Desde hace algún tiempo los maestros al servicio del gobierno del estado de Coahuila (Sección 38 del SNTE y profesores y demás personal de las Universidades Autónomas de Coahuila y de Agricultura Antonio Narro) se vienen quejando del pésimo servicio de atención médica que reciben. Así como también de la falta comprobada de medicamentos y demás insumos para la salud.
De igual manera les causaron gran irritación varias de las reformas hechas a la ley que rige la prestación de su servicio médico, perjudiciales a sus intereses, impulsadas por el anterior gobernador Rubén Moreira. Incluso contra algunas de esas modificaciones legales se interpuso Acción de Inconstitucionalidad, pendiente aún de resolver.
En resumen, el creciente deterioro de su servicio médico, a pesar de que para el funcionamiento de éste se aportan cuotas (como demostré en un artículo publicado en esta columna hace tres meses) superiores a las que para el mismo propósito se aportan al IMSS o al ISSSTE, ha provocado que se eleve el tono de su protesta. Y naturalmente su malestar.
Sin embargo, en señal de buena disposición han propuesto los maestros inconformes una nueva "Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila". La presentación con el carácter de iniciativa popular, en los términos de la vigente Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila. Es decir, dentro de la institucionalidad y la legalidad democrática.
El art. 39 de la mencionada ley define a la iniciativa popular como "el derecho de los ciudadanos coahuilenses…para iniciar leyes" ante el Congreso del Estado. Los requisitos que para tal efecto señala el art. 42 son que la iniciativa se presente por escrito, con exposición de motivos y con un proyecto de articulado y que quien la proponga señale un domicilio en el lugar sede del Congreso para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, así como que anote su nombre y lleve su firma.
Pues bien, el pasado 8 de mayo la Coalición de Trabajadores de la Educación presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso el referido proyecto de nueva Ley de Servicio Médico, con el carácter de "iniciativa popular". De ésta se dio cuenta al Pleno de los diputados en la sesión del día 15 de mayo. Y el presidente de la mesa directiva (que soy yo) la turnó a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para el efecto de verificar, como lo ordena el art. 43 de la Ley de Participación Ciudadana, el cumplimiento de los requisitos arriba mencionados, a fin de decidir su procedencia, o no, como iniciativa popular en materia legislativa.
Posteriormente, el 12 de junio, el Pleno aprobó por unanimidad el dictamen rendido por la Comisión de Gobernación que declaró procedente la iniciativa presentada por la Coalición de Trabajadores de la Educación. Y en esa misma fecha fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, coordinada por el Dip. Jesús Berino Granados.
De acuerdo a lo establecido por el art. 129 de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de Trabajo debió haber elaborado dictamen "en un plazo que no excederá de sesenta días naturales", periodo que se cumplió el pasado 11 de agosto. En esta fecha estaba en funciones la Diputación Permanente, por estar el Pleno en receso. Se entiende que el plazo entonces se prorrogó por otros 60 días naturales, según lo dispone el mismo art. 129. El nuevo y segundo plazo concluye este 10 de octubre.
Así las cosas, los maestros molestos por el cada vez peor servicio médico que reciben y por la demora en la dictaminación de su iniciativa, se hicieron presentes en un buen número en la sesión del Congreso celebrada el pasado 11 de septiembre. Con gritos estridentes impidieron el desarrollo de la sesión y como presidente de la mesa consideré conveniente decretar un receso. Solicité entonces a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios tuvieran una reunión urgente para tomar definiciones. Ofrecieron entonces tener listo el dictamen en una semana. Y someterlo al Pleno en la sesión del Congreso el 25 de septiembre. Yo, como presidente no asumí este compromiso y así se los expresé públicamente a los interesados. Pero sí para el 10 de octubre, que es el previsto por la ley.
El 25 de septiembre los maestros nuevamente saturaron el cupo del Salón de Sesiones. Al concluir la lectura del orden del día y percatarse de no estar incluido el dictamen de su iniciativa, volvieron a producir un ruido ensordecedor y pretendieron tomar la palabra. Al no haber condiciones para continuar la sesión, otra vez volví a decretar un receso.
Al no reanudarse la sesión ese día, en la madrugada del siguiente se produjeron diversos hechos que han sido objeto de gran controversia. Como ya se agotó el espacio de este artículo, en el próximo expondré mi punto de vista sobre aquéllos. Antes consideré conveniente dar cuenta de los antecedentes del caso, como necesario marco de referencia para su mejor entendimiento.
