Verdades y rumores
Prepárese para un espectáculo inigualable, sin precedentes, extraordinario, digno de la película más surrealista de Luis Buñuel. El ayuntamiento de Torreón, como los otros en donde el actual alcalde repetirá en el siguiente periodo, comenzó el proceso de entrega-recepción, un proceso de sui generis dado que los mismos funcionarios que entregan son los que reciben. Este sinsentido se debe a que los legisladores que concibieron la reforma electoral que permitió la reelección de los ayuntamientos no previeron este punto y dejaron un boquete legal que se presta a todo tipo de sospechas y conjeturas. Vamos, que los partidos de oposición van a tener tela de donde cortar a la hora de lanzar sus dardos emponzoñados. Y es que la cosa no puede ser más absurda. Así como se plantean las cosas hasta ahora, los funcionarios van a tener que entregar a su superior jerárquico, lo cual se entiende para el caso de cada departamento. El problema viene con los directores de área, quienes tienen como su superior al alcalde, en este caso, Jorge Zermeño.
Pero no crea que don Jorge se quemará las pestañas leyendo cada uno de los informes que le entreguen sus subordinados, sino que la chamba será para el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara. De concretarse esto, cabe suponer que vendrán días harto complicados para don Sergio, quien hasta ahora ha tenido un papel, digamos, contenido en la administración municipal. El problema es que aún quedan muchas dudas y bastantes cabos sueltos, y los diputados locales parece que no están muy interesados que digamos en resolver el entuerto ya que están tratando de quedar bien con los maestros enojados. No obstante, ha surgido por ahí una propuesta de una legisladora, Gabriela Garza, que sugiere que sea la Auditoría Superior del Estado, que depende del Congreso, la que vigile el proceso. El detalle es que dicho organismo no cuenta con el personal suficiente para hacer esta labor en tiempo y forma. Pero por ahí un subagente ha propuesto que para que los regidores desquiten el sueldo que devengan, cortesía de Juan Ciudadano, sean ellos, sobre todo los de oposición, los que realicen la supervisión o coadyuven (como tanto les gusta decir) con la ASE y el secretario del Ayuntamiento. Pero, en fin, de que va a estar raro, lo va a estar.
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Las voces maliciosas de la provincia coahuilense comentan que parece que el gobierno que encabeza Miguel Riquelme cree que no tiene suficientes broncas con la pesada herencia que le dejaron sus antecesores Humberto y Rubén Moreira con eso de la megadeuda, las empresas “fantasma”, la reforma a la Ley de Servicio Médico del magisterio y las retenciones indebidas a los ajustes de las participaciones a los municipios. Y es que esta semana en el Congreso local la diputada panista María Eugenia Cázares presentó un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia inmediata del secretario de Finanzas, Blas Flores, para que explique la cuentas del presupuesto y el gasto que simplemente no cuadran. La legisladora panista presentó un informe en el que establece que el Ejecutivo estatal de la provincia realizó varios ajustes al presupuesto con la finalidad de gastar más sin avisarle al Congreso. Pero el problema central es que de los 4,000 millones de pesillos gastados, digamos, de más, una buena parte se fue, no a la deuda, como podría pensarse, ni a obra pública, como sería deseable, sino a pagar asesores para no se sabe qué cosas. Obviamente los números despertaron todo tipo de suspicacias, sobre todo porque el gobierno de don Miguel ya había sido cuestionado por bajarle considerablemente a la inversión en obra pública en los primeros meses de administración. La razón que en principio muchos esgrimieron es que el lastre de la deuda es bastante, y vaya que lo es. El detalle es que con las cuentas presentadas por doña Maru se evidencia de que sí hubo dinero extra, pero que se fue en contratar los servicios de “consejeros” en vez de inyectarle recursos a la infraestructura del estado que tanto lo necesita. Es decir, como que las prioridades no están muy claras todavía. Por cierto, el punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de don Blas fue rechazado por los priistas con la ayuda de la diputada de Morena, Elisa Villalobos, quien al parecer ya se está convirtiendo en la pieza clave del tricolor para frenar lo que no quieren y avanzar lo que requieren.
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Alejado de los reflectores del grueso de la población, pero observado a detalle por los integrantes más activos de la sociedad civil provincial, el proceso de selección de la nueva integrante del Comité de Participación Ciudadana del rimbombante Sistema Estatal Anticorrupción generó ciertas suspicacias por dos factores principalmente. El primero, la intervención sorpresiva de un integrante del sistema nacional, José Octavio López Presa, quien se presentó misteriosamente en el foro de consulta organizado por la comisión seleccionadora para arremeter contra una candidata y apoyar a otra. Este hecho, a los ojos de varios agudos observadores, violenta las normas del sistema que impide a los integrantes nacionales incidir en las decisiones de los sistemas estatales. Pero el otro hecho resultó cuando menos extraño, y tiene que ver con la persona seleccionada. De las más de 20 participantes, al final quedaron cuatro, que fueron las que se disputaron el puesto en la votación de la comisión. De forma extraña, la que resultó ganadora, que estará cinco años en el cargo, o sea, lo que resta del sexenio, fue la que menor puntaje obtuvo de las cuatro finalistas. Pero el dato que más encendió las alertas de los amantes del sospechosismo es que los trabajos más importantes de la trayectoria de la elegida, Jafia Pacheco, fueron dentro de la Secretaría del Trabajo del gobierno de Coahuila en el sexenio de Rubén Moreira. ¿Se sentirá más tranquilo el exgober con este nombramiento? Conste que es pregunta.
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En la ruta de las “barbas puestas a remojar” en la administración provincial de Durango, la encargada de Relaciones Públicas en La Laguna, Bárbara Rendón también está en la mira por su, digamos, dudoso desempeño, el cual tiene que ver con el desconocimiento del oficio en el cargo que tiene, según sus críticos y criticones. Desde su llegada a esta dependencia, dicen, la titular no ha dejado buenas referencias en cuanto a la organización de encuentros y reuniones entre representantes de los distintos sectores de la ciudadanía y el gober José Aispuro o los miembros de su gabinete. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue lo sucedido durante la presentación del segundo informe de actividades de don Pepe en el parque La Esperanza, en cuyo evento reinó el desorden en cuanto a la asignación de lugares a los asistentes, ya que la queja generalizada fue que la funcionaria hizo a un lado a los servidores públicos estatales para dejar los asientos principales a los representantes de la administración municipal y allegados de la alcaldesa Leticia Herrera. Otro de los “detalles” fue lo desairada que estuvo dicha presentación que, además, se vio opacada con la manifestación de mujeres que demandaban tratamientos para el cáncer de mama en la clínica de Oncología que está en la ciudad de Durango, y de cuya presencia nadie se percató hasta que interrumpieron el discurso del gober Aispuro, y que por cierto salieron acompañadas por el priista Francisco de Santiago al término del informe. A esto se suma el hecho de que, según dicen, doña Bárbara ha tenido varios “extraños” incidentes de tránsito de los que ha salido librada luego de, como dicen por ahí, “charolear” como funcionaria del gobierno. Vaya cosas.
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Y en el apacible Lerdo algunas autoridades de primer nivel del ayuntamiento andan más que molestas con el secretario de organización y propaganda del Sindicato de Entidades Administrativas, José Guadalupe Vitela. Y es que dicen que don Pepe Lupe este año ha andado desatado señalando todas las deficiencias que pueda tener la administración municipal e incluso exaltando algunas situaciones que siempre han existido pero que hasta ahora se han publicitando poniendo así el dedo en la llaga con la alcaldesa María Luisa González Achem. Lo anterior, dicen, no sería tan extraño viniendo de un integrante de la mesa directiva del sindicato -pues Vitela no es el líder sindical- si no fuera porque este secretario de propaganda recibe un sueldo no menor a los 700 pesos diarios por hacer, digamos, muy poco, además de quejarse y colocar a varios de sus familiares en la sagrada nómina (lo que, recordemos, no es mal visto por la actual administración lerdense). La molestia, aseguran, viene del descontento familiar de los González Achem porque Vitela estaría pecando de malagradecido nada menos que con el patriarca de la familia, el exalcalde Luis Fernando, quien se ha convertido ya en toda una institución en la familia haciendo las veces de consejero, gurú y ajonjolí de todos los moles, ya que aseguran que él habría sido quien diera la oportunidad de laborar en la Presidencia al padre de Vitela por lo que esperarían al menos algo de lealtad. Así, pues, que la familia anda mas que sentida y estarían viendo la manera ya de “darle las gracias”; total, una demanda laboral más qué sería ante el problema del laudo que carga ya Lerdo en sus espaldas.
