Continuando con la exposición de los dos anteriores artículos, señalabamos la evolución y los resultados que ha tenido la gestión de los recursos hidricos en México, tomando como referencia La Laguna donde se presentan cambios representativos de lo que ocurre en otros lugares donde se dispone de mayores volumenes de agua como lo son los valles irrigados y zonas metropolitanas, en los primeros para uso agrícola y las segundas para uso urbano doméstico.
Observamos como se transitó de una política pública que centralizó el manejo del agua por las instituciones gubernamentales al sector privado, donde a pesar de constituir un bien común propiedad de la nación se presenta una privatización velada expresada en la concentración y monopolio de las concesiones por élites empresariales, adquiriendo estas un poder económico y político por encima de las entidades oficiales responsables de regular su uso.
El resultado de este modelo de gestión no es satisfactorio porque con base a él no se ha realizado la deseada gestión integral y sostenible de los recursos hídricos, cuyo ejemplo más significativo es la sobreexplotación y contaminación de una parte importante de los acuíferos del país, muchos de ellos administrados por asociaciones de usuarios (COTAS). Hoy en día el diagnóstico sobre la problemática que enfrenta el sector hídrico en México nos dice que es necesario cambiarlo desde el marco normativo y la política hídrica que le rigen, es fundamental redefinir lo que se ha llamado el modelo de gobierno del agua.
Este diagnóstico es reconocido desde el interior de las instituciones oficiales responsables del manejo del agua y constituye una preocupación de las comunidades académicas y de organismos civiles que venimos estudiando y nos hemos involucrado en la búsqueda de soluciones a la problemática hidrica, quienes particularmente reaccionamos ante la pretensión del actual gobierno federal de aprobar la llamada Ley Korenfeld mediante la cual priorizaba el uso mercantil del agua en contraposición a la consideración del uso del agua como derecho humano.
Ante el intento regresivo de la política hídrica surge una red nacional de acadéimcos y liderazgos sociales denominada Agua para Todos@Agua para Siempre, que elabora una Iniciativa Ciudadana de Nueva Ley de Aguas y una propuesta alterna de política hidrica que implica la reorganización del sector gubernamental y la relación que este debe tener con la sociedad, con la pretensión de realizar una gestión integral y sostenible del agua.
La propuesta de la red Agua para Todos@Agua para Siempre pretende cambiar el actual gobierno del agua por otro que involucre más a la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la gestión y uso del agua, que revierta las distorsiones que presenta el actual gobierno del agua que ha provocado la actual crisis hidrica que enfrentamos en México. Es una propuesta que ya se discute con el proximo gobierno federal y que aspira a ciudadanizar esa gestión y uso del agua, pretende una nueva y más avanzada gobernanza del agua.
La reorganización institucional del sector hídrico crear nuevas estructuras como la Contraloría Social del Agua y se fortalezcan otras ya existentes como los Consejos de Cuenca. En el primer caso, es fundamental que la política hídrica se sujeta a una vigilancia ciudadana con esa nueva orientación de priorizar el uso del agua como derecho humano y no el uso mercantil como actualmente ocurre, ya que este último contraviene las directrices internacionales de Naciones Unidas y el propio marco normativo mexicano; que se observe mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos aplicados a este sector.
El fortalecimiento de los Consejos de Cuenca y sus organismos auxiliares conlleva desde redefinir su forma de integración y dotarles de un carácter vinculante con la Comisión Nacional del Agua o del nuego organismo que resulte de esta reingeniería institucional. Se observa una subrepresentación en su conformación, donde hay que reducir algunas oficinas de gobierno, ampliar la participación de organismos de usuarios de agua mediante procedimientos que incorporen representantes electos desde sus bases y agregar espacios a organismos ciudadanos e instituciones académicas: hay que reconstruir el capital social e institucional en este sector.
Actualmente los Consejos de Cuenca son organismos que acompañan la gestión del agua que realiza la Comisión Nacional del Agua, pero para que desempeñen una función más efectiva deben habilitar y operar los organismos auxiliares y los grupos especializados de trabajo que realicen una labor técnica en la planeación y resolución de problemas, que tengan un mayor carácter vinculante en la toma de decisiones sobre las políticas y programas que se implementen y que, desde luego, se les asignen los suficientes recursos financieros para que operen.
Esta reorganización del sector hidrico tiene como objetivo redefinir las relaciones entre las instituciones gubernamentales responsables de la administración del agua, los ususarios del agua y otros actores involucrados en la gestión de este recurso que permitan los contrapesos en la toma de decisiones desde la planeación, ejecución y evaluación de las políticas y programas aplicados en los diferentes ámbitos de gestión y uso del agua.
Actuamente las relaciones entre poder público y sociedad no han sido funcionales para resolver la problemática hídrica del país y en la mayor parte de las cuencas en que este se ha dividido, estamos ante una oportunidad histórica para mejorarlas y avanzar hacia una gestión sostenible del agua.
