El miércoles 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia informativa para conocer la situación general de la utilización de la fracturación hidráulica y la violación a los derechos humanos de comunidades y personas defensoras a consecuencia de esta actividad en el continente americano. Por otra parte, el fracking entrará a revisión en el Senado mexicano con posibilidad de abrir la puerta a su prohibición.
La audiencia de la CIDH responde a una solicitud realizada por 126 organizaciones de América Latina encabezadas por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF).
La audiencia se realizará en Boulder, Colorado, Estados Unidos, en el marco del 169 período ordinario de sesiones de la CIDH. En ella, personas defensoras y representantes de comunidades afectadas presentarán información detallada sobre los impactos a los derechos humanos, así como los impactos ya documentados y los riesgos potenciales derivados de las actividades de fracking en América Latina.
Las organizaciones agrupadas en la ALFF buscan proponer una serie de recomendaciones a la CIDH y a los gobiernos de la región, para garantizar los derechos humanos frente a los riesgos de este método de explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
En Latinoamérica existen cerca de 5000 pozos de fracking. En Argentina, existen aproximadamente 2000 pozos. En Chile, según datos oficiales, se ha aprobado la fracturación de 182 pozos, la mayoría en la isla de Tierra del Fuego.
En México, el número de pozos de fracking supera los 3 mil 350, aunque las organizaciones firmantes señalan que existen retos en materia de acceso a la información.
En Brasil y Colombia se han firmado contratos que permiten la exploración y explotación, y en Bolivia comenzó la prospección y estudios de muestras de yacimientos no convencionales.
Organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, firmaron en julio pasado la solicitud de audiencia a la CIDH.
Alejandra Jiménez, de Alianza Mexicana contra el Fracking, destacó que "en México, el fracking se ha realizado en la opacidad por años sin que las comunidades estuvieran al tanto del uso de la técnica en sus territorios, pero sufriendo las afectaciones al agua, los cultivos y la vida campesina y comunitaria. La contaminación del agua y el aire se está documentando en las comunidades del norte de Veracruz mientras que las autoridades siguen sin atender las preocupaciones y demandas de las personas afectadas".
Mientras en países de América Latina se promueve el fracking, otros países, estados y provincias de Europa, América y Oceanía lo han prohibido por los impactos y riesgos ambientales y para la salud que implica.
La solicitud a la CIDH destaca que "ninguno de los países donde se aplica el fracking posee un conocimiento integral de los riesgos e impactos irreversibles que puede ocasionar al ambiente y a la vida de las personas y comunidades. Sin embargo, se cuenta con sobrada evidencia científica de sus efectos negativos sobre la población, a partir de la experiencia de uso intensivo de esta técnica en Estados Unidos."
Ya en el 154° período ordinario de sesiones de la CIDH, realizado en Washington del 13 al 27 de marzo de 2015, en la audiencia sobre "Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales de México", organizaciones participantes señalaron que "la reforma energética en México supone graves afectaciones a los derechos humanos."
Según indicaron, la reforma tuvo el objetivo de eliminar la exclusividad del Estado mexicano en diversos ámbitos del sector energético, priorizando y facilitando la entrada de empresas a los territorios por encima de los derechos humanos de sus habitantes.
También señalaron que desde el proceso de presentación, discusión y aprobación de la reforma se vulneraron los derechos de acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas así como el derecho a la participación ciudadana.
Por otro lado, mostraron a la CIDH su preocupación por la explotación de hidrocarburos no convencionales en México, tales como el fracking, y sus impactos en los derechos humanos al medio ambiente sano, agua y saneamiento, salud, propiedad, y vivienda adecuada.
Este 3 de octubre, la CIDH analizará violaciones a los derechos humanos provocadas por el fracking en el continente americano.
@kardenche
