa pinta para ponerse color de hormiga. Hay quienes ven en este enfrentamiento un síntoma más de la ruptura la histórica alianza entre los Medina y el actual rector de la Universidad, Salvador Hernández Vélez, pero también los hay que observan más bien que Aguilar está aprovechando el distanciamiento para afianzarse en el control de la facultad.
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Dicen que en política no hay coincidencias. Y esto viene a colación por el repentino cambio de nombre que la administración municipal gomezpalatina encabezada por Leticia Herrera hizo de la calzada principal que atraviesa de oriente a poniente el antiguo Parque Industrial Lagunero, hoy llamado “Carlos Herrera”. Como recordará, memorioso lector, hace varios meses el ayuntamiento de la vecina ciudad decidió modificar el nombre a la vía, entonces conocida como Lázaro Cárdenas, uno de los santos laicos del priismo, para ponerle el del empresario lechero, padre de la alcaldesa. Pues bien, hace unos días decidieron dar marcha atrás a dicha medida para regresarle el nombre original a la calzada, sin mayores explicaciones. Pero, curiosamente, unas semanas antes el preciso electo Andrés Manuel López Obrador había confirmado que el jefe de sus asesores será Lázaro Cárdenas Batel, hijo del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del general presidente. ¿Será que doña Lety está lanzando con esto un guiño al futuro gobierno federal y a uno de los principales colaboradores del Peje para llevar la fiesta en paz con miras al proceso electoral del año que entre en el que todo puede pasar? Conste que es pregunta.
