El pasado lunes 24 de septiembre, la Comisión Global de Política de Drogas planteó a países como México reorientar la política antidrogas a regular la producción, distribución y consumo de drogas desde un enfoque de respeto a los derechos humanos y atención a la salud pública.
En una entrevista con el diario Reforma, Ruth Dreifuss, presidenta de la Comisión, precisó que se trata de poner a la salud en el centro y cuestionó: "¿por qué se castiga a alguien que no le hace daño a otros?", refiriéndose a los consumidores de droga.
Explicó con precisión el cambio que propone la comisión, en la que participan varios ex presidentes (entre ellos César Gaviria, de Colombia; Ernesto Zedillo, México; y la misma Dreifuss, Suiza), que se trata de regular las drogas, dependiendo del daño que las mismas ocasionan a la salud pública y ejemplificó: "Por ejemplo, la mariguana va en la dirección del control que se hace del tabaco o del alcohol, un control que conocemos bien. Para otras drogas, apostamos a un control similar al de las medicinas, que es más severo".
Pero sí fue muy enfática en el sentido de que se tiene que regular la producción, distribución y consumo de drogas. Aseveró tajantemente que la política antidrogas represiva es un fracaso "porque el objetivo de esta guerra era reducir la corrupción que ahora es más grande; reducir la demanda de drogas, que siempre es más grande; reducir el poder de las organizaciones criminales, que ahora tienen una red internacional muy fuerte".
El ex presidente mexicano, Ernesto Zedillo, miembro de la Comisión, expresó claramente: "Lo que hemos hecho durante ya casi un siglo está mal. La prohibición está mal, la prohibición está causando mucho daño. Hemos seguido políticas equivocadas, y nótese que digo hemos", reconociendo así que él también se equivocó durante su gobierno.
Las recomendaciones de la Comisión, provocaron de inmediato reacciones encontradas en México: por un lado, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, principal responsable de la política en el sexenio que está próximo a terminar, el mismo día que la Comisión hizo su propuesta, defendió el enfoque prohibicionista y pronosticó que la legalización no derivaría en la reducción de la violencia; y, por el otro, Salvador Cienfuegos, el viernes 5 de octubre, abrió la puerta a la legalización de la droga con fines medicinales.
Cienfuegos, anteriormente reacio a dicha posibilidad, señaló en Chilpancingo, Guerrero: "Ya está en la mesa (la propuesta de la legalización de los estupefacientes) y creo que puede ser una salida. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de los campesinos que ya no la van a vender a los delincuentes, sino al Gobierno para así hacer la morfina que servirá para atender el problema del dolor de los pacientes". Y aunque él se refería específicamente a la legalización del cultivo de amapola en la sierra de Guerrero, por lo menos, ya abrió esa puerta por parte de las fuerzas armadas mexicanas.
La propuesta de regular las drogas a lo largo de toda la cadena: producción, comercialización y consumo, permitiría atender el problema de salud que representa el consumo de drogas y redirigir un porcentaje importante de los recursos que hoy se destinan a sostener la política prohibicionista a campañas educativas (tanto en el ambiente escolarizado como entre la comunidad en general) para concientizar a la población de los graves consecuencias para la salud que implica el consumo de drogas y el abuso, en algunos casos específicos; paliar los impactos para la salud de los adictos e impulsar programas para su rehabilitación y su posterior reinserción en la sociedad.
También se podrían impulsar programas que generen alternativas laborales y de defensa para grupos vulnerables que hoy no tienen más alternativa que sumarse a los grupos delincuenciales, sea en la producción o en la distribución y comercialización de la droga, es decir, cerrarle las puertas a las dos principales razones que los llevan a integrarse al crimen organizado: la necesidad económica o la preservación de su integridad física.
Junto a estas políticas sociales, hay que reforzar las encaminadas a debilitar a las organizaciones criminales, que pueden focalizarse más en el combate a la corrupción, así como, el control de sus redes financieras y de lavado de dinero.
Después de casi un siglo de política punitiva y prohibicionista es indiscutible su fracaso, como claramente señala Dreifuss; hay que reconocerlo y explorar vías alternativas que logren mejores resultados en los problemas que quieren combatir; permitan disminuir los recursos que demandan para dichos programas; y reducir los problemas de inseguridad que han generado, como el incremento de homicidios y la violencia en los principales centros urbanos.
El problema se complica en países como México que, hoy en día, -en mayor o menor medida- acoge las tres vertientes críticas del narcotráfico: producción, transporte y consumo de drogas. La producción se concentra en las zonas serranas del país, pero también se produce droga sintética en algunos centros urbanos; mucha de la droga producida en Centro y Sudamérica todavía pasa por México para llegar al mercado estadounidense, principalmente; y, lamentablemente, contrario a lo que sucedía hace algunas décadas, hoy también varios centros urbanos son mercados muy disputados por el alto consumo de drogas.
Precisamente por la posición crítica en la que se encuentra, México debe encabezar esta revisión de la política de combate a las drogas, consciente de que únicamente será exitosa en la medida en la que logre extenderse a otros países de la región.
