Fue célebre la foto en la que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aparece muy sonriente tras ser detenido en Guatemala, el 15 de abril del 2017; muchas fueron las opiniones respecto a las razones de su sonrisa, justo cuando acababa de ser detenido y todo mundo suponía que le esperaban muchos años de encarcelamiento.
Hoy todo parece más claro: desde el inicio él ya tenía un acuerdo con la Procuraduría General de la República y en realidad se reía del pueblo mexicano, del que nuevamente se estaban burlando.
En primera instancia, el acuerdo incluía el que para lograr su extradición, la PGR no le incluiría todos los delitos que realmente había cometido, sino únicamente aquéllos que más le favorecían para no pasarse muchos años en prisión. Justo allí se puede encontrar la razón por la que después de oponerse a su extradición, finalmente se allanó a la misma.
El acuerdo también incluía que su juicio terminaría antes de que concluyese el mandato de Enrique Peña Nieto, precisamente para que la PGR pudiese proponer la opción del llamado "procedimiento abreviado", que le permitía a Duarte aceptar su responsabilidad y lograr que su condena se redujese a una tercera parte de la pena mínima de los delitos que se le imputaban, que en el caso en cuestión era de apenas 10 años, por lo que los nueve años a los que lo condenó el juez son en realidad casi la pena mínima.
Sin embargo, ya ha purgado un año y cinco meses de encierro, con lo cual en realidad le restan únicamente tres años y 7 meses, pues de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando cumpla la mitad de su condena podrá solicitar la libertad bajo supervisión, lo cual es casi seguro que le otorguen. La condena también incluyó la restitución del monto que le logró acreditar la PGR, que fue de mil 650 millones de pesos; y una ridícula multa de apenas 58 mil pesos.
En abril del 2017, unos días después de la detención de Duarte en Guatemala, el entonces Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, declaró a Proceso, que la dependencia que el encabezaba había presentado 52 denuncias penales ante la PGR por presuntos desvíos de 45 mil millones de pesos únicamente durante los tres primeros años de su gobierno, es decir, por los ejercicios de 2010 a 2013. Indicó que estaban a punto de concluir las últimas observaciones respecto a la cuenta pública del 2014 y que trabajarían de inmediato en la de 2015.
Únicamente en lo que la ASF denunció, había la posibilidad de acreditar 45 mil millones de pesos de desvío, sin embargo, la PGR únicamente pudo acreditar mil 650 millones de pesos, es decir, apenas el 3.66% del monto total. Sin duda, una mínima parte de lo presuntamente involucrado. Alguna de las dos dependencias hace muy mal su trabajo, pues no resulta lógico que haya tal diferencia entre lo presuntamente desviado y lo realmente demostrado. Todo indica que este fue otro de los puntos acordados: te pruebo una mínima parte de lo realmente desviado para que puedas disfrutar del resto.
Pero el acuerdo no termina allí. Ana Laura Magaloni, en un artículo publicado en el diario Reforma, se pregunta: "¿Por qué la acusación penal que formuló la PGR no contempla los delitos más visibles: enriquecimiento ilícito, fraude fiscal y peculado?". Así que otro punto del acuerdo puede haber sido el no incorporar todos los delitos para que al momento de acordar el procedimiento abreviado, los años que sumaban las penas mínimas de los delitos acumulables fuesen menos y se pudiese lograr una condena menor.
En el caso de Duarte fueron tres los puntos del acuerdo, uno de ellos con un doble impacto: imputarle menos delitos de los realmente cometidos, desde la solicitud de extradición para garantizar una pena menor; demostrar la distracción de un bajo porcentaje de los montos involucrados; y optar por el procedimiento abreviado, para lograr una disminución en la condena.
En estas condiciones la corrupción resulta un muy rentable negocio. En el muy improbable caso de ser señalado como uno de los "chivos expiatorios" que tiene que ofrendar el presidente en turno en su intento desesperado por mejorar su imagen, existe la garantía de conservar más del 90% del patrimonio distraído del presupuesto público, para asegurar un futuro de abundancia para el funcionario involucrado y su familia.
También hay que hacer otro sacrificio: pasar algunos años encarcelado, pero siempre con la certeza de que dicho período nunca será mayor a un período de gobierno, sin importar los montos involucrados. A Duarte le corresponderá pasar 4 años y seis meses en prisión, antes de solicitar la libertad provisional.
Duarte tenía muchas razones para reírse, lo que nos faltaba a los mexicanos era la información que él sí tenía. Bajo la lógica de que una parte del dinero distraído del erario fue a parar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en el 2012, los dos principales beneficiarios habían cumplido sus propósitos: uno, llegar a la Presidencia de la República; y el otro, hacerse de un inmenso patrimonio, que hubiese sido imposible de acumular en tan poco tiempo por cualquier otra vía.
Cierto la distribución de los sacrificios fue desigual; pero esa es una característica inherente al México actual y ni siquiera en este caso fue posible evitarla.
