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EDITORIAL

Verdades y Rumores

EL AGENTE 007
sábado 13 de octubre 2018, actualizada 9:54 am

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Cuentan las lenguas viperinas que el protagonismo de Antonio Loera está llegando a niveles sorprendentes en el ayuntamiento de Torreón. Y es que, desde su oficina de Servicios Administrativos, que está al nivel de cualquier otra dirección, don Antonio parece controlar prácticamente todo lo que ocurre en la administración municipal. Por eso no resultó para muchos nada extraño que uno de los principales reclamos de los sindicalizados del ayuntamiento que llevaron a cabo el paro de labores el jueves fuera el de solicitar la destitución de Loera. Según los quejosos, el llamado “vicealcalde” es el responsable de que en la Presidencia Municipal se les estén estirando demasiado las riendas a los trabajadores y que existe intransigencia de su parte.

Claro que habrá quien piense que más bien los sindicalizados quieren seguir manteniendo sus prerrogativas alcanzadas en los ocho años de priismo, y evitar la fatiga lo más posible, como don Jaimito. Lo cierto es que la animadversión hacia don Antonio sigue creciendo dentro de la administración al grado de que el propio alcalde Jorge Zermeño ha tenido que salir a defenderlo, como lo hizo el día del paro y la manifestación. Y esto ocurrió mientras Loera, cual Richelieu tropical, observaba desde el tercer piso del edificio público más caro de la ciudad, cómo su rey, el alcalde, y su escudero, el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara, se batían por contener la revuelta de los sindicalizados. Las cosas abajo se elevaron de tono cuando comenzó a centrarse la discusión en Loera al ser señalado por los quejosos como el principal responsable de los problemas de los trabajadores y sugerir que es él quien manda, a lo que el jefazo de la comuna tuvo que responder: “yo soy el alcalde”. Pero nuestros subagentes disfrazados de matracas azules nos comentan que también en el PAN no están del todo de acuerdo con el protagonismo que ha adquirido Loera, quien durante la administración municipal de Guillermo Anaya era sólo un funcionario más, para ahora convertirse en pieza central de obras, programas, controles y hasta colocación de piezas en puestos clave. Dicen que la ponderación de don Jorge hacia este funcionario se debe a su lealtad y su alta disposición de andar en todo.

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El que ya no siente lo duro sino lo tupido es el secretario de Finanzas de la provincia coahuilense, Blas Flores, que es sobre quien recae la mayoría de los señalamientos que se hacen contra la administración del gober Miguel Riquelme. Y esto no es nada extraño, puesto que se trata del encargado de los dineros públicos de la entidad. Pero lo que sí está generando suspicacias es el hecho de que en las últimas semanas se le están acumulando los dardos emponzoñados no sólo por lo que hace o deja de hacer en su puesto actual, sino por lo supuestamente hizo cuando era rector de la UAdeC, en cuyo periodo le atribuyen la contratación de empresas fantasma para triangular unos 400 millones de pesillos. Sobre el particular, el actual rector, Salvador Hernández Vélez, ha tenido que salir a negar que se trate de firmas fantasmagóricas, algunos malpensados dicen que motivado por el exgober y flamante diputado federal, Rubén Moreira, otros que para tratar de salvar su propio pellejo, y unos más que por ambas razones. Pero don Blas enfrenta también una batería de golpes por su actual gestión como guardián de las arcas coahuilenses, principalmente por no avanzar con el tema de la deuda, ni para esclarecerla ni para renegociarla, y más recientemente por gastar de forma, digamos, poco clara alrededor de 4,000 millones de pesillos. Todos estos señalamientos ya los tomó el PAN como agenda en el Congreso al grado de que a tiro por viaje le lanzan saetas al secretario. Pero hay mentes maquiavélicas que creen que estas arremetidas tienen su origen en el propio Palacio Rosa de la Urbe de Adobe, en donde, dicen, crece cada día el interés por deshacerse de los personajes más vinculados con el Moreirato. El problema con esta versión es que el responsable de los egresos en la Secretaría de Finanzas es Xavier Herrera Arroyo, alfil del gober Miguel, quien pudiera salir raspado de todo este proceso. Aunque, por otra parte, resulta extraño que nadie, ni desde la oposición, se haya lanzado contra él. En fin.

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Dicen que ante la desesperación ocasionada por los resultados del pasado proceso electoral y los malos augurios que ya muestran algunas encuestas sobre las preferencias ciudadanas para la renovación de ayuntamientos, el PRI de Durango está considerando seriamente la posibilidad de establecer alianzas con otros partidos, sea el PAN o incluso el PRD para 2019. Sí, leyó usted bien: el PRI, con el PAN y el PRD. El dirigente estatal del tricolor, Enrique Benítez reconoció abiertamente estar dispuesto a ir en coalición en las elecciones locales del próximo año en que se renovarán los 39 ayuntamientos, por lo que ya empiezan a preparar terreno y lograr que las candidaturas se definan en enero, como establece el calendario electoral. Con su postura, el priista confirmó los rumores que habían trascendido en últimas semanas, en el sentido de que el mismo gober de Durango y primer panista (expriista) del estado, José Aispuro, estaba empezando a tomar cartas en el asunto y por cuyo motivo estaría considerando el cambio de titular de la Secretaría General de Gobierno, que actualmente está a cargo de Adrián Alanís, para sustituirlo por Samuel Aguilar, priista de “hueso colorado” quien se encargaría de la operación política a favor de dicha alianza partidista con miras a frenar el avance de Morena en el estado. Una de las razones de la desesperación priista es que según algunas encuestas, los aspirantes del partido Morena tienen altas posibilidades de ganar alcaldías como la de Gómez Palacio y desbancar al PRI que ha gobernado por décadas, de ahí que ahora todos quieran ser abanderados de ese partido. Otros sondeos de opinión señalan, en contraparte, un bajo nivel de popularidad de la alcaldesa Leticia Herrera, quien se quiere reelegir a toda costa y por el partido que sea. En caso de concretarse la buscada alianza, ahora sí que le darían la razón al preciso electo Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha hablado de combatir al PRIAN, que pudiera incluso ser el PRIANRD. Esto de la política partidista está cada vez más revuelto.

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Harto polvo han generado las declaraciones de la representante del grupo Vida, Silvia Ortiz, sobre la supuesta existencia de cadáveres enterrados bajo la Vicefiscalía de La Laguna de Durango y el antiguo Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, mismas que propiciaron una inmediata y airada reacción de las autoridades que negaron este hecho y señalaron la falta de pruebas que lo determinen. La afirmación, según la propia doña Silvia, la hizo pública debido a que hasta ahora no se le ha concedido una audiencia con el gober José Aispuro, aunque ya se han llevado a cabo varias reuniones con los encargados de la Fiscalía así como de la Subsecretaría General de Gobierno en La Laguna y la Comisión Estatal para la Atención a Víctimas. La insistencia de ver al don Pepe es, afirman, para exponerle directamente las demandas de esta agrupación, que a partir de la actual administración estatal comenzó a interesarse por desplegar del otro lado del Nazas el trabajo que lleva años desarrollando de este lado. Esta postura ha generado suspicacias dentro de la administración aispurista sobre todo después de que en una reunión la representante de la agrupación les hizo saber que de las autoridades provinciales coahuilenses ya le brindaban todo el apoyo económico y que hasta para los “chuchulucos” le daban, a diferencia de Durango donde no se han generado “subsidios” de ese tipo y al parecer no los habrá pese a la presión que se ejerce. La organización también dispone de un vehículo oficial de Coahuila y otra de las gestiones en que ha insistido es que el gobierno de Durango disponga de un panteón para depositar los restos que se encuentren en las búsquedas, además de vehículos y otros insumos que faciliten la tarea a esta agrupación. Estas exigencias han generado que los integrantes del gobierno provincial se muestren un poco a la defensiva a la hora de tratar con el grupo conformado por personas que desde hace años busca a sus familiares desaparecidos en los peores momentos de la inseguridad. En descargo de este tipo de grupos hay que decir también que están haciendo una labor que en principio corresponde a las autoridades.

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