En la justicia transicional es “importante que no se pierdan de vista cuatro pilares: verdad, justicia para que no tengamos impunidad, las reparaciones a las víctimas y las garantías de no repetición. (EL UNIVERSAL)
Para lograr la pacificación de México no existe una guía exacta de los pasos a seguir, pero si se considera la experiencia internacional en América Latina, todos iniciaron con la instalación de una Comisión de la Verdad que conduce a una ley de amnistía, que sea un incentivo para que los delincuentes confiesen y se tenga más información de los crímenes, pero sin dejarlos en libertad, coinciden especialistas.
El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, analiza diversas modalidades de comisiones sobre casos específicos, y el primero que será el caso Ayotzinapa, "que tiene que ser ejemplar y sentar un precedente con resultados", pero se están abordando otros hechos representativos como Nochixtlán, Tlatlaya y las fosas de San Fernando, afirmó Alejandro Encinas, designado subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).
"Creo que esto va a romper mucho con la ortodoxia, pero se necesitan soluciones muy heterodoxas para enfrentar los grandes problemas que tenemos de violación a los derechos humanos. Lamentablemente el país está convertido en una gran fosa clandestina", enfatizó.
Encinas Rodríguez destacó que "las comisiones de la verdad son un primer paso para garantizar el derecho a la memoria y a la verdad de todas las víctimas y de sus familiares, pero nosotros queremos ampliar el concepto, porque creemos que no es suficiente que se conozca la verdad, sino que se aplique la justicia y se termine con la impunidad".
Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), indicó que en la justicia transicional es "importante que no se pierdan de vista cuatro pilares: verdad, justicia para que no tengamos impunidad, las reparaciones a las víctimas y las garantías de no repetición".
"Una vez que se lleva a cabo un proceso de esclarecimiento de hechos históricos hay que echar mano de las otras herramientas de la justicia de transición, que puede ser juicio a los perpetradores. Por último, cuando es el caso, a través de la verdad se llega a una serie de opciones, que son la amnistía, reducciones de pena, indultos, concesiones o incentivos para que la gente en algún momento hable", explicó Fabián Sánchez, abogado especialista en justicia de transición del ITAM.
Detalló que el proceso se lleva a cabo cuando se transita de una dictadura a la democracia o después de un conflicto, por lo que la situación de México es difícil de comparar con otros países, pero el común denominador es que todos enfrentan "problemas extraordinarios con medidas extraordinarias".
En América Latina se han implementado siete comisiones de la verdad, en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Paraguay, El Salvador y Bolivia, a las cuales se les ha llamado de diferente manera. Destaca también el caso de Sudáfrica, donde se instauró ese mecanismo al concluir el periodo conocido como Apartheid, mientras que en Europa, España propone crear una para revisar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
La ONU define la justicia transicional como "toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, sirva a la justicia y logre la reconciliación".
Alcanzar la paz "es la parte más complicada, porque vas a tener por un lado órganos como una comisión de la verdad trabajando, pero en un marco, donde en México todavía tenemos violaciones generales de garantías. No basta con conocer la verdad, sino que la información que se obtenga sirva para generar ese proceso de pacificación, de lo contrario, de nada sirve conocer la verdad sin parar el proceso de terror", afirmó Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Catalina Pérez Correa, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, indicó que el último punto puede ser una ley de amnistía que "no podría ser total, sino a quienes participen en el proceso y confiesen sus crímenes, -a ellos, dice- vamos a reducirles las penas, además, no se limpiarán sus antecedentes. Hay distintas formas de hacerlo".
Los expertos coincidieron en que el proceso será tardado, pero aseguraron que habrá resultados paulatinamente, por ejemplo, se podría conocer la verdad dos o tres años después de la implementación de la comisión, a mediano plazo habría garantías de no repetición y a largo los juicios a perpetradores.
Si se logran aplicar todas las medidas de la justicia de transición, el panorama parece prometedor: "Se tiene muy claro que países que han echado a andar estos procesos de justicia transicional, principalmente verdad y justicia, tienen una disminución de los índices de criminalidad, lo que es importante para un país como México, en el que la criminalidad va en aumento.
"Si echamos a andar el proceso a la mexicana, pero bien hecho, mirando las experiencias de otros países, vamos a tener consecuencias positivas", indicó Sánchez del ITAM.
En diversos países del mundo se han creado comisiones de la verdad con la intención de examinar violaciones graves a los derechos humanos, sufridas por la grupos vulnerables en el contexto de diferentes sistemas políticos o fenómenos sociales. Dichas comisiones han buscado esclarecer las transgresiones, definir responsabilidades y sosegar la violencia de acuerdo a cada caso particular. Presentamos algunos ejemplos.
Argentina detectó sitios clandestinos
En Argentina se creó la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas el 15 de diciembre de 1983, para investigar las desapariciones forzadas y violaciones contra los derechos humanos ocurridos entre 1976 y 1983, cometidos por la dictadura militar que había en el país. La comisión estuvo en funciones nueve meses y en septiembre de 1984 entregó el informe “Nunca Más”, en el que se determinó que había 8 mil 961 personas desaparecidas, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor, y detectó la existencia de 380 centros clandestinos.
Chile investigó dictadura de Pinochet
En Chile, el 25 de abril de 1990 se instauró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con el objetivo de esclarecer las violaciones de derechos humanos (como torturas y ejecuciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con motivos políticos) perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet. La comisión entregó su informe el 8 de febrero de 1991, en el cual indicó que durante el periodo de 1973 a 1990 hubo 3 mil 550 denuncias; 2 mil fueron víctimas.
Perú, contra movimiento armado
En Perú se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación el 4 de junio de 2001, con el objetivo de revisar las violaciones de derechos humanos durante el periodo de terrorismo entre 1980 y 2000, el cual fue perpetrado por “Sendero Luminoso” y el “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”. En su informe final, que se presentó en 2003, indicó que hubo 69 mil víctimas, 15 mil de las cuales fueron desaparición forzada. Como resultado de esa situación, en 2016 se creó la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Sudáfrica revisó abusos del Apartheid
El 26 de julio de 1995 se ordenó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para investigar las violaciones de derechos humanos durante el Apartheid, aunque se revisaron casos de 1960 a 1994. Algunos de los crímenes que se indagaron fueron matanzas por agentes del Estado, desapariciones, torturas y abusos.
La comisión presentó el informe “Truth and Reconciliation Commission of South Afrecha” el 29 de octubre de 1998, en el que se indicó que hubo 21 mil víctimas.
