La libertad y el cinismo con el que opera el crimen organizado únicamente pueden darse en función de una fuerte complicidad con altas autoridades gubernamentales, pues sin ella tendrían que actuar con sigilo y discreción, como sucedía hace no mucho tiempo.
Los ejemplos de esto son múltiples, pero basta con dos en condiciones totalmente diferentes para dejar claro el cinismo con el que actúan, casi como desafiando a la autoridad para que intente frenarlos y detenerlos, como debería de ser dada la gravedad de los ilícitos que están cometiendo.
A principios de septiembre del presente año, viajeros que regresaban de Laredo, Texas denunciaron que en plena zona urbana, unos metros después de cruzar los puentes internacionales sobre el Río Bravo, al tomar el Bulevar Luis Donaldo Colosio para evitar el tráfico urbano e incorporarse a la carretera rumbo a Monterrey, eran detenidos por vehículos con delincuentes a bordo que les solicitaban un pago de 350 dólares para dejarles continuar su camino; si cumplían con la demanda les compartían una palabra clave que debían decir si eran detenidos más adelante al continuar su trayecto rumbo al interior del territorio nacional.
Sin justificar que estos hechos sucedan en las carreteras del país, hay que reconocer que es más difícil controlar lo que sucede a lo largo de una vía que tiene varios centenares de kilómetros, a lo largo de los cuales se encuentran varios tramos sin ningún poblado; pero que suceda en plena zona urbana y a la luz del día, en una avenida que tiene cuando mucho unos cuantos kilómetros de extensión, es verdaderamente un desafío a la autoridad.
Tras varias semanas de atracos, la autoridad finalmente tomó cartas en el asunto y de acuerdo a una publicación en el periódico regiomontano El Norte, el pasado viernes la Policía Estatal de Tamaulipas emitió un comunicado, acompañado de dos videos de un minuto, en el que anuncia que de las 6 a las 19 horas, implementarán caravanas de vehículos que transiten de Nuevo Laredo hacia Monterrey, protegidas por patrullas para protegerlos de los delincuentes.
La reacción debe ser efectiva para evitar este tipo de atracos; pero no combate el fondo del problema, pues no hay ningún tipo de castigo para los delincuentes, que seguramente lo único que realizarán es cambiar sus operaciones a otras avenidas.
Otro hecho ocurrido esta misma semana, fue evidenciado durante el recorrido que cuatro futuros secretarios de estado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realizaron por las zonas afectadas por las labores de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en alguno de los puntos del recorrido, al situarse en lo alto de una colina, divisaron un grupo de pipas que cargaban combustible directamente de una toma clandestina que habían realizado a un ducto que pasaba por esa zona.
Los delincuentes, en lugar de huir o disimular la extracción ilegal del combustible, lo que hicieron fue accionar repetidamente sus armas de alto calibre para amedrentar a las personas que osaban acercarse a la zona en que ellos cometían sus tropelías. Los guías de los futuros secretarios, les comentaron que la forma de operar de los llamados "huachicoleros" era precisamente esa: cuando percibían que personas ajenas a ellos se aproximaban a su zona de operación, disparaban de inmediato estas ráfagas al aire, para obligarlos a retirarse.
Los huachicoleros tuvieron conocimiento previo de que los futuros integrantes del gabinete federal harían un recorrido por la región, con lo cual si tuvieran el mínimo temor de las acciones legales que se pudieran tomar si los descubrían, podían haber suspendido sus actividades durante algunas horas; pero no seguros de la protección de la que gozan, simplemente continuaron sus actividades como si nada sucediera, incluyendo su reacción ante la aparición de extraños.
Por supuesto que están muy bien identificadas las zonas donde más se roban combustible de los ductos; pero en este caso las autoridades ni siquiera implementan operativos para evitarlo, simplemente "hacen como que las virgen les habla" y los dejan operar con toda libertad. Los lugareños que tienen contacto con los huachicoleros, afirman que los militares responsables de la zona militar correspondiente, ya tienen su cuota por cada pipa que extraen. Es decir, de acuerdo a estas versiones las autoridades son los que les cobran a los delincuentes por dejarlos operar libremente su "negocio".
Dos hechos, con actividades y circunstancias muy diversas, pero que revelan la muy evidente complicidad entre los delincuentes y las autoridades responsables de hacer prevalecer la vigencia de la ley; en los dos casos, realmente los delincuentes son los que operan el "negocio" y les entregan un porcentaje (establecido en una cuota fija con algún tipo de medida -en el caso del huachicol es por tanque; seguramente en el caso del cobro de "derecho de paso" (por llamarlo de alguna manera) será por día o por hora trabajada) de sus ganancias a las diversas autoridades.
Aunque esto no es tan claro, seguramente las distintas autoridades tienen un acuerdo tácito para repartirse dichos cobros dependiendo de las competencias: en el caso del robo de combustible, es el ejército; en el caso de las carreteras, será la Policía Federal; en el de las ciudades, la estatal; etc. de tal manera que (igual que los cárteles: se reparten el territorio y el negocio) no duplican cobros ni tienen disputas entre ellos.
Bajo esta lógica autoridades y delincuentes en realidad son socios, que obtienen pingües ganancias de estas actividades. Y, muy probablemente, en algunos casos también comparten con otras autoridades superiores. Una sociedad para atracar a la ciudadanía.
