Es común que ante situaciones difíciles vinculadas con el clima, como la que vive en estos momentos un amplio sector de la zona habitada de la Comarca Lagunera, se utilice el término "desastre natural", como si las afectaciones fueran causa exclusiva de la naturaleza y los fenómenos meteorológicos, y la intervención del ser humano nada hubiera tenido que ver. En esa línea de pensamiento común se tiende a normalizar el problema cuando no a trivializarlo, haciendo incluso mofa de lo que ocurre, como si fuera inevitable la desgracia y no quedara otra alternativa que reír. Pero esta postura no sólo es superficial, debido a que hay familias que la pasan bastante mal, ya sea por la pérdida de sus bienes o el riesgo de su propia vida, sino que también oculta una realidad que debe ser exhibida: la gran mayoría de los desastres o emergencias son causa de la acción u omisión humana. Basta repasar lo que ha ocurrido en estos días para constatar este hecho.
Si bien es cierto que la cantidad de lluvia que ha caído en este arranque de septiembre es extraordinaria, también lo es que cada vez que llueve con cierta copiosidad en la zona metropolitana de La Laguna el catálogo de contingencias es el mismo, aunque con una magnitud variable: colonias y comunidades inundadas, vías anegadas y bloqueadas, drenajes sanitarios colapsados, brotes de aguas negras, derrumbes de inmuebles, hundimientos en calles, pavimento destruido, entre otros daños que ponen en peligro a la ciudadanía, ya sea en su espacio privado o en el público. Y en vez de asumir como normal o burlarnos de la situación, es importante tomar con seriedad el problema y analizar las causas de lo que ocurre cada vez que el cielo bendice al semidesierto con la lluvia.
Lo primero que se puede observar es que la mayor parte de los sectores afectados son colonias o comunidades que se encuentran en una condición vulnerable, ya sea por la cercanía de afluentes o pasos naturales de agua o por la ubicación en zonas bajas sin posibilidad de desagüe. Por ejemplo, llama la atención que mientras el Centro de Torreón ha tenido afectaciones menores, el Oriente y Suroriente de la ciudad está sumido en una verdadera emergencia que ha hecho necesaria la aplicación del Plan DN-III del Ejército Mexicano para el rescate de familias damnificadas. Esto no quiere decir que el primer cuadro no se inunde, ya que hemos visto que cuando la cantidad de precipitación es vasta en poco tiempo también se registran anegamientos, pero es raro que el agua se quede estancada por horas o días, como ocurre en los otros sectores mencionados. Esto nos lleva a plantear que la gestión de gobiernos locales y estatales anteriores falló al permitir el desarrollo de zonas habitacionales y/o la invasión de predios con esos fines en sectores propensos a inundación sin tomar las precauciones necesarias. ¿Negligencia? ¿Corrupción?
Otro de los aspectos evidentes es que todas las administraciones locales y estatales hasta ahora han evadido afrontar el problema de las inundaciones de manera contundente. Aunque se han hecho obras para desaguar algunos sectores, las zonas de crecimiento reciente del área conurbada carecen en general de un sistema de drenaje pluvial integral y eficiente. Es verdad que contar con una obra así no eliminaría por completo el riesgo de anegamientos, pero sí agilizaría el flujo del agua de lluvia y evitaría la acumulación que hoy suele durar días en esos puntos. El planteamiento central es por qué las autoridades no han hecho de este proyecto un asunto prioritario, lo cual no quiere decir tampoco dejar de hacer otras obras, pero sí destinar los recursos suficientes para llevar a cabo un plan que a mediano plazo aminore el problema. Una respuesta puede ser que el costo de realizar un proyecto así es muy alto, dadas las condiciones del deficiente desarrollo urbano; pero es más alto el costo que se paga cuando se viven estas emergencias, ya que hay familias que pierden todo su patrimonio, a lo que hay que sumar los daños en la infraestructura pública.
También este tipo de contingencias ponen en evidencia la mala calidad de algunas obras, como la repavimentación de vías, la reparación de drenajes sanitarios, el rellenado y la compactación de zanjas, entre otras, las cuales suelen incrementar los peligros para la ciudadanía. Y en este sentido, también es común que ninguna autoridad se haga responsable por los daños que sufren los ciudadanos en su patrimonio producto, por ejemplo, de los hundimientos en las calles, los baches y las propias inundaciones. Al final lo que se percibe es una deficiente gestión gubernamental con una participación ciudadana muy acotada y una escasa, por no decir nula, rendición de cuentas. Porque esto tiene que ver con las decisiones que se toman en los ámbitos municipales, estatales y el federal a la hora de armar y ejercer los presupuestos y de comprobar su adecuada aplicación, así como de supervisar el crecimiento de las zonas urbanas para que se dé con orden y previsión. Lo que hoy ocurre en la región debe ayudarnos a evitar repetir los errores del pasado y comenzar a corregir lo que se tenga que corregir.
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