Por supuesto que decepciona que Javier Duarte haya sido condenado a sólo nueve años de cárcel por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La multa de 58,890.60 pesos parece, incluso, un insulto. Si se considera el tiempo que ya lleva en la cárcel, el ex gobernador de Veracruz podría alcanzar la libertad provisional en apenas tres años.
Duarte ha sido el rostro de la corrupción en México desde hace años. Las acusaciones por presuntos desvíos en su contra han alcanzado cifras de hasta 75 mil millones de pesos. La Procuraduría General de la República, sin embargo, solo acreditó el desvío de 1,650 millones de pesos y la propiedad por él o por prestanombres de 21 terrenos y otras 20 propiedades, que serán devueltos al erario.
Duarte consiguió la imposición de la pena mínima al declararse culpable en los términos que permite el nuevo sistema penal. Esta declaración formal, sin embargo, no quiere decir que él mismo se considere culpable. Ricardo Sánchez Reyes Retana, su abogado, ha señalado que el defendido se declaró culpable para lograr un procedimiento abreviado, sin el cual el juicio podría haberse prolongado durante años. No hay constancias en el expediente, afirma, que acrediten que "algún recurso proveniente del gobierno del estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de Duarte de Ochoa de manera ilegal".
El nuevo sistema penal acusatorio con el que se juzgó a Duarte está hecho para facilitar este resultado. El procedimiento abreviado implica un beneficio para el inculpado, al darle una sentencia más ligera, pero les ahorra a él y a la sociedad un juicio prolongado y costoso, durante el cual el acusado habría tenido que permanecer en la cárcel, aunque no hubiera sentencia definitiva en su contra. "La ley mandata beneficios -declaró el subprocurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez-y la ley no puede ser a modo."
Los casos federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, sin embargo, no son el final de los procesos contra Duarte y sus allegados. La Auditoría Superior de la Federación ha presentado un centenar de acusaciones por presunto peculado. También hay numerosas acusaciones promovidas por el actual gobierno de Veracruz, que se ventilarán en el fuero estatal.
También a Elba Esther Gordillo, recordemos, se le acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por las que quedó exonerada después de casi cinco años de proceso. La maestra, sin embargo, no enfrentó denuncias por peculado, que debió haber presentado el SNTE, mientras que Duarte sí las tiene.
Sin duda, las primeras sentencias contra Duarte tienen castigos decepcionantes, pero cuando menos el ex gobernador ya no ha quedado oficialmente impune, como tantos otros políticos. Otras acusaciones pueden llevar a castigos más severos, pero los procesos serán prolongados. Si no nos gusta este sistema, tendremos que modificar las leyes. Lo que no podemos es tener unas leyes para algunos y otras distintas para los demás.
La corrupción es una de las principales preocupaciones de nuestro país y explica en buena medida el triunfo de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. El nuevo sistema anticorrupción parece ser un avance importante para impedir casos como el de Duarte. Es importante, por lo tanto, que se complete el sistema y que se nombre al nuevo fiscal anticorrupción. Hasta ahora no ha habido prisa.
GUERREROS LIBRES
Un juez federal ha absuelto a ocho miembros de la banda Guerreros Unidos que confesaron su participación directa en la ejecución y quema de los normalistas de Ayotzinapa. La campaña del movimiento de Ayotzinapa está resultando, terrible y paradójicamente, en la liberación de los presuntos asesinos de los normalistas.
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