La agonizante administración federal de Enrique Peña Nieto puede ser evaluada a partir de tres indicadores: lo que se propuso lograr, lo que pretendió cambiar y lo que no quiso enfrentar. Dentro del primero están las reformas estructurales y los proyectos de infraestructura; en lo segundo, la violencia, y en lo tercero, la corrupción. El sexto y último informe del presidente de la República refleja muy bien esta realidad, con un discurso profuso en lo que tiene que ver con los cambios constitucionales y legales, una tímida mención al problema de la inseguridad y una total omisión al flagelo de la corrupción.
El primer tercio del sexenio transcurrió de forma inusitadamente tranquila y hasta puede decirse exitosa. El Pacto por México, acuerdo entre las entonces principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, le permitió a Peña Nieto sacar adelante el paquete de reformas estructurales para modernizar el marco normativo en materia de energía, economía, educación, fisco, telecomunicaciones, trabajo, sistema penal, etc. Si bien consiguió poner en marcha todos los cambios, la aplicación de los mismos fue muy cuestionada, sobre todo porque las expectativas de resultados, generadas por una mala estrategia de comunicación oficial, no se cumplieron.
Algo parecido ocurrió con el plan nacional de infraestructura, con el cual se pretendía dotar al país de la obras necesarias en materia de transporte, comunicaciones y energía, principalmente, para potenciar el crecimiento que las reformas supuestamente iban a dar. Al final, un escaso porcentaje de los proyectos incluidos en el plan pudieron concretarse, debido a que varios fueron cancelados y otros quedaron inconclusos.
Desde le arranque de la administración, el gobierno federal se empeñó a sacar el tema de la inseguridad, dominante en el sexenio de Felipe Calderón, del primer lugar de la agenda pública. Y aunque lo logró, relativamente, la realidad terminó por imponerse. El PRI fue uno de los más críticos con la estrategia del expresidente Calderón de meter al Ejército y la Marina en la lucha contra la inseguridad, pero ya en el gobierno, el presidente Peña Nieto terminó replicando la medida con resultados aún peores. Hoy la violencia es peor que hace seis años.
Poco después de su triunfo electoral en julio de 2012, el movimiento Yo Soy 132 y los cuestionamientos respecto a transparencia y rendición de cuentas en su gestión al frente del Estado de México, obligaron a Peña Nieto a incorporar a su agenda el tema del combate a la corrupción. Pero pocos avances hubo en los primeros años y no fue sino hasta que estalló el escándalo de la casa blanca, entre otros, que la Presidencia de la República comenzó a mostrar interés en escuchar a las voces de la sociedad civil. Al final se aprobó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que a la fecha resulta aún inoperante, puesto que las figuras principales del modelo no han sido puestas en funcionamiento.
El saldo de la administración de Peña Nieto no es completamente negro, pero su gobierno dio desde muy pronto visos de desgaste, quizá producto de sus propios éxitos iniciales, y la caída del proceso contra la exlíder sindical Elba Esther Gordillo, la violencia imparable, el crecimiento de la deuda y la falta de una política firme frente al gobierno de Estados Unidos terminan por oscurecer el epílogo de este sexenio.
